Manini, ¿víctima o victimario?
Por Elena Grauert
En el expediente de Gavazzo hubo omisiones del Poder Ejecutivo
El pedido de procesamiento del General Manini como único imputado luego de la denuncia periodística de Leonardo Haberkorn, que dio a conocimiento la resolución del Tribunal de Honor, sobre la confesión de Nino Gavazzo en referencia a la desaparición de Roberto Gomenzoro, pone nuevamente en jaque a la Fiscalía y su real autonomía, frente al poder político. El diseño institucional de descentralización dispuesto por la ley 19483 del 5 de enero de 2017 y el nuevo sistema del proceso penal, hacen que el modelo institucional y la forma de gobernanza, no ofrezca suficientes garantías frente a temas de connotaciones políticas.
Cuando se tratan asuntos de un alto nivel de politización, lleva a que la mayoría de la ciudadanía tienda un manto de dudas en cuanto a la objetividad y justicia con que se ha actuado por parte de la fiscalía.
Se han hecho muchas conjeturas y ha quedado más que demostrado que no hay un solo responsable y que la presidencia fue informada con bastante antelación sobre el asunto. El 15 de setiembre de 2018, es la fecha del fallo, en tanto que el ex Ministro de Defensa dice haber tomado conocimiento el 18 se febrero del corriente y al día siguiente informó al Presidente y Secretario de Presidencia. A lo que se agrega que la homologación del fallo, que significa tomar conocimiento y compartir el mismo, fue el 12 de marzo, prácticamente al mes de haber informado el Ministro. Hasta ese momento no pasó absolutamente nada y todo según el Poder Ejecutivo era “¿legal?”
Pero la prensa el 20 de marzo, 8 días después que se realiza la homologación , informa sobre los hechos y fue recién ahí que comienza el andamiaje administrativo y penal, que llevan a que 40 días después de tener conocimiento se haga la denuncia, intentando justificar la demora por la gran cantidad de documentación, hecho que desmiente el periodista Leonardo Haberkorn, al decir en el programa periodístico “Séptimo día” que demoró unas horas en leer la documentación e interiorizarse del fallo.
Lo cierto es que nadie cree en las conclusiones a las que arribó el fiscal y está claro que hubo intereses que llevaron a homologar un fallo, pese a que, desde el vamos, surgía con claridad el delito de desaparición forzada de Roberto Gomensoro.
¿Porque la Presidencia homologa el fallo? Es lo que no se explica. El Presidente Jorge Batlle y el Ministro de Defensa Yamandú Fau, se negaron a homologar un fallo del Tribunal de Honor, contradiciendo en ese momento al Comandante en Jefe General Pomoli, en virtud de que entendieron que Gavazzo en esa oportunidad había cometido un delito, por lo que existían antecedentes de rechazo a la homologación si no correspondía. Porqué Presidencia, ocultó y homologó lo resuelto por el Tribunal, es una pregunta importantísima, que hasta el momento no ha tenido respuesta.
En la acusación del Fiscal a Manini no hay ninguna referencia al ese tema.
Lo que todo este caso nos lleva a replantearnos es, entre otras cosas, el tema de la gobernanza y diseño institucional de la fiscalía, ya que, dado el tremendo poder que la misma tiene, debería ser un órgano independiente al igual que la justicia, y no estar tan subordinado a los órganos políticos como el Poder Ejecutivo. La Fiscalía General, debería estar dirigida por un órgano colegiado, cuyos miembros sean nombrados por su notoria competencia, de una forma similar al comisionado de cárceles, lo cual le daría mayor autonomía y fortaleza, al momento de enfrentarse con los demás poderes del Estado.
En el caso particular el Juez puede formalizar la investigación conforme a lo solicitado por el fiscal Morosoli o denegarla, también se podría por parte de la defensa pedir la ampliación de los sujetos imputados, lo que llevaría a una nueva audiencia, pero sin duda el fiscal con su acusación cristalizó una situación sumamente complicada donde la justicia tiene poco margen, ya que admite o rechaza la imputación, no siendo la misma quien tiene el resorte de ampliar la investigación.
Manini claramente no es el único responsable, no se explica cómo alguien que fue hombre de confianza del gobierno, termina siendo inculpado, por un asunto que el propio gobierno acompaña y homologa. Todos estos acontecimientos tienen una incidencia enorme al ser promovidos contra un candidato a Presidente de un partido, previo a las elecciones, lo que pone en duda todo el procedimiento en cuanto a la forma de actuar, con actores políticos del propio partido de gobierno que salen a criticar como Michelini y Mujica, al fallo del fiscal.
Sin adelantar intencionalidades, desvíos o negligencias, lo que queda clarísimo es la debilidad institucional de la Fiscalía, frente a casos que tienen incidencia política, pero además donde son muchas más las preguntas que las certezas y donde los nexos causales distan mucho de la lógica y causalidad necesaria, que deben tener los fallos o acusaciones conforme al deber de servicio de los funcionarios públicos y la conmoción y relevancia democrática que tienen los mismos.
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