El Frente Amplio, que en marzo reclamaba una "cuarentena general obligatoria" -únicamente posible bajo medidas prontas de seguridad- y hace unas pocas semanas "medidas urgentes", decidió finalizar el año como lo comenzó: diciendo que no. Su insólita decisión de no apoyar la reglamentación del artículo 38 de la Constitución de la República -que busca contener las aglomeraciones- enfrenta, divide y, peor aún, envía señales contradictorias en un contexto de incertidumbre. Una actitud mezquina y electoralista que sólo se puede entender bajo la máxima tupamara de "cuanto peor, mejor".

El miércoles 16, luego de la conferencia de prensa en la que el Presidente Lacalle Pou anunció las nuevas medidas para contrarrestar el avance del covid-19 en nuestro país, nada parecía indicar que la oposición se opondría a las mismas. Esa misma noche, la Ing. Cosse, que ocupa el cargo más relevante que ostenta su partido, aseguró en su cuenta oficial de twitter: "Total apoyo a las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo. En el día de mañana en el Congreso de Intendentes coordinaremos la aplicación de estas y otras medidas. Vamos a salir. Cuidarnos para volver".

El proyecto de reglamentación del artículo 38 de la Constitución de la República -que ahora es ley- se conoció al día siguiente, previo a su votación en el Parlamento. El texto permite suspender por 60 días "las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario". Según se explicita en su artículo 1, se entiende por aglomeración "la concentración, permanencia o circulación de personas" en las que "no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales".

Cuando esto suceda, continúa el artículo 2, el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios competentes y los Gobiernos Departamentales, podrá "disponer el cese de aglomeraciones de personas que generan un notorio riesgo sanitario". Dicha facultad, se aclara en el mismo artículo, "deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios".

Finalmente, respecto a esta medida en particular, el artículo 3 asegura que quien "infrinja las disposiciones" antes mencionadas, "será advertido por la autoridad competente a desistir su actitud". En caso de no hacerlo, "el Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones", tales como "el apercibimiento, la observación y multas".

Como el lector podrá advertir, independientemente de sus preferencias partidarias, estamos frente a una ley razonable, medida y cuidadosa de la libertad. Es específica, no da lugar a la arbitrariedad y responde a la situación que actualmente atraviesa nuestro país.

Sin embargo, previo a su votación en el Parlamento, el Frente Amplio descartó los mensajes de unidad que habían hecho alguno de sus dirigentes más connotados e hizo suya la posición que el Diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, expresó antes de ingresar al Parlamento. Núñez, ferviente defensor de las dictaduras venezolana y cubana y quien había solicitado en marzo "declarar la cuarentena total", aseguró en redes sociales: "No tengo dudas, hay que votar en contra de la limitación del derecho a reunión. Es una puerta abierta muy peligrosa para la democracia".

Las advertencias de "peligrosidad" expresadas por Núñez anticipaban la votación negativa del Frente Amplio. No obstante, nuevamente, nada parecía indicar que la bancada de la oposición, que se suponía no estaba de acuerdo en limitar el derecho a reunión, presentara una propuesta alternativa idéntica a la del gobierno. Dice el proyecto presentado por el Frente Amplio en su artículo 3: "Por un plazo de 30 días contados a partir de la promulgación de la presente ley, no se permitirán aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social y la utilización de los elementos de protección personal que disponga el Ministerio de Salud Pública".

Las explicaciones esgrimidas por los legisladores frenteamplistas fueron tan absurdas como el relato que pretenden instalar. Tanto los senadores como los diputados argumentaron que su propuesta de reglamentar el artículo 44 de la Constitución de la República -que mandata al Estado a legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas- brinda mayores "garantías" porque únicamente el cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública podría disolver una aglomeración.

En pocas palabras, el Frente Amplio pretendía restringir el "derecho a reunión" sin reglamentar el artículo especifico de la Constitución de la República y dejando todo en manos del reducido cuerpo de inspectores del Ministerio de Salud Pública. La propuesta es igual de descabellada que la crítica. Según los dirigentes frenteamplistas, restringir el derecho a reunión de la forma en la que lo hace el Ejecutivo es "afectar" la democracia y de su forma es "garantista".

El nivel de deslealtad con el que el Frente Amplio manejó el asunto fue tal que el Diputado mujiquista Daniel Caggiani escribió en sus redes sociales luego de la sesión parlamentaria: "Día muy triste para nuestra Democracia. Todos los Senadores de la Coalición levantaron sus manos para limitar nuestras libertades. Por primera vez en la historia, al galope, se restringe temporalmente el Derecho de reunión en el país. Lo urgente es la gente."

Quizá sea mucho pedirles lealtad, pero al menos podrían ser coherentes. Como hemos recordado en otras ediciones -e increíblemente sigue siendo necesario hacerlo-, los mismos que hoy levantan la supuesta bandera de la libertad, fueron lo que en marzo solicitaron una "cuarentena general obligatoria". Organizaron un "caceroleo" y un "apagón" en contra de un gobierno que se estrenaba en tan difíciles circunstancias. No contentos con ello, mandataron a sus directores de salud pública a renunciar y se opusieron, en conjunto con los gremios de la educación, a la presencialidad en las Escuelas Rurales.

Cuando los resultados indicaron que el gobierno había escogido el camino correcto y las encuestas de opinión lo refrendaron, reconocieron a regañadientes algunos de los logros del gobierno en el ámbito sanitario, no sin antes poner en duda las cifras oficiales y montar un registro paralelo que abandonaron rápidamente.

Cuando la creatividad se les acabó, echaron mano a la vieja consigna del "Estado ausente" y con ella emergió, primero, la solicitud de una renta universal -que siguen manteniendo-, y luego, las "brillantes ideas" de impedir los despidos, endeudar al país y hasta utilizar las reservas del Banco Central. En paralelo, comenzaron las movilizaciones y los reclamos, con la Ley de Urgente Consideración y el Presupuesto como excusa.

Durante seis meses la pandemia desapareció para el Frente Amplio y sus aliados. El Pit-Cnt, con el apoyo de la "Intersocial", organizó un sinfín de paros y movilizaciones. Se aglomeraron frente a la Torre Ejecutiva, marcharon hacia el Palacio Legislativo, se concentraron bajo falsas consignas durante semanas; nada parecía importarles.

Los resultados electorales de septiembre confirmaron el buen desempeño del gobierno en el manejo de la pandemia. No obstante, pese al semejante espaldarazo ciudadano, la actitud de la oposición no cambió. Continuaron movilizándose de forma irresponsable y cuando la Policía se vio obligada a actuar agitaron los fantasmas de la "represión" y solicitaron un "marco claro" para la su actuación en la dispersión de aglomeraciones.

Cuando la situación comenzó a agravarse, algunos de sus dirigentes pretendieron sembrar dudas sobre los asesores científicos honorarios, mientras que otros solicitaban "medidas urgentes" -evitando referirse a la cuarentena general por obvias razones- y acusaban al gobierno de una supuesta "lentitud" a la hora de tomar decisiones.

Las medidas llegaron y la respuesta fue la misma que en marzo: ¡no!, siempre dicen no. Hubiésemos deseado que el último editorial del año llevara como título "Todos juntos"; lamentablemente, el Frente Amplio no lo hizo posible.