Los ataques a la libertad de prensa
Por Luis Hierro López
El gobierno reacciona con peligroso espíritu autoritario contra la prensa, no solo atacándola, sino tratando de sujetarla. La creación del Consejo de Comunicación Audiovisual sin haber logrado un acuerdo con la oposición y la abusiva propaganda oficial son señales preocupantes para la salud de la República.
Los ataques a la prensa, responsabilizándola de la violencia en la sociedad o de atentar contra “los derechos humanos” por hacer denuncias sobre la corrupción, son signos de autoritarismo más que expresiones del mal humor con que los gobernantes suelen aparecer últimamente ante los medios.
El Presidente Vázquez dio una conferencia en la Masonería y aunque dijo que no quería culpar a la prensa, terminó haciéndolo en una pirueta retórica que no fue casual, ya que leyó un texto en el que sostuvo que “el bombardeo de imágenes, escenas, alusiones e informaciones que recibimos día a día desde los medios de comunicación masiva es terrible, por no decir obsceno y contribuye a generar inseguridad y, seguramente, más violencia”.
De similar origen fue la agresión del presidente de la coalición gobernante, Javier Miranda, quien hizo de Torquemada frente a las cámaras televisivas, mostrando con un dedo acusatorio un ejemplar del diario El Observador, uno de cuyos títulos supuso una “información totalmente manipulada y es violatorio de los derechos humanos. Va en contra del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que hay derecho a la libertad de expresión sin censura previa pero que los receptores de la información tenemos el derecho de que la información sea fidedigna”. El título refirió a un estudio técnico y fue objetivo, pero seguramente no le gustó al oficialismo, porque daba cuenta de que un 40% de los hogares está en riesgo de caer en la pobreza. Del disgusto al extremismo hay bastante distancia, pero Miranda dio ese salto con rapidez y tremendismo, sosteniendo que el diario atentó contra los derechos humanos. Nada menos.
También le molestó al presidente del Frente Amplio que, con motivo de las grabaciones entre dirigentes de fútbol, la prensa hubiera indicado que el subsecretario de Interior, el señor Jorge Vázquez, era uno de los acusados. Pues bien, eso no fue un invento de la prensa, que se limitó otra vez a reflejar la realidad.
Para colmo y en uso y abuso de la ley de medios, el Poder Ejecutivo nos inunda con su publicidad y propaganda, hasta hace poco orientada a resaltar los éxitos imaginarios del plan de cuidados y ahora haciéndonos creer que el testimonio de una joven que fue a vivir a Villa Serrana y que allí encontró su destino amistoso y bucólico, mejorará la convivencia pacífica y civilizada. Podrían dedicarse esos minutos para cumplir con otra ley, vigente pero desconocida, que obliga al gobierno a hacer campañas para advertir sobre los riesgos para la salud que apareja el consumo de marihuana.
Pero el asunto no queda en estos excesos. La creación del Consejo de Comunicación Audiovisual en la Rendición de Cuentas, sin que el oficialismo haya intentado un acuerdo con la oposición, da muestras de la clara intención del gobierno de contar con un instrumento de control e intimidación. El Consejo estará integrado por cinco personas y en calidad de cargos de confianza, por lo que son removibles. Una de ellas será designada por el Presidente de la República y las otras cuatro por mayoría simple del Parlamento, por lo que el oficialismo tendrá la exclusividad en la nominación de los integrantes de un organismo que tendrá amplios poderes para controlar los contenidos que emitan los canales y las radios, que podrán ser apercibidos y sancionados si se incumplen algunos parámetros, los que, si bien son fijados por la ley de medios, serán aplicados por el Consejo, políticamente dependiente del Poder Ejecutivo. Se instala un mecanismo de censura y coacción, como en la Dictadura, con la diferencia de que ahora hay una ley que ampara los procedimientos liberticidas, pero la esencia es la misma.
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