"Lo que empieza bien, termina bien", proclamaba un exultante Danilo Astori cuando firmaba el contrato de asociación de la deficitaria PLUNA estatal con los Campiani, el 12 de febrero de 2007. 13 años después, el Estado uruguayo enfrenta una demanda de 800 millones de dólares por el caso PLUNA.

Todo empezó en 2018. La empresa panameña Caballero Verde adquirió las acciones del consorcio Latin American Regional Aviation Holding Corp (LARAH), a través del cual Leadgate (o sea, Campiani) había comprado las acciones de PLUNA S. A. y que había sido una de las empresas accionistas del mismo. Caballero Verde entendió que el cierre de PLUNA S. A. por parte del gobierno de Mujica había supuesto una expropiación y, a través de LARAH, envió una carta al gobierno uruguayo señalando que esa expropiación había sido dispuesta en violación del derecho internacional, amparándose en el Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Panamá.

El reclamo de LARAH-Caballero Verde se vio reforzado por el fallo judicial de 2016 que estableció que los ejecutivos de Leadgate no habían sido responsables de la quiebra de la aerolínea uruguaya.

A partir de allí se inició un proceso de negociación que, al fracasar, produjo que la demanda se presentara en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, y que ésta se cuantificara en U$S 800 millones. Ese monto surge del valor proyectado que tendría hoy PLUNA S. A. y el valor de los aviones Bombardier de la aerolínea, subastados en su momento en el concurso de acreedores.

"Uruguay asfixió operativa y financieramente a Pluna", afirma la demanda de LARAH contra el Estado uruguayo, subrayando que "este caso se trata sobre la destrucción por Uruguay de Pluna Líneas Aéreas Uruguayas, una aerolínea pujante y en expansión que Larah y su ejecutivos habían logrado transformar exitosamente con mucho trabajo e importantes inversiones". La demanda incluye un informe pericial con la supuesta valuación de daños.

"Con total desprecio por el estado de derecho, Uruguay no solo expropió la inversión de LARAH en Pluna, sino que llegó incluso a encarcelar a su ejecutivos sin juicio previo, violando a sabiendas tratados internacionales en materia de derechos humanos", agrega la demanda.

En mayo el Estado uruguayo debe presentar su respuesta ante el CIADI.

Todos esperamos que la demanda se frustre, pero lo que está claro que aquello no empezó bien y, siguiendo el pensamiento mágico del Cr. Astori, entonces solo con mucha suerte terminará bien.

No podía empezar bien cuando durante el primer gobierno del Frente Amplio, de la mano del broker Paul Elberse (el mismo al que había tenido que echar a patadas el entonces Ministro Alfie de la dirección del entonces Nuevo Banco Comercial por cobrar el escandaloso sueldo de U$S 50 mil mensuales en un banco armado con los pedazos de los bancos que habían dado quiebra con la crisis de 2002), llegó Leadgate, sin experiencia alguna en gerenciar aerolíneas, y se le entregó Pluna. El holandés Paul Elberse salió beneficiado con la zona franca ubicada junto a la Torre de las Telecomunicaciones, seguramente por los importantes servicios prestados al Uruguay.

Así las cosas, Uruguay se ve enfrentado a un juicio por el equivalente al agujero que dejó Sendic en ANCAP y que si tuviera la mala fortuna de perderlo, se sumará a la retahíla de presentes griegos que el Frente Amplio le dejó al actual gobierno y, en definitiva y más importante, al país. ¡Y después reclaman porque el gobierno no gasta más!