Las "asignaciones"
Por Julio María Sanguinetti
 Si el Estado baja los brazos y se desvincula de su potestad tuitiva de los menores, estará renunciando a procurar que los padres hagan un ejercicio responsable de su patria potestad.
El régimen de asignaciones familiares nació en 1943, junto a la creación de los Consejos de Salarios. Fue durante el gobierno progresista del Dr. Juan José Amézaga, en que se produjeron importantes avances sociales, en el contexto de aquel particular tiempo histórico marcado por la 2ª Guerra Mundial. Luis Batlle fue el presidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años del período, don Tomás Berreta Ministro de Obras Públicas y el Dr. Eduardo Rodríguez Larreta Canciller, porque integraron el gabinete los blancos independientes, enfrentados al Herrerismo desde la época de Terra.
La idea fundamental de la asignación era contribuir al desarrollo familiar y a la educación de los hijos. La asignación se concebía como un derecho de los niños, administrada por los padres pero establecida en su exclusivo beneficio. Por eso se vinculó desde el inicio a la educación: percibir la contribución conllevaba el deber de enviar los niños a la escuela y al liceo.
El sistema se manejaba a través de cajas especiales, de integración tripartita (patrones, trabajadores, Estado), vinculadas todas ellas a un consejo central. Instituciones muy de la época, fueron modificándose y terminaron burocratizándose, para finalmente integrarse al Banco de Previsión Social cuando ésta centralizó los diversos servicios.
Así nació entonces, de la mano del Batllismo, la primera “prestación no contributiva”, para utilizar la jerga contemporánea. Su desarrollo sin duda fue muy exitoso. Se transformó en una sana tradición, con una participación muy efectiva de las instituciones educativas. Así ha funcionado hasta ahora, en que se ha puesto en debate luego que el Banco de Previsión Social —computadoras mediante— suspendió miles de prestaciones por incumplimiento de la obligación educativa. La experiencia de estos años muestra que, ante la suspensión, muchos reaccionan y presentan el certificado de estudios, tal como lo explicó claramente el consejero de Primaria Héctor Florit, quien señalara que la retención del pago en 2016 tuvo como consecuencia un 30% de reintegro escolar.
Hace ya un buen tiempo, el MIDES viene sosteniendo que la prestación no debiera tener la contrapartida exigida, por cuanto se trata simplemente de un derecho y que éste no debería suspenderse, ya que la situación del menor será aun peor.
Ante todo, cabe decir que la educación, como lo ha recordado el Prof. Robert Silva, representante de los docentes en el Codicen, “siempre fue un derecho y un deber”, o sea que la contrapartida de obligación emana de la ley. La enseñanza es “obligatoria” desde los tiempos de José Pedro Varela y así lo ha asumido la sociedad uruguaya. No es aceptable desligarse por sí y ante sí de esa responsabilidad.
Vincular la contraprestación económica con ese deber es un modo de ejercer una función tuitiva en beneficio del menor involucrado. Si el Estado baja los brazos y se desentiende, está renunciando a una obligada pedagogía cívica, a recordar una obligación legal, a procurar que los padres ejerzan con responsabilidad su patria potestad. No es verdad que el menor estará peor, porque padres irresponsables es evidente que no emplean la asignación en beneficio de sus hijos, a quienes ni siquiera intentan educar. El menor, desgraciadamente, estará igualmente mal, pero la instancia de suspender el beneficio y procurar la revinculación, es un intento plausible de mejorar su situación. Lo menos que puede hacer un Estado socialmente responsable.
La propuesta del MIDES se inscribe en la filosofía frenteamplista de igualar hacia abajo, diluir responsabilidades y exonerar a los atributarios de la asignación aun de la más elemental de sus obligaciones, como es la de educar a los hijos, que son los verdaderos beneficiarios. Por esa vía es que los regímenes de inspiración marxista terminaron hundidos en la mediocridad, la improductividad y el atraso. El Uruguay ha sido y es otra cosa. Y debe seguir siéndolo.
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