La transparencia que brilla por su ausencia (continúa...)

Una nueva empresa que participó en el proceso licitatorio de las "luminarias millonarias" que inició el actual candidato frenteamplista, Daniel Martínez, objetó la compra debido a la presentación de un "nuevo certificado falso" por parte de la empresa a la que la Intendencia terminó adjudicándole la obra -de US$ 21,5 millones- de forma directa pese a las advertencias del Tribunal de Cuentas de la República.

La historia de las luminarias millonarias comenzó en noviembre de 2019 cuando la Intendencia de Montevideo adjudicó la compra a la empresa Prodie. Tres meses después, en febrero del presente año, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el gasto y el Intendente Di Candia decidió revocar la licitación.

De acuerdo al fallo del Tribunal de febrero que publicó El País, el gasto fue observado producto de que "no se trató por igual a las empresas oferentes, pues habiendo radicado la administración denuncias penales cercanas en el tiempo contra las mismas, en un caso se descarta a un oferente por carecer de confianza para contratar y en el otro se le adjudica la contratación".

Entre otras cosas, el fallo del Tribunal se basa en la propia denuncia que, cinco meses antes de la adjudicación, el propio Director de Jurídica de la Intendencia, Ernesto Beltrame, había resuelto hacer ante la Fiscalía General de la Nación por hechos que podrían tener el carácter de "delictivos" en el llamado a licitación: "certificados falsos".

No obstante, a fines de mayo de 2020, el Intendente Di Candia decidió contradecirse y volver a aceptar la oferta de Prodie. Un mes después, en una resolución del 24 de junio de 2020, el Tribunal de Cuentas volvió a rechazar la compra. Según los detalles a los que accedió El País en su momento, el organismo argumentó que "se retrocedió" en el procedimiento de contratación, al volver la IMM a analizar las ofertas para la compra de las 70.000 luminarias.

No obstante, el pasado miércoles 29 de julio, la multinacional Teslights, propiedad de tres emprendedores uruguayos, objetó el proceder de la Intendencia de Montevideo. Fernando Cancela, uno de los dueños de la empresa, aseguró a El País: "en la tercera licitación, que en realidad es una compra directa por excepción, hay nuevamente un certificado falso presentado por Prodie, que las empresas no pudieron recurrir porque cuando se descubrió, ya estaban fuera de plazo".

"Cuando uno falsea un certificado es porque no logra llegar a los parámetros exigidos", continuó. Cancela aclaró que la propuesta de su empresa no tuvo ningún tipo de observación en la parte técnica. "Nos remitimos al certificado de UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas): puntuamos primeros en las tres licitaciones. Somos la única empresa que tiene el certificado de UNIT sin observaciones", subrayó.

Además, los empresarios se mostraron sorprendidos por los argumentos utilizados por Di Candia para justificar su decisión: "los tiempos". "Lo que más nos llamó la atención es que el intendente dijo en VTV que de esta forma las luminarias pueden estar instaladas en un mes, cuando el pliego condiciona los tiempos a la fabricación, a la inspección de la Intendencia de la fabricación en sí y al envío", aseguró Cancela.

Pablo Shoenig, otro de los socios de la empresa uruguaya, fue más allá: "O el intendente de Montevideo habla sin saber, lo cual lo desacredita enormemente, o está sabiendo algo que es más grave. Él no puede decir que en un mes está colocando las luminarias".

Finalmente, Schoenig también se mostró molesto por la forma en que procedió la comuna: "El intendente dijo en un programa que una denuncia penal le puede llevar diez años y que ellos no pueden estar diez años para cambiar una luz. Eso es medio vidrioso, porque cuando hay un cuestionamiento hacia una empresa del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), lo que se hace es una denuncia administrativa".

De acuerdo al empresario, "la Intendencia optó por la denuncia penal contra Prodie, pero el camino que imposibilitaría participar en cualquier licitación del Estado es la denuncia administrativa. Una empresa con una mancha en el RUPE no le vende a más nadie". Según él, a diferencia de los fallos del TCR, que no son vinculantes, una resolución del RUPE debe ser acatada por la Intendencia.

"Estoy totalmente de acuerdo con que no pueden esperar la denuncia penal. Pero: ¿por qué no ingresaron una denuncia administrativa también?", se cuestionó Schoenig.

En definitiva, como sostuvimos en una nota anterior, no sabemos si las luminarias millonarias de Di Candia y Martínez brillarán alguna vez, pero lo que si brilla por su ausencia es la transparencia del Frente Amplio en la utilización de los dineros públicos.




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