La sociedad pide seguridad

Por Ruth Furtenbach

La principal preocupación de la población de nuestro país desde hace un tiempo es la seguridad pública, según lo vienen expresando los resultados de las encuestas de las distintas consultoras. El último estudio de la firma Equipos Consultores, muestra que el 58% de los ciudadanos percibe la inseguridad como el principal problema de Uruguay.

Esto se vio reflejado también en las urnas, cuando el pasado 30 de junio, en ocasión de las elecciones internas de los partidos políticos, Manini Ríos, quien promete “terminar con la inseguridad en pocos meses” y fundador del novel partido “Cabildo Abierto”, obtuvo una sorprendente votación.

También ganó muchas adhesiones el ex Fiscal Penal Gustavo Zubía, quien se incorporó recientemente a nuestro Partido Colorado y terminó apoyando la precandidatura del Dr. Sanguinetti a los efectos de “aportar en temas de seguridad”.

Zubía no es partidario de aumentar la represión del Estado sino de “hacer cumplir las leyes”. Dice que algunos suelen relacionarlo con ideas que no comparte, como la pena de muerte y la cadena perpetua. Expresa que el nuevo Código del Proceso Penal necesita modificaciones, que hay que modificar la legislación de las sanciones para los menores infractores, las libertades vigiladas y las cárceles.  Pretende que la policía pueda actuar con otro potencial, pero destaca que eso no quiere decir “gatillo fácil”. Señala que tenemos un gran problema en el país, ya que “la tasa de homicidios es de 11,8% y eso se trata de una epidemia que se tiene que mejorar”. (Ecos Uruguay, 9/5/2019)

Muchos señalan el año 2018 como el “annus horribilis” en materia de seguridad pública. No solo la tasa de homicidios trepó a guarismos inéditos para nuestro país, sino que también se registró el incremento de otros delitos graves como la rapiña, que alcanzó índices nunca antes observados.

No obstante, en el corriente año la situación no ha cambiado, sino que sigue agravándose, siendo víctimas de un asalto violento en un restaurante de Montevideo hasta los observadores extranjeros que llegaron para las elecciones internas. Seis encapuchados a mano armada los amenazaron de muerte y les robaron todo, protagonizando ante estos visitantes una lamentable situación sin precedentes en nuestro país. (El País, 29/7/2019).

También en respuesta a esta triste y preocupante realidad, la iniciativa del Senador nacionalista Jorge Larrañaga, de someter a plebiscito una reforma constitucional que habilite la creación de una Guardia Nacional en la órbita del Ministerio de Defensa con cometidos policiales, permita el allanamiento nocturno con orden judicial y establezca la cadena perpetua revisable, recogió una avasallante voluntad popular que superó las 400 mil firmas. Según un sondeo de opinión reciente, la aprobación de este proyecto que será sometido a votación en octubre rondaría el 64%. (Diario El Pais, 1/7/2019)

Sobre esta iniciativa, Zubía manifestó que entiende la desesperación de la gente, pero que no la comparte, ya que si la “aplicación de la ley fuera razonable no se llegaría a este punto. Se necesitan sanciones penales racionales y que se cumplan” (…). En el mismo sentido, Sanguinetti expresó en varios medios que no firmó la iniciativa porque considera que hay aspectos que no deberían estar en la Constitución de la República. Aunque dijo que aplaude la intención del doctor Larrañaga, sobre todo porque se da mediante una respuesta democrática.

Por su parte, el reciente electo candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, si bien manifestó que en materia de seguridad no comparte ir “por la línea de la mano dura”, reconoce que la misma “satisface la indignación de la gente, comprensible indignación” y dice que “en esto vamos a tener que ser muy inteligentes”. (180.com.uy. 6/5/2019).

Vemos que la seguridad pública es hoy una de las principales preocupaciones de los uruguayos y ocupa por ende un lugar central en el debate político.

El accionar del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Frente Amplio, estuvo signado casi exclusivamente por una ideología que considera que el delito es consecuencia de la exclusión social y la pobreza generados por el sistema capitalista. Consecuentemente, la atención se focalizó en la mejora de dichas variables para combatir la delincuencia, lo que constituyó un reverendo fracaso. Más allá de los eventuales resultados económicos, año tras año, el Uruguay viene sufriendo un paulatino deterioro de su calidad de vida como consecuencia del aumento de la inseguridad, tanto desde el punto de vista objetivo, en cuanto al incremento sustancial de los delitos más violentos con relación a personas y bienes; como subjetivo, en relación al aumento de la sensación de peligro y miedo. No es solo un problema de “sensación térmica”, como suele aludir el gobierno a este último elemento, sino de “temperatura”, cuyo termómetro pareciera no tener límite.

Se avizora que desde la oposición existe consenso en cuanto a la necesidad de tomar medidas urgentes en materia de seguridad, coincidiendo entre otras cosas y a pesar de ciertos matices, con que la policía debería reestructurarse y recuperar el despliegue territorial en las comisarías, lo cual fue descuidado por la actual administración. El Dr. Sanguinetti expresó que: “Debemos recuperar el control de los barrios con Comisarías fortalecidas con los sistemas tecnificados de rápida respuesta. Entrenamiento riguroso, frecuente y periódico para los efectivos policiales. Proteger a la gente que no delinque en las veredas y las esquinas, con más cámaras y reconocimiento facial en las calles". Por su parte, el Ec. Talvi dijo también: “(…) Vamos a relanzar las comisarías”. (El País, 9/6/2019). Expresó concretamente que apunta a “una policía con mayor capacidad de prevención y respuesta, centros de atención integral en barrios de contexto crítico, fortalecer las comisarías y aumentar los centros de reclusión”. (Teledoce 4/6/2019).

Todo lo cual concuerda con las intenciones del candidato electo por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, cuando dice que pondrá en práctica un “shock en seguridad con una reorganización de la policía" y un "mayor respaldo jurídico y simbólico", mejorando la vivienda policial y el sistema carcelario, ya que deben darse las condiciones para que los reclusos puedan rehabilitarse. (Montevideo Portal. 8/4/2019)

En el panorama actual, se evidencia que es menester lograr consensos técnicos, sociales y políticos para instrumentar una efectiva política de Estado en materia de Seguridad Pública que decididamente enfrente los problemas en profundidad, en base a criterios modernos, eficientes y democráticos.

La delincuencia es un fenómeno complejo y multicausal que requiere de la coordinación de un conjunto de políticas. Factores como el consumo de pasta base, la reincidencia dada por la falta de rehabilitación de las cárceles, la percepción de los delincuentes de que las penas son leves y los tiempos de reclusión cortos o inexistentes y una policía debilitada, son algunos de los retos que enfrentará la nueva administración.

El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de las personas, previniendo y reprimiendo el delito. Es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado y protegido por el gobierno que asuma dicha responsabilidad.



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