"La diferencia entre un estudiante de nivel socioeconómico bajo y alto en tercero de primaria es de 58% de la desviación estándar (DE) en matemáticas, y de 55% en lengua. Estas diferencias son el equivalente a casi dos años de escolarización. [...] El fracaso escolar está más vinculado a los pobres" (El País de Madrid 14/09/2022).

La frase con la que iniciamos este comentario nos ha llamado la atención porque refleja una circunstancia dramática en el llamado primer mundo, que parecería corresponder a la situación en nuestro país. Es de meridiana claridad que en la educación "popular" de calidad está el futuro laboral de miles de estudiantes, por lo que todos los ciudadanos deben sentirse responsables y de algún modo partícipes en la proyectada Reforma Educativa que el Poder Ejecutivo está dispuesto a llevar a cabo. Es por cierto su obligación y compromiso, asumido en su programa de gobierno, incluido luego en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y apoyado por el 60% de la ciudadanía. Lamentablemente, quienes se oponen sistemáticamente a la reforma, sin presentar ninguna alternativa, son los gremios vinculados a la educación.

Gremios estrechamente simpatizantes o parte del Frente Amplio (FA) y su dirigencia el Pit-cnt, que a pesar de su declarada "defensa de los más necesitados" ya se opusieron "al cambio del ADN de la educación" propuesto por el presidente Tabaré Vázquez.

Tesitura que siguen manteniendo, cabe preguntarse entonces ¿por qué? (pero no encontramos respuesta). La reforma incluye por supuesto centros de estudio en buenas condiciones edilicias, los que en términos generales lo están; un marco curricular común; modernización y profesionalización de la formación docente; programas de estudio organizados por competencias y directores preparados para ello y con capacidad de liderazgo. ¿Todo lo anterior realmente está mal? ¿Si está mal cuál es la propuesta? La propuesta es: la nada misma. Nos oponemos, punto.

A los efectos distorsionantes de la pandemia se suma en el período 2020-2021 que en las horas destinadas a la enseñanza un 45% fueron alteradas o directamente no realizadas por conflictividad laboral y que decir de las ausencias de profesores por actividad sindical ilegales, irregulares y también distorsionantes basadas en un acuerdo inexistente, aprobadas a sabiendas que no se ajustaban a derecho, por la dirigencia.

Debe quedar muy claro, la enseñanza, como política pública, no debe ni puede depender de los gremios, es competencia del gobierno.

El gobierno más allá de su compromiso en su programa -reiteramos, aprobado por la ciudadanía- debe en su accionar lograr la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos. Algo que parecen no entender los gremios, el Pit-cnt y el FA. Porque quienes van quedando marginados de una educación de calidad son aquellos niños y jóvenes que, por distintos motivos, entre ellos o quizás por la capacidad económica de su familia, mientras aquellos pertenecientes a los quintiles más altos concurren a centros privados. Su formación, en las actuales circunstancias, será mejor o mucho mejor, su inserción laboral lo será también.

¿Es ese el objetivo de la izquierda uruguaya y de los gremios vinculados a la educación?

Si no lo es, ¿Cuál es el camino o la propuesta?