La lucha contra el narcotráfico costó en México 250.000 muertos

Las cifras de asesinatos son escalofriantes: en trece años de lucha contra el narcotráfico, 250.000 personas fueron víctimas. El periodista independiente José Luis Pardo Veiras sostiene que la militarización ha fracasado.

El jueves 17 de octubre la ciudad de Culiacán amaneció con las fuerzas armadas mexicanas dispuestas a capturar a Ovidio Guzmán, hijo del chapo Guzmán, y anocheció con las camionetas del Cártel de Sinaloa patrullando sus calles. Más que el símbolo de la rendición del Estado, fue una escena perturbadora sobre la situación.

La misma semana, 13 policías habían sido asesinados en Aguililla, Michoacán, y otras 15 personas en Tepochica, Guerrero, en un enfrentamiento entre militares y supuestos sicarios, según la versión oficial. De enero a septiembre de este año en México se cometieron poco más de 22 000 homicidios, incluso más que a estas alturas del año pasado, que fue el más violento en la historia moderna del país.

Desde 2006, el inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ en México, han muerto aproximadamente 250 000 personas. La tragedia, más allá de las víctimas, es que toda esta avalancha de violencia no ha servido para que aprendamos nada. Lo único que el catastrófico fracaso en materia de seguridad ha cambiado es el discurso.

El expresidente de México, Felipe Calderón, prometió que la militarización era la solución final a la violencia, un problema que en 2006 representaba una tasa de 10.89 homicidios por cada 100 000 habitantes. Cuando acabó su mandato, la tasa se había duplicado. Su sucesor, Enrique Peña Nieto, siguió el mismo camino mientras dejaba de hablar de narcotráfico. Solo la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero rompió el cordón sanitario que había construido sobre la realidad del país. Terminó su gobierno rompiendo el récord de homicidios.

El hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que prefiere “abrazos, no balazos” y ha coqueteado con la idea de una amnistía. Pero ha hecho lo mismo que sus antecesores: su plan estrella ha sido la creación de una Guardia Nacional. Sus palabras, tremendamente ambiguas, dibujan un país distinto, pero hasta el momento el país no ha cambiado y la estrategia de seguridad tampoco.

La mañana siguiente a que en Culiacán muriesen ocho personas, el presidente quiso desmarcarse de los gobiernos anteriores. Apoyó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán porque había demasiadas vidas en juego. Quizás esa fue la única decisión correcta, pero fue una encrucijada a la que no se debería haber llegado.

El episodio, a diferencia de lo que dijo López Obrador, muestra más las semejanzas con el pasado que las diferencias. La detención y posterior liberación de Guzmán no solo fue producto de un operativo esperpéntico, sino de un problema conceptual que el país arrastra desde hace 13 años: pensar que una estrategia basada en operativos militares para descabezar a los carteles conlleva a algo más que violencia, terror e impunidad. A estas alturas, la evidencia de que la mano dura no funciona es tan abrumadora —en México y en toda Latinoamérica— que su rechazo debería ser casi tan dogmático como la tercera ley de Newton, pero se ha olvidado o no se ha querido aprender. La cosa empeora si el escenario es el corazón del Cártel de Sinaloa.

Culiacán probablemente sea el ejemplo más acabado de la simbiosis entre lo legal y lo ilegal, del monstruo que el Estado ha ayudado a crear, por omisión o complicidad, y que ahora combate como un ciego que golpea un avispero. Y las avispas están armadas con metralletas. Por eso el operativo fue como mínimo irresponsable; y la irresponsabilidad en materia de seguridad se paga con vidas.

Incluso si el operativo hubiera tenido éxito, el problema de fondo, aquel que una buena estrategia de seguridad debería combatir, se mantendría. En la última década no han faltado detenciones de grandes capos y los homicidios no han hecho otra cosa que aumentar.

Esto es porque la violencia en México no obedece a una lógica de guerra, en la que los ejércitos dependen de sus generales. Dependen de que miles de personas, muchas de ellas jóvenes, están dispuestas a matar y jugarse la vida con tal de ser alguien, de encontrar un sentido en medio de un país profundamente dañado por la desigualdad y la injusticia. Por eso en el crimen no hay vacíos, ni en los eslabones más altos ni en los bajos, ni por millones de dólares ni por unos cuantos de miles. Los hombres que patrullaban en Culiacán a bordo de camionetas fueron protagonistas del terror, pero si por la ley criminal ellos murieran o acabaran presos, esas camionetas nunca quedarían vacías.

Ver en directo el poder del crimen nos conmueve y horroriza, pero a estas alturas no es tanto una sorpresa como una constatación del mismo. Si antes del jueves 17 alguien tenía dudas sobre la dimensión del problema, hoy se le habrán esfumado. Lo que realmente sería sorprendente, diferente y necesario es que Culiacán sirviera como un punto de inflexión. A pesar de la indignación y el miedo que han causado algunos capítulos de más de una década de violencia en México, hasta ahora eso no ha ocurrido.

Calderón y Peña Nieto ya son parte de la historia sangrienta del país. López Obrador tiene cinco años para que sus actos se correspondan con sus palabras de cambio y que su estrategia de seguridad sea algo diferente a la militarización. Que el fracaso de estos 13 años no sea una lección olvidada sería el mejor servicio y el mejor homenaje a las 250 000 víctimas que se ha cobrado la violencia en México.



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