Desde la oposición no se pierde oportunidad para esparcir falsedades del gobierno y de la LUC con fruición. En este caso lo ha sido el informe de la Unión Europea sobre los criterios de tributación en Uruguay.

El martes 5, el Consejo de la Unión Europea (UE) ingresó a Uruguay la lista de países cooperantes (era la primera vez que Uruguay era evaluado por la UE), aunque señaló que aún restaban cumplir algunas normas de la "fiscalidad internacional".

Inmediatamente se señaló que Uruguay "volvía a la lista gris", trazando una analogía con los listados emitidos por la OCDE. En rigor, no hay tal "lista gris". La UE cuenta con dos "listas": la de países cooperantes y la de países no cooperantes. Uruguay fue incluido (reiteramos que es la primera vez que la UE evalúa a Uruguay) en la lista de países cooperantes. El resto es verso.

Inmediatamente, diversos voceros frenteamplistas procuraron llevar agua para su molino, acusando al gobierno de haber -poco menos- convertido al país en un paraíso para el lavado de activos proveniente de actividades delictivas. Y -faltaba más- que todo ello era "por la LUC". Todo, naturalmente, dicho con tono de "¡Te lo dije!".

"Era evidente!!" (sic), bramó el senador Enrique Rubio en un tuit, añadiendo: "El manejo poco transparente de las cosas públicas y la LUC nos colocaron en esta ingrata situación. Uruguay vuelve a la «lista gris» de paraísis fiscales de la Unión Europea". Lista que, además de no existir, Uruguay no la había integrado sino la de la OCDE.

"Todos los expertos nos alertaron de este riesgo, se decidió exponer a nuestro país de manera absurda", expresó el senador comunista y defraudador fiscal Óscar Andrade sin que se le moviera una pestaña. Y remató: "En marzo votamos a favor de nosotros mismos, en defensa propia".

Otro comunista, el diputado Gerardo Núñezo, no dejó pasar la ocasión de derrapar, ciertamente. "La LUC facilita el lavado activos para los dineros turbios que provienen del crimen organizado y el narcotráfico. Para el gobierno, los ladrones ricos y poderosos no parecen ser un problema de seguridad", se despachó.

Y el senador Mario Bergara, que fue presidente del Banco Central y Ministro de Economía, por lo que uno infiere que sabe largamente de estas cosas, dijo por su parte: "Lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio en la residencia fiscal, con «vacaciones tributarias» excesivas, junto a los mensajes de la LUC. Esperemos que se anulen los artículo y se vuelva al régimen anterior". "Con estas cosas no se juega", sentenció.

Pues bien: ni fue por las llamadas "vacaciones tributarias" (exoneración de impuestos por un período), que no las inventó este gobierno -que solo extendió su plazo de 6 a 11 años- sino el del Frente Amplio, ni por la LUC, menos que menos. La LUC no tiene nada que ver.

En rigor, como ha señalado el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado, "el ingreso de nuestro país en dicha categoría responde a exigencias adicionales por parte del Grupo del Código de Conducta de la UE para con Uruguay, que en ningún caso responden a modificaciones normativas implementadas desde 2020 a la fecha".

Nada de lo expresado por los citados legisladores frenteamplista tiene siquiera un ápice de verdad.

El cuestionamiento de la UE refiere al principio de territorialidad aplicado por Uruguay para establecer su régimen de tributación y ni siquiera para todo tipo de empresas. Las modificaciones que debería introducir Uruguay es gravar las rentas de algunas empresas extranjeras que no operan en el país aunque sí están registradas en él.

El propio ex Subsecretario de Economía Pablo Ferreri tuvo que reconocer que nada de esto tiene que ver con la LUC, nobleza obliga.

Como resulta sencillo de advertir, no hay dudas a la hora de mentir si con ello se cree que se daña la reputación del gobierno. Como dice el viejo adagio: "Cualquier monedita sirve".