El asunto es lastimoso por donde se le mire. El periodista Cardozo hizo la denuncia ahora de un hecho ocurrido el 6 de noviembre pasado y la demora se debe a su temor a perder el empleo en el canal oficial. Según Cardozo, Kreimerman intentó cortar una entrevista, quitándole espacio a Petinatti. A propósito de ello, otras denuncias similares surgieron, como la de Patricia Woolf, que en ese momento trabajaba en el canal. En ninguna de las versiones propaladas, Kreimerman se salva.

Ahora, al saltar el asunto, el periodista Ignacio Álvarez aseguró en radio Sarandí que el periodista Cardozo había hecho en su momento una denuncia en la Asociación de la Prensa Uruguaya, la que no hizo ninguna acusación pública. Por el contrario, en ese momento, la APU emitió un comunicado de fuerte tono antisemita, contra Petinatti, haciendo hincapié en su doble apellido judío. La Asociación se retractó después, pero mientras tanto no hizo ninguna referencia a la censura ejercida por el director de Canal 5. Un episodio triplemente vergonzoso.

Este es un tema de fondo, que demuestra por un lado como las anteriores autoridades manejaron los medios públicos y cómo, en segundo término, la politización enturbia definitivamente la representatividad y la posición de una organización importante como la Asociación de la Prensa.

Estas menciones son oportunas dado el desagrado que sentimos muchos uruguayos ante los agravios que algunos comunicadores hicieron contra el departamento de Rivera, en un ejemplo de mal humor y de grosería. Para peor, todo tiene un tufillo político, porque nunca hubo dardos de ese tipo contra la basura de Montevideo, las pifias del "pelado" Martínez o las incongruencias de Mujica. Es como las cansadoras letras del carnaval...

Comprendo la indignación de varios vecinos de Rivera que han presentado una denuncia penal, aunque no creo que ese sea el camino adecuado. Es muy difícil confirmar la difamación y la discriminación en la Justicia, y así lo demuestra la impunidad de las suciedades que desbordan a las redes.

Mientras tanto, recordemos que pertenecemos al Partido que ha hecho de la libertad de prensa una de sus principales banderas.

En 1828 y ejerciendo como gobernador provisorio, Joaquín Suárez dictó una sentencia memorable sobre cómo iba a guiarse: "El gobierno promete del modo más solemne que respetará y hará respetar las personas, las propiedades, la independencia de las opiniones y la libertad de imprenta"

Luego, en 1832 y siendo Presidente, don Frutos Rivera amplió ese concepto. Estaba siendo atacado desde todos lados y estaba enfrentando las revoluciones lavallejistas y, sin embargo, ratificó la defensa sin cortapisas de la libertad de expresión. En un decreto que aún hoy debería repercutir, redactado en primera persona para darle mayor fortaleza, estableció: "Artículo 1ero. La libertad absoluta e ilimitada de la imprenta es también uno de mis principios fundamentales. Todo individuo puede usar de ella sin restricción alguna."

"Artículo 2do. Los particulares que se creyesen ofendidos por producciones de la prensa, tendrán expeditos los medios de reparación que la ley del país establece."

"Artículo 3ero. Los ataques de cualquier forma que se dirijan por la imprenta, sea contra mi persona, las de mis secretarios o contra los actos administrativos, no quedan sujetos a responsabilidad alguna; y para asegurar esa declaración, yo y mis secretarios renunciamos, mientras yo esté en el mando, a la protección de la ley actual y a todo otro medio de vindicación "

Quiere decir que el primer presidente constitucional, Rivera, definió el asunto hace 188 años, con una claridad que rige para siempre: los particulares que se sientan ofendidos tendrán los medios de reparación que la ley establece; los gobernantes deben amparar siempre la libertad de expresión. Esas viejas normas fundamentales deben guiar hoy la conducta de los gobernantes y de los ciudadanos.