El amplio abanico de las izquierdas mexicanas dejó de ser el opositor combativo contra la estrategia de seguridad militarizada que, implementada por tres gobiernos consecutivos en un periodo de 15 años, ha dejado más de 350,000 muertes violentas y 88,392 casos de desaparición, asegura la periodista mexicana Laura Castellanos en una en una columna para el The Washington Post, que aquí compartimos

El descarrilamiento del proceso judicial sobre la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa -con la participación del Ejército mexicano-, el cual se ha convertido en el caso de lesa humanidad más emblemático del siglo XXI para las izquierdas mexicanas, acontece cuando estas atestiguan paralizadas el recrudecimiento de la militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO prometió verdad y justicia en el Caso Ayotzinapa, pero es omiso ante la negativa del Ejército de dar la documentación solicitada al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado en 2014 para asistir técnicamente en las investigaciones. También, ante la cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención de agentes del Estado -16 de ellas de militares- que pidió la Fiscalía General de la República (FGR) y la desarticulación de la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR, mientras descarga la culpa de los hechos en solo cinco militares.

La absolución del Ejército es parte de la estrategia de seguridad militarizada del presidente, que ya amplió sus atribuciones en tareas de seguridad validando su fuero militar; incrementó su financiamiento sin candados de fiscalización; le otorgó la administración y control operativo de la Guardia Nacional (GN), el cuerpo de seguridad que creó en 2019 bajo un mando civil; y presiona al Senado para que apruebe el despliegue castrense hasta 2028, más allá del fin de su gestión, en 2024.

AMLO asegura que su estrategia militarizada ha disminuido los índices delictivos, pero no repara en el saldo de violaciones a derechos humanos. De enero de 2019 a junio de 2022, ha habido al menos 61 casos de desaparición forzada cometidos por fuerzas federales: 28 del Ejército, 27 de la Marina, ocho de la GN y tres de la extinta Policía Federal (PF), según un documento de la FGR que obtuvo la periodista Wendy Selene Pérez.

En tanto, el Ejército registra una mayor letalidad en los enfrentamientos que en la administración anterior. Es decir, más civiles fallecidos, de acuerdo al estudio "¿Existe una estrategia de abrazos no balazos?" del investigador Samuel Storr, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabiliza 1,163 quejas contra la GN de 2020 a septiembre de 2022 y 1,078 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 2019 a la fecha.

Ante esto, están ausentes las movilizaciones populares multitudinarias que cimbraron a México durante el gobierno de Felipe Calderón, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, nutrido por familiares de personas desaparecidas o víctimas de asesinatos, y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para exigir la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa.

Massimo Modonesi, autor del libro México izquierdo, me dijo en entrevista que, si bien en la izquierda disconforme actúa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el magisterio disidente, los movimientos en defensa del territorio y esporádicamente algún sector juvenil, "no hay una acumulación de fuerzas desde abajo que permita responder y la estrategia de AMLO ha sido menospreciar discursivamente cualquier cuestionamiento".

En sus conferencias de prensa, AMLO ha estigmatizado como "conservadores rancios" a quienes advierten de los riesgos de su militarización. No escucha a las agencias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni al colectivo mexicano Seguridad sin Guerra, que reúne a más de 300 organizaciones y personas.

Su partido, Morena, conformado por una constelación de militancias de izquierda históricas y populares, valida de forma acrítica sus decisiones. Fue arrasadora la aprobación en el Congreso de la reforma que incorporó la GN a la Sedena. Solo una diputada de Morena, la indígena Inés Parra Juárez, votó en contra.

La aprobaron activistas de renombre que antes cuestionaron al Ejército, como el diputado Manuel Vázquez, alias "Omar García", sobreviviente del Caso Ayotzinapa. También la senadora Nestora Salgado, excomandanta de la guardia comunitaria de Olinalá, Guerrero, que denunció su secuestro por el Ejército y la Marina en 2014, y fue encarcelada por los delitos de homicidio y secuestro que no cometió. Fue absuelta dos años después.

La titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, hija de la legendaria activista Rosario Ibarra de Piedra, renunció a su facultad para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma -aunque 29 de los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos del país la rechazaron- pese a que la GN sea la fuerza armada federal con más quejas registradas en su institución.

El gobierno dice que bajaron los homicidios dolosos, secuestros, feminicidios y robo de vehículos, pero omite la cifra negra de 93.2% de casos que no se denuncian o en los que no se abrió una carpeta de investigación, según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022.

Además, de enero a agosto de 2022 están los mayores picos de violencia de género a nivel nacional de los últimos cinco años. Y el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada en México de la Organización de las Naciones Unidas, de abril de 2022, advirtió que hay "un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres".

Aunque aislados, sí ha habido actos de protesta contra la militarización. Uno de alto impacto lo realizó el colectivo "Hasta encontrarte", de madres buscadoras de Guanajuato, el 15 de septiembre. Dos manifestantes escalaron la Estela de Luz, un monumento de 104 metros de altura erigido por el gobierno de Calderón, para desplegar una manta gigante con el mensaje: "16 años de impunidad militar. No al golpe militar. El pacto militar también es patriarcal".

En la marcha del 26 de septiembre, que conmemoró ocho años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, acudieron 7,000 personas. Ahí Emiliano Navarrete, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete, dijo en el mitin en el Zócalo capitalino que, si bien en este gobierno había habido un pequeño avance en el caso, "cuando se llegó al punto de tocar al Ejército ahí, todo se vino abajo".

Es vital que las izquierdas despierten de su marasmo para frenar la concentración del poder militar. También para exigir al gobierno de AMLO que respete los compromisos internacionales en materia de derechos humanos signados por México, y a la militancia y bancadas legislativas de Morena que no permanezcan en la complicidad y la desmemoria y sean un contrapeso real.

Este Ejército es el mismo que cometió la masacre de 1968, la represión contrainsurgente de la década de 1970, y actuó en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Es el mismo que hoy, empoderado y desafiante, evita con éxito ser juzgado por el Caso Ayotzinapa. "Todo se vino abajo" es una grave advertencia del porvenir mexicano.