La inconducta del senador De León
Por Luis Hierro López
Más allá de la resolución judicial, no hay dudas de que el senador Leonardo De León cometió una inconducta censurable. Sería positivo para la democracia que sea sancionado.
No voy a juzgar el dictamen del Fiscal Dr. Luis Pacheco por el que resuelve no pedir el procesamiento del senador Leonardo de León, ni presumo o dejo de presumir que haya un blindaje de impunidad. Digo si, en cambio, que la situación es sumamente confusa y que provoca un debilitamiento de la confianza pública en la Justicia.
La Junta de Transparencia y Ética Pública hizo un juicio inicial muy severo, estableciendo que los abusos de De León con las tarjetas corporativas “constituyen violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos". Si el senador De León y sus compañeros políticos tuvieran la dignidad republicana que corresponde, ante ese contundente pronunciamiento el mencionado legislador ya habría renunciado o su sector político le habría impuesto esa sanción.
A la resolución de la Jutep se suman las consideraciones que hace ahora el Fiscal Pacheco, quien si bien no pide su procesamiento, denigra en forma terminante la conducta del senador, al sostener que usó en forma indebida las tarjetas corporativas, violando “el principio de probidad en la función pública “y mostrando “una despreocupada” administración de dineros que según su origen, en un “90.79% son públicos”. Pacheco interpreta que el entonces presidente de Alur usó la tarjeta corporativa para financiar su asistencia a actos políticos del sector de Sendic, la lista 711.
Ante esas evidencias, es difícil comprender la razón por la que De León no es procesado. El periodista Gerardo Sotelo, entre otras voces críticas, sostiene que “cada vez son mayores las señales de que está operando un mecanismo de blindaje, desde la Fiscalía de Corte, para proteger a funcionarios de gobierno implicados en delitos de corrupción y esto lo vemos una y otra vez de manera reiterada”. En un país en que se archivó la investigación sobre los turbios negocios de amigos del gobierno con Venezuela, no es difícil sospechar de la gestión del Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz y de sus subordinados, aunque ese es un terreno difícil de abordar ante la ausencia de pruebas.
En cambio, en el plano político sí hay pruebas y son terminantes: Leonardo de León usó indebidamente los dineros públicos mientras fue presidente de Alur y al igual que su líder el ex vicepresidente Raúl Sendic, cometió actos que merecen el repudio de la opinión pública y que deben ser sancionados. Hay en curso un juicio político iniciado en el Parlamento contra De León –único procedimiento para juzgarlo si es que no prospera la actuación judicial– pero es muy difícil que se concrete, dado que requiere mayorías especiales.
Lo que no requiere mayorías especiales es lo que haga el Frente Amplio, en cuyo campo está la decisión de dar una señal terminante en favor de la ética pública o, en caso contrario, bajar la cabeza y las banderas y seguir amparando las inconductas y los abusos.
Ahora el Frente Amplio es responsable único y exclusivo de lo que ocurra con un senador que ha actuado con indecencia. Sobre lo que hará el Frente Amplio hay dudas, sobre la inmoralidad de De León ya no las quedan.
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