“La ética del sistema...”

Con estas palabras, el ex Presidente Julio María Sanguinetti tituló su habitual columna en el diario El País. La compartimos a continuación con nuestros lectores.

Antes de la elección, cuando cualquiera podía ganar, escribimos que el tema de la seguridad social pondría a prueba la ética cívica del sistema político uruguayo.

Para el gobierno que se instalara -y que resultó ser el de la coalición- estaba claro que nada cambiaría en su período una reforma que mejorara la sustentabilidad del sistema. Se trata nada menos que de detener el crecimiento exponencial de un déficit que se iría acentuando por la simple demografía baja del país, hasta comprometer a quienes hoy están empezando la vida laboral. Ya este período terminará con 20 mil escolares menos y en los próximos años los uruguayos solo reduciremos nuestro número. Hoy al gobierno no le cambia nada en términos financieros. Sólo le refuerza su credibilidad ante el mundo económico, ante quienes precisamos que sigan invirtiendo para que el país pueda tener un futuro de trabajo.

Como es notorio, se estableció por ley una comisión de reforma, con todos los partidos, técnicos designados por ellos y organizaciones sociales. Trabajaron un año, mantuvieron 77 reuniones plenarias y 55 más para recibir a todo quien pidió ser oído. Nunca en la historia hubo tanto diálogo. En la reforma de 1995 dialogamos sí, pero ni de cerca tanto tiempo y con tanta gente. Culminó el trabajo con un informe técnico que establecía la necesidad de la reforma y proponía algunas líneas de cambio. El Frente Amplio y sus asociados, no votaron nada. No propusieron nada tampoco. Y ya anuncian que están en contra del proyecto que aún no se conoce.

Los presidentes Vázquez y Mujica y el contador Astori, ex Ministro y Vicepresidente, conductor de la política económica durante los 15 años del Frente Amplio, fueron categóricos sobre la necesidad de una reforma. Mujica afirmó que había que subir cinco años la edad de retiro, respondiendo a la simple lógica de la evolución demográfica del país.

¿Cómo se puede hablar ahora de que se propone "al barrer" subir la edad a 65 años para todo el mundo, cuando siempre se ha dicho -y somos garantes de ello- que los regímenes especiales, como construcción o magisterio, seguirán teniendo edades distintas? ¿Cómo el Frente ignora olímpicamente lo que dijeron sus líderes durante todo el período pasado? ¿Es que ya renunciaron a recuperar el gobierno y, por lo tanto, nada les importa que la bomba sea cada día más explosiva?

No siempre se recuerda que el régimen de seguridad social es ampliamente deficitario. Que además de los aportes, recibe 7 puntos de los 21 del IVA y otros impuestos, que aproximadamente son 2.100 millones de dólares al año. Y no alcanza. Hubo años en que hubo que agregar 800 millones y Astori ponía el grito en el cielo. Este año serán alrededor de 600 millones.

También es habitual el temor que instalan las organizaciones en los jubilados, cuyos ingresos son constitucional y legalmente intocables. Su interés, en todo caso, estaría en ganar en tranquilidad con un sistema equilibrado, a salvo de situaciones como la que hoy sacude, por ejemplo, a la Caja de Profesionales. Se parte de la base que el Estado siempre cumplirá, pero cuanto más déficit adolezca, más impuestos impondrá o con más restricciones afectará a otros sectores de la sociedad.

Habrá un proyecto, se dialogará y se negociará. De buena fe. Pero no es posible venir ahora a proponer el disparate de derogar las AFAP cuando no se intentó, felizmente, en los 15 años pasados...

También de buena fe el gobierno informa sobre la difícil situación de seguridad que estos días muestra enfrentamientos sangrientos entre grupos de narcotraficantes. De mala fe, a partir de esa realidad, que nadie niega, se pretende soslayar que los delitos comunes han bajado y que señalar el origen de los crueles crímenes de estos es recaer en el mismo discurso del gobierno anterior.

Nada que ver.

El tema es que el gobierno del Frente Amplio empezó con 7 mil rapiñas y terminó con 30 mil; 9 mil hurtos que llegaron a 145 mil y 200 homicidios que se duplicaron, nada más ni nada menos. Desde ese punto de arranque comenzó este gobierno y no hay duda de que todos los delitos bajaron. Decir, por lo tanto, como lo ha hecho el Presidente del Frente Amplio, señor Fernando Pereira, que estamos añorando el 2019, es una falta de respeto que la ciudadanía no merece. Hay 93 homicidios menos, 27 mil hurtos menos, 5.300 rapiñas menos... Esta es la verdad. Que no ignoran el Senador Carrera y el Lic. Leal, que fueron parte de la fracasada gestión anterior y ahora se han subido a un pedestal de acusadores del que se caerán frente a la realidad.

Entendámonos: todo lo relativo a seguridad social es discutible. Pero si unánimemente, todos los partidos, con parecidas razones, han hablado de la necesidad imperiosa de devolverle sostenibilidad al régimen, ¿es bueno para la seriedad del debate darse vuelta en el aire y negar todo? En cuanto al delito, desde la objetividad incuestionable de los números, ¿se puede de buena fe decir que extrañamos el 2019 y hablar y hablar y hablar, como si quienes lo hacen tuvieran credenciales de éxito?

Los actuales dirigentes del Frente debieran pensar que no todos sus votantes piensan como estos sindicalistas exaltados. Que hay gente razonable que observa estos hechos y que aunque no sea partidaria del gobierno, advierte que el país no va a mejorar instalándose la oposición en un lugar que le alejará de un posible retorno.

¿No ocurrirá que frente a esta aluvión discursivo, los ciudadanos frentistas sensatos extrañen al Gral. Seregni, al Dr. Vázquez y al Cr. Astori?

¿No será que la nostalgia terminará castigando a quienes se creen impunes para subirse al caballo desbocado de la demagogia?




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