Con la reciente reforma del sistema judicial, patrocinada por el gobierno de Nayib Bukele, el Ejecutivo controla los tres poderes del Estado y todo el proceso judicial. Compartimos aquí un interesante editorial del reconocido periódico salvadoreño El Faro que analiza dicho proceso.

Hemos asistido al final de la independencia judicial en El Salvador. La bancada oficialista de Nuevas Ideas -con la complicidad de los partidos GANA, PDC y PCN- aprobó ilegalmente reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), enterrando la independencia judicial y consumando así la toma de todo el aparato del Estado por parte del grupo que controla el Ejecutivo, encabezado por Nayib Bukele. La justicia ya no es un derecho ciudadano normado por nuestras leyes y la Constitución, sino un instrumento bajo control y para uso de quienes gobiernan el país.

Controla la Asamblea, donde se crean y aprueban leyes; la Fiscalía, que tiene la potestad exclusiva de promover y ejercer la acción penal, es decir, de acusar; la Policía, para llevar a cabo capturas; controla la Corte Suprema de Justicia y, tras las reformas a la carrera judicial, controlará también a los jueces.

Para aquellos que el régimen o cualquiera de sus funcionarios considere enemigos, ya no hay escape. Cualquiera es ahora sujeto de persecución judicial, sin derecho al debido proceso; sin defensa posible. Ya no hay independencia judicial, ni garantías constitucionales ni recursos judiciales. Ya no hay Estado de derecho. Para los amigos del régimen, en cambio, ya no hay temor de que sus delitos sean castigados.

Las reformas aprobadas la noche del 31 de agosto son gravísimas, pero no sorpresivas. Desde hace meses hemos visto a ministros y diputados oficialistas amenazar a jueces con sufrir consecuencias si no resuelven de determinada manera; y les acusan de favorecer intereses de "benefactores" cuando juzgan en contra de la voluntad de Bukele y su grupo. No es, pues, un secreto el objetivo de la reforma aprobada con dispensa de trámite.

Este era un paso esperable en el proceso de desmantelamiento de la democracia y de concentración de poder, que el grupo que hoy gobierna inició el mismo día en que Nayib Bukele tomó posesión de la Presidencia de la República. Es un grupo que tiene a la intolerancia como ideología, el autoritarismo como ideal, la propaganda como estrategia y la corrupción como ejercicio exclusivo. Estas reformas significan un avance en el camino hacia sus objetivos, que son, en resumen, poner fin a nuestra era democrática.

Las reformas decretan el retiro de todo juez que tenga más de 60 años o más de 30 de carrera, con lo que ponen fin al ejercicio de jueces como el que lleva el caso por la masacre de El Mozote, o la que negó la liberación del expresidente Antonio Saca. Esta medida ordena la salida de la tercera parte de los jueces del país, que deberán ser sustituidos por quienes decida la Corte Suprema de Justicia que el bukelismo controla desde el 1 de mayo. La reforma también modifica la estructura y categoría de los jueces, abriendo la puerta al movimiento y sustitución de estos por la misma Corte. Es decir, al control de todo el aparato judicial.

Los diputados oficialistas argumentan que su intención es depurar un sistema judicial plagado de corrupción. Ciertamente, el sistema judicial urge una depuración desde hace años. La hemos exigido desde este mismo espacio. Pero no se combate la corrupción con actos corruptos y es imposible creer que los mismos diputados que han violado reiteradamente la Constitución y que, hace apenas unas semanas, legislaron para otorgar impunidad a los funcionarios involucrados en compras de emergencia, son hoy los adalides del Estado de derecho.

Esta Asamblea no combate la corrupción. Por el contrario, como muchas de las leyes fabricadas en Casa Presidencial y aprobadas sin siquiera el conocimiento de quienes alzan la mano en nombre del pueblo, las reformas aprobadas la noche del 31 de agosto han nacido corruptas.

Son un fraude de ley por no cumplir con el procedimiento establecido para la creación de ley, admitidas con dispensa de trámite y sin debate previo. Pero son además un fraude constitucional por violar el artículo de la carta magna que le da potestad exclusiva de iniciativa de ley en la materia a la Corte Suprema de Justicia, no al presidente ni a los diputados.

Esto no es sujeto de interpretación, porque ya fue resuelto en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, en respuesta a una demanda interpuesta por, entre otros, el actual asesor jurídico de la Presidencia Javier Argueta, cuyos principios éticos, políticos y jurídicos son hoy contrarios a los que expresaba entonces, cuando servía a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). En aquella demanda, la Sala decretó inconstitucional la ley aprobada en la Asamblea porque "se aprobó por iniciativa de ley de los diputados de la Asamblea Legislativa no obstante que regula materias relativas a la organización del órgano judicial, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales, lo cual viola el art. 133 ord. 3° C., que faculta exclusivamente a la CSJ para ejercer iniciativa de ley en dichas materias".

A pesar del criterio establecido, esta Asamblea, como hizo el 1 de mayo, ha violado una vez más la Constitución y la ley, a iniciativa de Bukele, y no habrá consecuencias porque ya no hay contrapesos ni frenos para quienes nos gobiernan hoy. Y cuando ya no hay separación de poderes, ni contrapesos institucionales ni frenos a la acumulación de poder y su ejercicio arbitrario, ya no hay tampoco democracia. Así de graves son las consecuencias para el Estado. Bukele y compañía están terminando con nuestra democracia y lo poco que va quedando de obstáculo en su camino, lo poco que va quedando de expresión democrática nacional, son las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, y el ejercicio periodístico.

Asistimos a pasos agigantados al fin de la República y su sustitución por un clan familiar antidemocrático que utiliza el Estado en su beneficio. Pero para que consigan sus objetivos son necesarios funcionarios y burócratas indignos, oportunistas o corruptos que operen a su favor, y una ciudadanía cegada por la propaganda.

A pocos días del Bicentenario de nuestra independencia, nos acercamos al fin de nuestra democracia. Pero es una pérdida temporal, porque esto también pasará.