Correo de los Viernes - La calidad del agua y su cuidado público

La calidad del agua y su cuidado público

Por Elena Grauert

El secretismo no es buena política. Pero en materia ambiental y de salud pública, es prácticamente criminal.

Hace unos años el diario El Observador publicó una entrevista a Diego Martino, doctor en geografía y ambiente y exrepresentante en Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), respecto al secretismo y ocultamiento de información que perpetra el gobierno en cuanto a la potabilidad del agua.

Cinco años después, en 2018, el Poder Ejecutivo dispuso que toda pesca “con fines de investigación, científicos y docentes” deberá ser autorizada por la DINARA, previa presentación de un proyecto, la que a su vez se hará cargo de la divulgación de los resultados de esas investigaciones. Como era de esperar, la medida despertó la alarma en medios académicos.

Lamentablemente, el gobierno que tanto clama por derechos humanos, borra rápidamente con el codo lo que escribe con la mano. El derecho a la información en general, pero aún más en temas como el ambiental y de salud, hace al derecho a la vida.

La gente tiene que saber el impacto ambiental de determinadas medidas y emprendimiento, cuáles son las eventuales fuentes de contaminación y si —por lo menos— pueden tomar agua o deben hervirla para prevenir males mayores.

En los últimos años se ha dado un cambio en la intensidad y expansión de la producción agrícola. Uruguay, que era un país de producción de ganadera en forma más extensiva. Con el aumento del precio de los productos agrícolas, como soja, trigo, maíz, etc., así como el aumento del precio de la carne, se ha generado la necesidad de aumentar la producción, con posibilidad de exportar más cantidad. Ello implica un impacto directo en el agua y, por tanto, influye en la potabilidad de los ríos y arroyos, que siempre fue uno de los caballitos de batalla de la sanidad pública.

Hoy eso cambió y es una realidad que se debe atender, no esconder, y que es irreversible, siendo bueno para la economía, pero pudiendo ser muy malo también si no se toman medidas de prevención. Pero la solución no es esconder, ni hacer como si el problema no existiera. Lo correcto es enfrentar el problema y buscar una solución que compatibilice el crecimiento productivo con cuidado ambiental.

Es bueno que nuestros productos sean más demandados, se exporten con valor agregado o se industrialicen, pero debemos cuidar otros aspectos y para ello hay que informar. La defensa del ambiente no debe ser vista como una capitis dimuinutio o un desincentivo al desarrollo productivo, sino que todo lo contrario: se debe saber cuánto cuesta prevenir y cómo se establecen incentivos para que se premie la prevención o cómo se distribuye ese costo.

Todo ello implica conductas activas y no pasivas u opacas, que esconden un problema que, si se ignora, luego se transforma en irreversible o implica costos altísimos lograr su solución.

El agua es la vía de trasmisión de enfermedades. OSE y URSEA tienen la responsabilidad institucional y empresarial de brindar un servicio saneado, de cuidar su potabilidad e informar. Y evidentemente no lo hacen o no lo logran, dado que hoy son las cianobacterias pero desde hace mucho tiempo una parte importante de nuestra población sufre de plombemia, con consecuencias gravísimas, y como la misma afecta a las zonas más pobres, no se denuncia ni se ataca, y se esconde por los altos costos que tendría su solución, dada la cantidad de cañerías de plomo.

El hecho de esconder y estar a la deriva de las conveniencias políticas en temas como el ambiente y la salud pública, es un dislate institucional que puede acarrear graves consecuencias. En el último gobierno colorado, si bien estábamos lejos de saber el impacto que iba a tener el crecimiento de la producción agrícola, pudimos visualizar que la defensa del consumidor, la competencia y el cuidado del ambiente no podían quedar al arbitrio de un secretario político. Se entendió que aspectos tan sensibles denbían ser controlados por órganos con competencia autónoma, con capacidad de denunciar, informar y sanciona a empresas u órganos públicos o privados.

La URSEA debía cumplir con ese rol regulador. En sus arts. 1º y 2º de la ley 17.598, que la creó, se establece expresamente su competencia en temas de agua potable y defensa ambiental. El art. 15º, literal D, dice en su numeral 2º, refiriéndose a sus competencias: “Formular regulaciones en materia de calidad y seguridad de los productos y de servicios así como de los materiales, instalaciones y dispositivos a utilizar”.

Los instrumentos jurídicos están, pero se desconocen permanentemente por acción u omisión. La razón de la conducta del gobierno es que el Frente Amplio, por temas ideológicos, tiende a la concentración de poder, creen que debe haber un grupo de personas que dirijan y controlen todo, que esas personas son las mejores y que muchas veces el fin justifica los medios, razonamiento que inhibe el derecho de elección de los ciudadanos frente al poder. En el caso, no dar la información para no generar conmoción pública o porque el gasto que generaría enfrentar el problema no es rentable en términos electorales.

El diseño institucional de los organismos de contralor en Uruguay debe mejorar, dado que deben independizarse mucho más del poder político para cumplir sus fines a cabalidad y no depender del gobernante de turno.

Pero el Frente Amplio ha desempoderado a los organismos reguladores, concentrando casi todo el poder en los Ministerios y en una “supersecretaría” de estado que está en Presidencia de la República, induciendo la inacción de los demás operadores del sistema, que están en total relación de dependencia con el poder de turno.

El agua tiene protección constitucional por su importancia vital. Ello prueba que la propiedad de explotación de la misma no garantiza, ni el cuidado, ni la sanidad. Incluso puede empeorar el contralor y la obligación de auditoría.

Todos debemos tomar conciencia de que, sin importar quién gobierne, el agua es de todos y merece nuestra mayor atención si pretendemos ser el “Uruguay Natural” que es nuestro gran distintivo y orgullo.