La “agenda de Derechos”

Por Luis Hierro López

Las leyes que establecen nuevos derechos deberían ser discutidas con mayor racionalidad y liberalismo.

En general, he acompañado desde mi conciencia las leyes que, en materia de Derechos, promovió el Frente Amplio, desde la legalización del aborto al matrimonio igualitario. Sobre la ley de marihuana creo que careció de la vocación educativa que era imprescindible y que ha sido un error sostener que se trataba de un mecanismo hábil para luchar contra el narcotráfico, lo que quedó demostrado en los hechos, transformándose en una enorme pifia. Esa ley de Mujica fue, como todo lo suyo, una fenomenal acción de promoción y no una política de Estado, responsable y eficaz. Pero más allá de eso, la publicitada “agenda de derechos” está bien, va de acuerdo con la época, acompaña las tendencias sociales. A diferencia de lo que ocurrió a principios del siglo XX, estas leyes siguen la corriente, no han introducido grandes cambios sociales ni intelectuales, como hizo el Batllismo, por ejemplo, a través de sus pioneras leyes de divorcio o de eliminación de la pena de muerte. Aquellas fueron legislaciones transformadoras de la sociedad, éstas acompañan lo que ocurre en ella, pero esa es otra discusión.

Además, el Frente Amplio corre el riesgo de confundir leyes avanzadas con sociedad avanzada. Las sociedades son realmente avanzadas cuando transforman su cultura y su educación, cuando abrazan los desafíos tecnológicos y generan empleos de calidad; y cuando miran al porvenir sin temores. La protección de algunas minorías, lo que está bien, no sustituye la vieja dialéctica entre progresismo y conservadurismo. En muchos aspectos, las propuestas del oficialismo cultural y político en vigor, son muchas veces conservadoras y significan retrocesos. Pese a todas estas leyes en materia de Derechos, es notorio que Uruguay ha retrocedido hasta violentamente en algunos aspectos de su convivencia.

Respecto a las personas trans, la discusión se ha exasperado, ubicándose cada parte en sus trincheras con munición gruesa. La polémica participación de Michelle Suárez y la gestión de un lobby militante, han potenciado el enfrentamiento y así, si alguien apoya a los trans, es gordo, confuso o comunista. Y seguramente homosexual o falso. Y si no los apoya, será un retrógrado homófobo, fascista y muy posiblemente, un neoliberal integrante del patriarcado.

Pero, en definitiva, como tantas veces ha ocurrido en la historia uruguaya, la ley regula la intervención del Estado para evitar discriminaciones y exclusiones o para favorecer a los postergados. Siempre lo hizo. Esto es lo esencial del Uruguay, que ya desde mediados del siglo XIX discriminaba a favor de los más débiles, cuando, por ejemplo, el gobierno de la Defensa de Montevideo dispuso que los hospitales públicos debían atender a los indigentes sin preguntarles quiénes eran o si podían pagar los servicios. A partir de ese principio, la obligatoriedad del Estado de prestar atención sanitaria tiene múltiples formas y alcances. Quiere decir que mucho antes del Batllismo, Uruguay defiende esa conciencia social. Sepámoslo.

En segundo término: se aduce que las personas trans son muy pocas, unas ochocientas. Son efectivamente una minoría, pero da la impresión de que ese grupo fue discriminado. Son pocas personas, pero discriminadas. Con ello alcanza para justificar que el Estado acuda a corregir la situación.

Es discutible el otorgamiento de una pensión por las persecuciones de la dictadura, pero no es por sí mismo un dato para descartar la iniciativa. Muchos fuimos perseguidos en ese tiempo, ya se sabe, pero es posible que las personas trans de esa época, hayan sido más perjudicadas. Le ley ingresó ahí en un terreno resbaladizo, pero no alcanza con esa evidencia para desacreditarla. Muchos opositores a la iniciativa han expresado que, haber otorgado una pensión a las personas trans es sustancialmente injusto, si comparamos esa prestación con lo poco que ganan cientos de miles de pensionistas por mes. También se ha invocado, y con razón, que se deriva plata a las personas trans y se retacean, al mismo tiempo, recursos para comprar remedios a personas gravemente enfermas, todos argumentos válidos.

El punto más acuciante es el de la hormonización, que provoca dudas científicas y morales. Las facultades y responsabilidades de la patria potestad aparecen retaceadas, pero la ley acompasa lo que ocurre en la vida. Sin ley, puede ocurrir en esos casos que la autoridad de los padres ya esté en jaque, por lo que la legislación matizó la libertad de acción de los adolescentes para cambiar de sexo o acudir a un tratamiento hormonal, haciendo intervenir a la Justicia, lo que en definitiva significa una garantía.

Otra cosa es la aplicación de la ley, porque los legisladores del oficialismo se dejan tentar por el progreso manuscrito, creyendo que todo se resolverá con la sanción legislativa. En realidad, los legisladores que votaron no saben cuánto gastará el Estado en esas intervenciones quirúrgicas u hormonizaciones, y cómo se aplicarán, si es que existe el financiamiento. Es posible que en poco tiempo nos enteremos que la ley no funciona ni es útil.

Pero, mientras tanto, se armó la gran polémica, porque vivimos en una sociedad que lenta pero seguramente se va volviendo cada vez más extremista. Un poco de racionalidad, de tolerancia y de liberalismo nos vendría bien.



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