"El Foro de San Pablo comienza con pequeños actos de desestabilización, que se intensifican cuando se acercan las elecciones en países democráticos como se demuestra en las recientes acciones violentas en Chile y Colombia, países próximos a realizar elecciones presidenciales. Nada dejan liberado al azar, todo lleva su tiempo y estrategia. Ahora miran a Uruguay, con un gobierno democrático que promueve amplias libertades y que, si bien aún faltan varios años para las elecciones presidenciales, promueven pequeños actos de enfrentamiento en actos oficiales, como ocurrió este 25 de agosto en el acto para celebrar los 196 años de la Declaratoria de la Independencia, que se realizó en la Piedra Alta del departamento de Florida" (Informe: Cómo actúa el Foro de San Pablo. Iberoamérica Central de Noticias, ICN agosto 2021).

El pasado viernes 6, el Sindicato Único Portuario y Ramos Afines (SUPRA) realizó un paro de 24 horas, que al momento de escribir este comentario continúa, en reclamo del despido -anunciado- de casi 150 trabajadores por Montecon, la empresa que opera en los muelles públicos y compite con Terminal Cuenca del Plata (TCP). La situación comenzó a generarse a raíz del decreto 115 -que otorga prioridad en los atraques a TCP/Katoen Natie, en función del acuerdo firmado entre la compañía belga y el estado uruguayo.

Lo cierto que el origen de este conflicto lo tuvo -como lo estableció claramente en sesión del Senado de la República, el senador Gandini- cuando se otorgó por parte del Poder Ejecutivo -en carácter precario por tres meses la exclusividad en el uso de las áreas públicas en el puerto, ese permiso fue renovado- sin la intervención del Poder Ejecutivo -como debe ser- 48 veces más, es decir irregularmente por no decir ilegalmente.

Lo llamativo en este conflicto, es la unión entre el sindicato y la empresa Montecon. Es también llamativo que, habiéndose llegado a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo entre Montecon y el Poder Ejecutivo, que se hizo público y que solucionaba casi totalmente la situación de los trabajadores que se anunciaba despedir, pocas horas después, Montecon anunciaba que no podría cumplir lo acordado. Obviamente por acuerdo posterior entre la empresa y el sindicato.

Ahora bien, ante la seguridad de que el conflicto generará perjuicios a la economía del país y al normal funcionamiento del sistema portuario uruguayo, incluso pudiendo ser declarado "puerto sucio", lo que encarecerá fletes con ese destino y desvío a otros puertos de la región, desde distintos sectores se ha reclamado el decretar la esencialidad, una situación prerrogativa del Poder Ejecutivo establecida por la ley 13720, (artículos 4 y 5) que establece quien y como se determina la esencialidad.

Esta ley ha sido considerada por especialistas como anti constitucional y por la OIT como limitativa del derecho constitucional de huelga. En todo caso, no es lo mismo servicios públicos -como puede ser la salud (constitucional) y servicios esenciales. Por esa razón pensamos que de actuarse con particular cuidado en la aplicación de ciertas disposiciones -como declarar la esencialidad- cuando estas coliden con los derechos humanos. Muy especialmente cuando desde el vamos, no hay forma de controlar o exigir su cumplimiento, no es lo mismo despachar una carga de papas que animales vivos.

Lo que queda claro es que esta situación de paralización, como las ya habidas, en la enseñanza, en el transporte, en la salud y las que vendrán, se inscriben en la estrategia del Foro de San Pablo, a las que adhieren aquéllos que no conformes con el resultado de las urnas, buscan promueven y alientan la desestabilización del país y de su economía, sin medir, con el solo objetivo electoral, el mal que, tarde o temprano a todos nos afectará.