La Constitución

Por Julio María Sanguinetti

El editorial de “Correo” de la semana pasado aludió a la avalancha de inconstitucionalidades que ha desatado el Frente Amplio en este fin de año, acompañadas —además— de altisonantes declaraciones personales. Da la sensación que en el gobierno se siente una necesidad de constante reivindicación, de exhibición estentórea de sus puntos de vista, desde una actitud de omnipotencia sustentada en su mayoría parlamentaria.

Cumplido ejemplo de esa actitud son las declaraciones del Ministro Murro, felicitándose por la solución dada al llamado tema de los “cincuentones”, costoso remedio, que —en contradicción con una notoria necesidad del sistema— obliga a jubilarse tempranamente, al tiempo que pone un corsé de dos años para decidir por un sistema u otro. En su constante afán crítico del exitoso sistema de jubilaciones, que salvó al país de una catástrofe y a los jubilados de una insolvencia segura, llega a decir que las “AFAPs ganan mas que el narcotráfico”. Aparentemente él tiene idea de lo que ganan los delincuentes clandestinos y su tono y estilo distan mucho de la seriedad obligada de un Ministro, que ha sido rotundamente desmentido en las cifras que manejó.

Naturalmente, ni se detuvo un instante a pensar que esa ley se votó sin iniciativa del Poder Ejecutivo, como manda la Constitución. Naturalmente es un vicio formal que el gobierno ha subsanado. No así el fondo de la cuestión porque esa fijación de límite a las comisiones agrede los contratos privados de las AFAPs con sus afiliados, invade la propiedad privada y naturalmente viola la libertad de comercio, al subordinar las entidades privadas a la comisión de la República AFAP.

El propio señor Presidente se ha contagiado de ese  clima y se fue a un Comité de Base a arengar, anunciando un nuevo triunfo electoral del Frente Amplio y convocando desde ya al clásico “Festejen”, restringido en este caso a los correligionarios y no a todos los uruguayos. Su violación de la Constitución es innegable. El art. 77º, inciso 5º, dice que el Presidente no podrá “intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”. Si anunciar con triunfalismo una victoria de su partido no es propaganda, no sabemos ya en qué consiste la propaganda. Sería exagerado  hablar de juicio político por esta violación, pero que ella existió es bastante evidente. Confiamos en que prevalecerá en él su estilo prudente y no se dejará llevar por estos arrebatos de fin de año que agitan el ánimo de su equipo de gobierno.

Una tercera inconstitucionalidad, ampliamente difundida, es la del impuesto a las jubilaciones militares. Como se sabe, la fijación de los montos de pasividad está regulada por el articulo 66°, que dispone que “los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores  a la variación del Índice Medio de salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establecen ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la administración central”. La norma queda inequívocamente violada cuando ese monto se reduce —y de modo drástico— por medio de un impuesto. El mismo se aplica, además, a todas las jubilaciones en curso, imponiendo de modo retroactivo una detracción a la asignación.

Ya hemos dicho una y mil veces que hablar del déficit de la mal llamada Caja Militar supone ignorar una situación tan particular como que el número de los cotizantes lo fija el gobierno, que los ha reducido a la mitad. No hay duda que detrás de este afán fiscal hay una animadversión contra el medio militar, al que se le quiere seguir castigando por una dictadura que terminó hace más de 30 años, como lo ha señalado inequívocamente el diputado frenteamplista Darío Pérez. La sociedad uruguaya ha vivido en paz, luego de aquel penoso lapso histórico de violencia que inauguraron los tupamaros con su irrupcción antidemocrática. Las dos amnistías lograron su propósito pacificador y la referida a los militares fue ratificada plebiscitariamente. Grupos minoritarios han mantenido viva una campaña antimilitar, que por cierto no han practicado los viejos guerrilleros sino políticos oportunistas o familiares de personas desaparecidas que —en nombre de su legítimo derecho a reclamar la búsqueda de sus restos— exhiben un abusivo sentimiento rencoroso en contra de una institución integrada hoy por quienes nada tuvieron que ver con los enfrentamientos de hace medio siglo.

La otra inconstitucionalidad grosera es la recurrente idea de instalar el voto en el exterior. Chile acaba de practicarlo por primera vez y el resultado reiteró lo que pasa casi siempre: que los de afuera votan distinto a los que viven en el país. En el caso, el Sr. Guillier ganó por amplísimo margen en todos los países del mundo, incluido el nuestro. Al margen de esa carencia de fundamento de fondo, una norma clarísima exige que “toda ley de Registro Cívico o de Elecciones así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara” (art. 77°, inciso 7°). Más claro, echarle agua. Se ha inventado una “interpretación”, que modifica de modo sustantivo la calidad de los electores, incorporando varios miles. Si esa modificación fundamental del padrón no alude a las elecciones y al registro cívico, parecería que no hay norma de naturaleza electoral posible. Solo en un mundo del revés podrían caber dos opiniones. Todo esto sin pensar que aun con los dos tercios sería inconstitucional y que la ciudadanía ya se expresó en plebiscito, rechazando de modo categórica la idea .

Esta reiteración de la inconstitucionalidad es grave como actitud, como talante cívico, como abierta violación del espíritu republicano que preside las instituciones del país. No son inconstitucionalidades marginales, discutibles o menores. Refieren a hechos de enorme magnitud, reiteradamente denunciados. Suponen una acción deliberada que nos obliga a cuestionar y cuestionar. Nuestro país se configuró, desde las Instrucciones de 1813, en torno a principios jurídicos y políticos fundamentales. No es aceptable que a cada paso un partido de gobierno abuse de su mayoría para imponer una voluntad que desborda todo lo razonable.



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