La Constitución ya no importa
Por Julio María Sanguinetti
 Ya es conocida la inclinación del gobierno a saltearse la Constitución. Las declaraciones de inconstitucionalidad decretadas por la Suprema Corte de Justicia solo le han producido enojos pero, desgraciadamente, no hay ánimo de corregir la actitud. No nos sorprende en un partido donde predominan tendencias que no creen en el Estado de Derecho aunque hoy lo acaten. Pero no por ello podemos seguir guardando silencio, como pasa con la mayoría de una ciudadanía que se ha ido acostumbrando a la situación y que ya, infelizmente, ni se conmueve.
El reciente y teatral episodio de la renuncia del Ministro de Industrias Roberto Kreimerman, ha sido otro episodio clamoroso del desapego a una Constitución a la que ya ni se la menciona en estos debates. El conflicto vino por un compromiso que había asumido el Ministro, según el cual se aumentarían las remuneraciones de sus funcionarios. El Ministerio de Economía, con lógica elemental, adujo que en el año electoral no se podían conceder aumentos (art. 229 de la Constitución). Gabriel Papa, asesor del Ministro de Economía, con toda claridad ha dicho en una columna en la web Uy.Press que “hay tiempos y formas para actuar. En materia de tiempos, por ejemplo, la restricción que opera en los años electorales es tan ineludible como cívicamente saludable. Y las «formas» en la República, lo son todo, o casi todo”.
La disposición constitucional ha sido siempre interpretada como una prohibición absoluta, tanto por el Tribunal de Cuentas como por distintos gobiernos. Es más: éstos han afrontado más de una vez conflictos sindicales muy graves por atenerse a la legalidad. Y es bueno que así se cumpla una norma que, simplemente, frena la actitud demagógica que tan fácilmente puede abrirse paso en un tiempo electoral.
Nada de esto se tuvo en cuenta y el Presidente Mujica laudó el diferendo interno entre los dos ministerios a favor del de Industrias, con la aclaración de que no se podrían aceptar otros reclamos parecidos. En una palabra, encima de la inconstitucionalidad agregamos la arbitrariedad de aceptar una demanda y negar otra, porque los titulares de la primera tuvieron la suerte de un Ministro astuto que supo organizar una pulseada interna con fría eficacia. El Presidente dijo que era una solución de “sentido común”; más o menos aquello de “lo político estuvo por encima de lo jurídico”, cuando se condenó a Paraguay al ostracismo.
Nos preocupa el acostumbramiento de la opinión pública a este modo de actuar al margen de normas que están por encima de los actores políticos, cualesquiera sea el conflicto y por más razonable que pueda ser un reclamo. Es grave que una república lentamente se vaya deslizando a ese territorio en que nada es legalmente firme y todo es posible en el siempre azaroso ejercicio de los acuerdos políticos, que no debieran ser nunca el instrumento para resolver temas de la administración.
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