Correo de los Viernes - LA GESTAPO K

LA GESTAPO K

Por Julio María Sanguinetti

En setiembre de 2009, desembarcaron en la sede del diario “Clarín” de Buenos Aires 200 inspectores de la AFIP (la oficina recaudadora argentina), en varios ómnibus, acompañados además de inspectores del Ministerio de Trabajo y funcionarios policiales. Era una grosera represalia ante cuestionamientos que el diario venía haciendo al gobierno. Para completar el episodio, el Director de la AFIP dijo —en televisión y por escrito— desconocer la operación, no estar enterado de esa invasión que se organizó en su servicio. Desde entonces, la campaña contra ese diario ha sido algo sin precedentes, hasta con jerarcas del gobierno empapelando reparticiones públicas con carteles de “Clarín miente”.

Este año, en julio, desde la ciudad de General Rodríguez, la Sra. Presidente, por cadena nacional de radio y televisión, se refirió a las declaraciones de un empleado de una inmobiliaria, que había dicho en un diario que se había desacelerado la economía en su ramo de actividad. “Ni siquiera los curiosos entran a preguntar”, añadió. El pobre inmobiliario no se imaginó que podía ser destinario nada menos que de una cadena presidencial y de su paladina señalando que personalmente había llamado al titular de la AFIP para que le informara sobre la situación impositiva del declarante, a fin de iniciarle una investigación. O sea que sin ningún rodeo se afirmó, desde la mayor altura, que la oficina impositiva del gobierno es usada como represalia para quienes osen criticar al gobierno.

Son apenas dos episodios, pero altamente reveladores de una gravísima situación institucional. Podríamos agregar un rosario de hechos análogos. Nuestra pregunta es, entonces: cuando nuestros delegados marchan hacia la oficina que califica a los Estados como “paraíso fiscal” o “lista gris”, ¿no podrán mostrar los videos de estos casos y hacerles saber a los burócratas internacionales que ellos reclaman un acuerdo con una verdadera Gestapo fiscal, que es usada ostensiblemente con finalidades políticas?

El Uruguay, un país con una enorme presión impositiva, fue acusado en su tiempo por Argentina de “paraíso fiscal” pero logró, finalmente, salir de la llamada “lista gris”. Sin embargo ahora, de un modo realmente inamistoso, el director de la AFIP argentina habla de que Uruguay es un “paraíso fiscal deportivo”. ¿Es aceptable ese destrato público de parte de un funcionario argentino? ¿No hay un gobernante uruguayo que se indigne? ¿Tan bajos de dignidad nos sentimos?

Es clamorosamente obvio que el gobierno argentino quiere desalentar a sus connacionales que invierten en Uruguay y, si se da el caso, perseguir a algún rival político que sea propietario de algo en nuestro país. Lo han hecho una y otra vez. Pero también ocurre con nuestro Estado. ¿Es posible que permanezcamos impasibles y soportemos las constantes denuncias que se nos hacen, en daño gravísimo a nuestra economía?

De un modo soberbio, el funcionario de la entidad vinculada a OCDE que vigila estos temas, dice que Uruguay “va a tener que elegir si quiere seguir teniendo malos clientes o inversores transparentes”. ¿Y Uruguay sigue hablando con este buen señor? ¿Nadie le dice que el Uruguay tuvo hace años su investment grade, que lo perdió cuando la crisis argentina de 2002, pero que ya lo ha recuperado y que, por cierto, tenemos inversores tan limpios como los de cualquier país serio?

Por supuesto, ya sabemos que todo se quiere vestir de la santa causa de perseguir la “evasión fiscal”, de luchar “contra el fraude”. Nuestro país, el de mejor conducta fiscal en América Latina —por cierto mucho mejor que Argentina—, ¿puede aceptar ese enjuiciamiento permanente?

Desde la filial de OCDE encargada del tema, se reclamaron acuerdos de información tributaria. Se suscribieron 18. Se pidió que las acciones al portador de sociedades anónimas se identificaran en un registro. Se ha hecho. Se reclama también un acuerdo con Argentina y otro con Brasil. El problema, naturalmente, es Argentina, que todo el tiempo hostiga a nuestro país y con el cual razonablemente no deberíamos acordar. Desgraciadamente. ya se firmó un tratado, pero la etapa de ratificación parlamentaria está abierta y mucho se puede hacer .

El argumento invocado de que se precisan acuerdos de información con países “relevantes” cae por su peso cuando existen razones que descalifican a la AFIP argentina como un socio aceptable. Se han suscrito acuerdos con oficinas sometidas al Estado de Derecho, no con instrumentos abusivos de la autoridad pública.

Todo este proceso es gravísimo. Y si escribimos estas líneas con pesar cívico es porque aspiramos a que todavía se produzca la necesaria reacción. Ante la Argentina y ante la OCDE, de la que —es oportuno recordar— ni siquiera somos socios ni tiene jurisdicción alguna sobre nuestro país.