El presidente del sindicato de OSE, Federico Kreimerman, fue imputado por la Justicia por lanzar una bomba de humo en las oficinas de OSE mientras se abrían los sobres de la licitación del proyecto Arazatí. Desde que las autoridades presentaron la denuncia, Kreimerman se mostró orgulloso de sus acciones, diciendo que eran "necesarias". De la soberbia inicial ha pasado a la victimización, argumentando que lo "persiguen políticamente", que sus acciones no fueron graves. Por fortuna, tanto la fiscalía como la justicia, no se han dejado enredar en los delirios adolescentes del sindicalista.

El juez penal Huberto Álvarez tomó la decisión tras la solicitud de la fiscal Fabiana Corbo, quien reemplazó a Gabriela Fossati en este caso. La imputación se basa en el delito de "atentado especialmente agravado", según el artículo 171 del Código Penal. Este artículo establece que el atentado implica usar violencia o amenaza contra un funcionario público con el fin de impedirle asumir su función, estorbar su ejercicio, obtener su renuncia o mostrar prepotencia, odio o menosprecio hacia él.

La fiscalía alega que Kreimerman realizó actos violentos que excedieron lo que se consideraría una manifestación pacífica. Su objetivo, que él mismo se encargó de dejar en claro en cuanto micrófono le acercaron, fue obstaculizar el ejercicio de la función pública y mostrar desprecio hacia las autoridades responsables de la licitación. Este delito conlleva una pena de tres meses a tres años de prisión.

Aunque Kreimerman ha expresado su desacuerdo con la imputación, argumentando que se trata de una "judicialización de la protesta social" y un "montaje político", la fiscalía y la justicia sostienen que el acto fue violento y que basta con la intención de cometerlo para configurar el delito.

En esta línea es importante destacar que, durante la protesta, dos personas necesitaron atención médica debido a la exposición al humo generado por la bomba que arrojó Kreimerman. Esto indica claramente, a juicio de la fiscalía, que el incidente tuvo repercusiones reales en la salud de algunas personas presentes en el edificio de OSE. Además, en la carpeta se informa que los manifestantes causaron disturbios, apagando las luces, golpeando mamparas y arrojando, además de las bombas de humo, otros objetos hacia áreas con materiales inflamables.

Según destacaron los medios presentes durante la audiencia de formalización, allí se reveló que algunos funcionarios de OSE se sintieron amenazados y tuvieron que tomar medidas de seguridad como cerrar puertas y ventanas. A pesar de que la defensa de Kreimerman insiste en que ningún funcionario sufrió amenazas o violencia, los hechos la contradicen.

La investigación sigue ahora su curso, y la justicia ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar posibles cómplices. Si se descubre la participación de otras personas en actos violentos similares, la imputación podría ampliarse, según declaró el juez penal Huberto Álvarez luego de la audiencia.

El caso Kreimerman plantea cuestiones importantes sobre los límites de la protesta social y la libertad de expresión. Como analizábamos en un reciente editorial de CORREO, la utilización de la violencia como herramienta de presión y el intento de justificarla bajo el manto de las libertades sindicales, no puede convertirse en una práctica sistemática. No todo vale, nadie tiene coronita, y la justicia debe actuar en consecuencia.