Correo de los Viernes - Jueces vengadores y vengativos

Jueces vengadores y vengativos

Por Julio María Sanguinetti

Nuestro país salió de la dictadura limpiamente. En paz y libertad. Lo que no se pudo resolver en Club Naval, se resolvió luego del 1° de marzo de 1985, dejando sin efectos los procedimientos contra Wilson Ferreira Aldunate y el General Seregni, que recobró todo su estatuto y derechos correspondientes al grado.

Se votó una amnistía a quienes habían integrado las organizaciones terroristas que desde 1963 pretendieron derribar las instituciones democráticas para instaurar un régimen a la cubana. Todos salieron de la cárcel, aunque hubieran cometido delitos de sangre. En la administración, 10 mil funcionarios recobraron sus cargos u optaron por jubilarse, luego de incorporar a su solicitud los años de destitución como trabajados, con los ascensos que le hubieran podido corresponder. Fueron miles y miles de derechos restituidos. Cada militar que hizo una declaración fuera de lugar fue relevado o arrestado, según correspondiera.

El Poder Judicial y el Poder Legislativo actuaron con absoluta independencia de criterio. Ninguno de sus miembros alegó jamás carecer de capacidad para actuar conforme a su criterio. La Suprema Corte de Justicia, integrada por magistrados de notoria relevancia, resultado de un acuerdo de todos los partidos políticos, cumplió sus funciones cabalmente y nadie en el país imaginó que su voluntad estuviera enajenada por el temor o la presión. Es más, muchos de los jerarcas judiciales de mayor relevancia hoy fueron jueces en aquel tiempo. Ninguno afirmó nunca que su función era nominal y estuviera condicionada.

Todo es notorio y público. Como lo es que, en nombre de la pacificación, el Poder Legislativo dictó amnistías y lo hizo con generalidad, para todos, procurando conciliar el natural sentimiento de justicia con la necesidad de reconstruir una democracia.

Ahora estamos viviendo un momento singular, en que algunos jueces, imbuidos de un poder arrogante que actúa sin límites, atropellan el derecho en nombre de su particular sentido de la justicia. En una palabra, hacen lo mismo que los militares de la dictadura. Éstos creían que en la lucha contra la guerrillera terrorista todo valía, así como estos señores jueces asumen que, en materia de crímenes de la dictadura, se pueden atropellar todos los principios.

Se ha sostenido, por ejemplo, que las prescripciones de los delitos recién empiezan a correr cuando entró al gobierno del Frente Amplio, en la interpretación más delirante que se pueda concebir. Hasta ahora se había reconocido que el período de la dictadura se excluía, con la poderosa razón de que no mediaban entonces las garantías de una justicie independiente.

Pero desde marzo de 1985 los poderes constituidos asumieron y, como decimos, no puede alegarse esa imposibilidad. Por eso mismo, en la realidad se alegaron ataques a los derechos humanos y miles de ellos pudieron ser reparados. El Estado hasta contrató un detective en la Argentina para buscar a una niña, hija de uruguayos desaparecidos en el país vecino. Por supuesto que hubo actuaciones e investigaciones con referencia a militares, que no dieron resultado, en su mayoría, por un abroquelamiento en el silencio que se dio, como era de esperar, cuando la mayoría de los oficiales había actuado en el período de la guerra interna.

Pasado el primer período, en el del Dr. Lacalle no mediaron denuncias de nadie, luego de que la ciudadanía ratificara la Ley de Caducidad y todo el mundo dijera que el tema estaba concluido. Más tarde empezaron de nuevo las denuncias y en el período presidencial del Dr. Batlle actuó la Comisión para la Paz que llevó a cabo investigaciones también y así sucesivamente. ¿Cómo se puede, arbitrariamente, decir que no había modo de alegar derechos? ¿Y los miles de profesores y maestros destituidos no pudieron hacerlo?

Ya van varias sentencias que sostienen también que no importa que no existiera en la época del hecho delictivo la calificación de delitos “de lesa humanidad”. Se estima que se puede aplicar retroactivamente y, en consecuencia, establecer que no hay prescripción. Con una opinión sensibilizada por casos horrorosos, como es natural, los magistrados se envuelven en la túnica de vengadores y entierran en el acto el más histórico de los principios del derecho penal liberal que, desde Roma, lo inspira todo: no hay delito sin ley que lo establezca (“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”).

O sea que retroactivamente se aplica un delito que no existía. Es la misma barbaridad de la inconstitucional ley que anuló los efectos de la Ley de Caducidad y pretende ir para atrás con normas sancionatorias.

Como es muy difícil discutir estos temas, porque de inmediato el terrorismo verbal pretende que quien defienda el Estado de Derecho será acusado de cómplice de la dictadura, se hacen estas afirmaciones y allí quedan.

Por supuesto, el partido de gobierno tiene en todo esto una enorme responsabilidad. Pese a dos pronunciamientos de la ciudadanía, dictó una ley anulando los efectos de la ley de caducidad. O sea atropellando al órgano máximo del sistema democrático, que es el cuerpo electoral. De esa extralimitación de los legisladores, son hijas estas otras de algunos jueces.

Quienes tenemos una vida empeñada en la lucha por las instituciones democráticas, no perdemos la esperanza de que en algún momento se restablezca la cordura y la autoridad judicial vuelva a ser garantía para todos. Los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia fueron jueces a lo largo de todo el período democrático, muchos de ellos también lo fueron durante la dictadura.

¿Consideran que fueron marionetas y que su ejercicio jurisdiccional era una farsa y, por tanto, no corren prescripciones entre 1985 y 2005? ¿Vivimos 20 años en la ilegalidad, pese a las elecciones, el Parlamento, los gobiernos, los jueces, que actuaban sin alegar ninguno que estuviera limitado salvo por la Constitución y las leyes?