Desde ámbitos diversos se ha quitado relevancia al pronunciamiento del domingo próximo. Se lo ha hecho con el buen propósito de apaciguar ánimos e insistir en que aun un resultado adverso no pone en cuestión la estabilidad del gobierno y el funcionamiento normal de las instituciones. Lo que es verdad.

Sin embargo, las importancia del resultado es insoslayable. Para empezar, digamos que no son equivalentes las consecuencias para una y otra posición. La derrota del SÍ golpearía sin duda al Frente Amplio, por más que siempre hablarán de la cantidad de las firmas conseguidas y de la importante votación alcanzada... La verdad es que han extremado todos los recursos, han movilizado cualquier sector con capacidad de presión y se han deslizado al territorio penoso de la constante falsificación de los alcances de la ley. Hasta embanderaron edificios universitarios, un director del BPS hace propaganda como SÍ no le estuviera prohibido y en el colmo -lindando ya con el terrorismo- pusieron una pancarta en la antorcha de la refinería. No hay duda de que un resultado adverso tendría indudablemente consecuencias para ellos, pero no serían comparables a las que golpearían a la ciudadanía en caso contrario.

Un triunfo del SÍ llevaría a una desmoralización policial peligrosísima y significaría condenar a la educación a la imposibilidad de los cambios fundamentales, que se están comenzando a aplicar y que la pandemia postergó.

No es ninguna exageración afirmar que el mundo del delito celebraría el resultado, en el momento en que se le quitarían herramientas de actuación a la policía, se abrirían espacios para las libertades anticipadas, se disminuirían penalizaciones al narcotráfico y las agresiones sexuales, como incluso lo reclamaban las organizaciones feministas radicales.

En la educación la situación es crítica. Vivimos un cambio civilizatorio y no está asumido en el sistema, al que entregaron en la ruina, luego de malgastar una fortuna, como lo lamentaba Astori. Los resultados en aprendizajes han sido muy negativos. Dejamos de ser vanguardia, junto con Argentina. Hay que cambiar métodos, procedimientos, manuales. Se han comenzado ya transformaciones relevantes, como la creación de los centros María Espínola, en Secundaria y UTU, que apuntan, tal cual ocurrió en su tiempo con las escuelas de tiempo completo, a los sectores más necesitados de atención.

Todo ha sido posible por la sustitución de los Consejos por Directores Generales. Es notorio que aquellos estaban dominados por la representación gremial. La Investigadora sobre Secundaria y los abusos de los dirigentes de Fenapes ha sido concluyente. Hasta el presidente del Codicen de la época, el profesor Netto, lo ha reconocido. La ley, entonces, ha sido el rescate para la administración de una traslación del poder público, usurpado por esos representantes gremiales. Esto sí que había sido una privatización, porque el Codicen y los miembros políticos ni de cerca tenían el poder de quienes podrían lucir como minoritarios pero que ejercían en los hechos la autoridad. No era una privatización individualista sino corporativa y eso es tan antirrepublicano como cualquiera otra que desvalorice a quienes han sido electos por la ciudadanía para gobernar.

Las organizaciones gremiales son necesarias. Imprescindibles para la defensa de los intereses de los trabajadores. La Constitución las ampara y la ley lo ratifica. La cuestión nace cuando, más allá de la defensa de esos intereses, pasan de hecho a ejercer la administración.

Si le añadimos a este panorama la eliminación de la prohibición de ocupar edificios públicos (en su momento decretada por Mujica) y la autorización de piquetes, tal cual vimos en la UTU hace muy poco, el panorama sombrío se ennegrece aún más.

Por supuesto, hay muchas otras normas importantes que caerían. Como la facilitación de las adopciones, que han funcionado con mejores resultados. O la titularidad del número de teléfono celular, la famosa "portabilidad numérica" que deja al usuario en libertad para cambiar de empresa cuando quiera.

En una palabra, el SÍ dañaría intereses muy importantes de la sociedad uruguaya. Y al gobierno por cierto que le provocaría un tropiezo inocultable. No caída pero SÍ tropezón. Y no es poco para una administración que enfrentó exitosamente una pandemia, con efectos en la salud y la economía, y ahora las consecuencias de una guerra que dispara en el mundo entero los precios del petróleo y de los granos.

No nos engañemos. Lo del domingo tendrá valor histórico. Confiemos en que sea para bien.