Ing. Carolina Cosse y el Antel Arena

Por Jorge Ciasullo

“Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente le asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales” (Constitución de la República, sección XI, artículo 190).

“Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación” (Constitución de la República, sección II, artículo 25) .

El pasado 28 de julio, la Sra. Carolina Cosse debió declarar como indagada ante la citación realizada por el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, en relación con todo el proceso de la construcción del Antel Arena -bajo la presidencia de la hoy intendente- en particular sobre las irregularidades detectadas: “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”.

Más allá de la inconstitucionalidad -desde el vamos de la obra- hecho que le fue reiteradamente advertido, así como el presupuesto que anunció que también le fue advertido (“no dan los números” senador Dr. Pedro Bordaberry). Es que, cabe recordar que, sobre un presupuesto estimado en 40 millones de dólares, su costo terminó siendo 3 veces superior, además de irregularidades sobre compras millonarias sin llamado a licitación (sólo dos de ellas cumplieron con esta norma), se continuó contra viento y marea con el proyecto. En su “optimismo” o tal vez alegre irresponsabilidad, anunció que generaría ganancias de 10 millones de dólares por año, esto es, en 4 años se desquitaba la inversión. Pero los números son tan crueles como impecables: en el período 2018-2020 las pérdidas fueron de U$S 3.748.000 (período que abarca 16 meses de pre pandemia).

Se conocieron la mayoría de sus declaraciones que, a nuestro juicio, revelan, en una persona con formación universitaria, una absoluta falta de respeto hacia la ciudadanía, porque no es admisible que tal suelta de cuerpo haya expresado (textual):

- “No vio el presupuesto. pero en algún lado debe estar”.

- “Los 40 millones se refrían a la obra civil exclusivamente”.

“Se calculó un retorno anual de U$S 12 millones”.

- “La responsabilidad de todo el proceso es del servicio de la empresa”.

Ahora bien, amigo lector, intentemos razonar de la forma más simple posible: usted tiene ahorros y tal vez un préstamo con una suma X, resuelve construir una casa en un predio de su propiedad, solicita entonces uno o varios presupuestos de obra, los que obviamente deben incluir, aperturas, mosaicos, albañilería, conexiones, grifería y otros costos asociados, permisos trámites, final de obra, etc. Si el presupuesto que recibe es igual o superior, en todos los casos, a los fondos que dispone, y solo es sobre la “obra civil” es decir el esqueleto por llamarlo de alguna manera, ¿usted qué hace?

En relación a mega obras de la época podemos comparar costos con nuestro país y con la región. En Montevideo el Campeón del Siglo, con aforo para 40 mil personas costó U$S 40 millones. En la región se construyeron tres “Arena” entre Argentina y Brasil, el costo total de los tres fue de 70 millones de dólares (Ejemplo: el Direct TV Arena de Buenos Aires 15 mil butacas costó U$S 20 millones).

Pero veamos la realidad: no existió ningún estudio serio de factibilidad económico financiera del proyecto; no se controló el uso de recursos; la rentabilidad es negativa y, por último. el valor actual del emprendimiento es irrisorio en relación a su costo.

Ahora bien, la Ing. ha calificado de “pseudo auditorias” la realizada por profesionales -de paso descalificándolos- que en forma incontrastable revela técnicamente, no sólo irregularidades, sino decisiones con aparente apariencia delictiva. Luego atribuyó todo a una “opereta política”.

¿Realmente merece la ciudadanía una burla tan desembozada?

Creemos que no. Esperamos sí que se siga adelante con las indagaciones y, si fuere del caso, aplicar las sanciones previstas en la Constitución y en la ley.



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