Indefensión
Por Luis Hierro López
La gente se siente indefensa. No recurre a la Policía y, para colmo, empieza a desconfiar de la Justicia
Mientras los poderes públicos se pelean entre sí, acusándose los Fiscales y la Policía sobre sus responsabilidades (o irresponsabilidades) ante algunos delitos, aumenta el sentimiento de indefensión de los uruguayos, extendido ahora a una creciente desconfianza en la Justicia.
Según una reciente encuesta de Opción el 68% de la población confía poco o nada en que la Justicia encontrará a los culpables de los delitos cometidos. Un 39% de los consultados dijo no confiar “nada” en que el sistema judicial castigará a los delincuentes, mientras que un 29% dijo confiar “poco”. Esa creencia está respaldada en los hechos, como veremos después. La situación de descrédito de la Justicia es nueva en Uruguay y según el análisis de la encuestadora, ese retroceso nos asimila a lo que ocurre en otros países de América Latina.
Mientras tanto, un 73% de las víctimas de robos u otros delitos no hizo la correspondiente denuncia a la Policía, según un estudio oficial lo que tira abajo todas las mediciones sobre la cantidad de delitos realmente cometidos, ya que la Policía se enteraría sólo del 27% de los mismos.
A este panorama desolador, hay que agregar que sólo un 5% de las rapiñas y un 10% de los delitos en general son aclarados, ubicándose a los responsables, según informaciones manejadas públicamente por el Fiscal Dr. Zubía y por el ex Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Chediak. Quiere decir que la desconfianza de la población está plenamente justificada.
Estos porcentajes dan cuenta de una situación dramática: el Estado, que tiene la obligación primordial de cuidar la vida y los bienes de las personas, se encuentra en franca retirada. Viene fracasando rotundamente en su deber de controlar el delito y, como comentamos en notas anteriores, en algunas zonas del país ya no puede intervenir ni la Policía ni la Justicia, dada la preponderancia de las bandas delictivas.
Se produce en estos días una conmovedora saga de asaltos y crímenes y la Policía aparece sin respuestas. ¿Es posible que no se puedan custodiar los cajeros, los comercios céntricos, los supermercados y los shoppings? La forma impune en que se producen esos atracos lleva incluso a alguna gente a creer que hay complicidad política de las autoridades del Ministerio, recordando la acción de las “tupabandas”. Sinceramente, no creo que eso sea cierto, pero en todo caso me asocio al asombro y a la indignación popular ante la inacción de las autoridades, que en vez de prevenir o reprimir el delito siguen dando explicaciones...
Conozco de memoria los desafíos de todo tipo que enfrenta el Ministerio de Interior, por lo que sé que la tarea es muy difícil. Pero lo peor que puede ocurrir es que las autoridades se resignen o muestren ausentes, porque el Estado no puede renunciar ni huir.
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