Impuesto Mínimo Global: un manotazo de ahogado para el control de los mercados

Por Elena Grauert

En Uruguay, poco se ha hablado del Impuesto Mínimo Global (IMG). Este impuesto fue creado por la OCDE y votado por 140 países. Propone que las empresas multinacionales grandes paguen un impuesto mínimo del 15%, independientemente del lugar donde se encuentren situadas.

Es evidente que el gravamen tiende a impedir que países que quieren atraer inversiones otorgando facilidades impositivas no puedan hacerlo o que sea más difícil. Son muchos los Estados que desean atraer inversiones de mayor valor agregado con tecnología de punta, como Uruguay, utilizando estos mecanismos totalmente legítimos.

Lo que impone el IMG es evitar que los impuestos dejen de ser uno de los factores o variables competitivas y que esto no sea un factor que las empresas tengan en cuenta para instalarse. Claramente, con este impuesto, a las empresas de gran porte, sobre todo las tecnológicas, les conviene mantenerse en los países más ricos, ya que se desarticula el beneficio de instalarse en lugares que cobren menos impuestos. Además, los países más ricos saben que tienen la enorme ventaja competitiva de un mayor mercado y que la cercanía es un factor que pesa mucho al decidir, debido a la logística de traslados, entre otros aspectos.

Con esta absurda medida, la OCDE no propende al desarrollo mundial, como esboza entre sus objetivos; su meta es mantener el "status quo" y proteger que las empresas mayores se concentren en sus mercados.

Otra de las graves consecuencias que acarrea este impuesto es que las empresas se vayan del país, cosa que ya está ocurriendo en Uruguay. Es claro para dichas corporaciones que perder el beneficio tributario puede llegar a ser el único factor que les haga la diferencia para mantener una operación en un país lejano de las urbes con mayor PBI per cápita.

Este cercenamiento de la libertad de empresa, y sobre todo entre los países, cobrando inmensos impuestos, claramente viola las normas del mercado libre, igualando hacia arriba o protegiendo a los países que cobran tributos altos. Si soy un país eficiente que cobra pocos impuestos, ¿por qué está mal atraer a las empresas por ese motivo?

Como todo impuesto, este es recesivo por el impacto en el desarrollo, ya que primero encarece el producto por el traslado natural que siempre se da de los impuestos a los precios; por tanto, los ciudadanos son los que terminan pagando más. Segundo, para los países menos desarrollados como Uruguay, conlleva a una fuga de cerebros o emigración de muchos buenos técnicos que estudiaron y se formaron en los países emergentes a los que se les ofrece emigrar con toda su familia, esto sin duda tiene un impacto económico y social importante.

Cuando se habla de competencia justa por parte de la OCDE, claramente no lo es. De lo único que trata este impuesto es de una distorsión regulatoria impuesta por los Estados, donde el fin es recaudar más y concentrar poder. La competencia por atraer a las empresas no debería ser cobrando más impuestos, sino bajándolos, atrayendo inversiones de forma legítima y no imponiéndolos coercitivamente. El sistema perverso del concierto mundial es: no quiero perder impuestos, quiero seguir recaudando. Pongámonos de acuerdo y cobremos un impuesto universal para que nadie escape, así seguimos manteniendo el poder, no importa que suban los precios y queden gran parte de los ciudadanos sin poder acceder a esos productos (tecnológicos, medicinales o energía fundamentalmente).

En una entrevista realizada en El País a Martín Litwak, abogado argentino especializado en fiscalidad internacional, se pregunta: "¿La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se va a detener aquí con el IMG a las ganancias corporativas o va a proponer después un impuesto mínimo global a las ganancias personales, un impuesto mínimo global a la riqueza, un impuesto mínimo global a otras cosas? La respuesta es, por supuesto, que no va a parar aquí, porque desde hace 30 años que nunca para, siempre quiere algo más".

El entrevistado va más allá y sostiene: "Uruguay creo que ha cometido muchos errores en esto. Tendría que haber tomado una posición como tiene Islas Vírgenes, que cuando llega una presión nueva, por ejemplo, al registro de beneficiarios finales, lo que dice Islas Vírgenes es: ‘miren, cuando esto sea estándar mundial, yo lo adopto; antes no, no voy a hacer un conejillo de indias'".

El tema es que está lleno de presiones que vienen de quienes inventan este sistema de control internacional, que amenazan y sancionan a Uruguay por los créditos o calificaciones, pero no tienen la misma postura con las Islas Vírgenes Británicas. ¿Unos pueden y otros no? Fue en el gobierno del Presidente Mujica que salieron todos los economistas y abogados en defensa de cumplir todos los lineamientos de la OCDE, la amenaza "Uruguay podía entrar en listas grises o negras". Lo cual es parte de la dominación económica que la izquierda dice tanto luchar contra ella, pero en el momento de poner paños fríos, hablar con sus socios sudamericanos, callan y hacen todos los deberes.

Claramente es un esquema de dominación internacional, donde la filosofía preponderante basada en la supuesta "defensa al interés general", lo que hacen es utilizar el derecho internacional para obligar e imponer a los Estados políticas universales en beneficio de los países más ricos en perjuicio del individuo, limitando las libertades de los ciudadanos del mundo.

Los impuestos atentan contra la propiedad privada y pensar en tributos internacionales es introducir la política y economía de otros Estados y dominar la de los países con menos influencia y, por ende, la de su gente.

Lo peor es que todas estas normas de trazabilidad e imputación, que parecen tan sociales y justas al decir perseguir el lavado, priorizan la persecución impositiva internacional, inhibiendo primero que nada la libertad de las personas para elegir dónde vivir, dónde invertir y, por ende, la libre competencia entre países, en cuanto a poder establecer sistemas impositivos que incentiven la inversión en los mismos, como las zonas francas.

Los impuestos son un mal necesario, pero los países no deben fortalecer los mecanismos de recaudación, sino todo lo contrario. Deben ser más eficientes, manejar los dineros públicos con mayor cautela, para cobrar menos y dejar que los ciudadanos gocen de sus bienes.

Es evidente que Uruguay debe bajar la presión tributaria, y sin duda, como indica la "curva de Laffer", bajar impuestos debería aumentar la inversión y el consumo, lo que se debería traducir en un aumento de la recaudación.

Que el IMG sea un lastre es un dato de la realidad. Debemos estar alertas, y parte de eso es generar todos los incentivos posibles para el uso intensivo de la ciencia, la tecnología y la innovación para generar un mayor valor añadido, como decía Ricardo Pascale. Para ello, se necesita libertad, atraer y generar empresas que creen y usen la tecnología, con mucha capacidad de innovación.

Uruguay se debe parar de frente y defender sus derechos. Estoy segura de que hay muchos que lo acompañarían. La intromisión tributaria y la falta de garantías deberían propender a un acuerdo global que diga: No a los mandatos de organismos internacionales, que lo único que persiguen es conservar el sistema de "welfare state" carísimo de los Estados más ricos, pretendiendo que el mundo quede estático empobreciéndose a su costa. Lo cual el propio devenir del mundo, en el que lo único permanente es el cambio, no lo va a permitir, por el propio funcionamiento de la economía, por las buenas o por las malas.




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