Una de las "perlas" más destacadas de la exposición del Ing. Gabriel Gurméndez en el Senado, anteayer, fue dar a conocer que el supuesto informe producido en 2013 por el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UdelaR, en realidad era apócrifo.

El 2013, los entonces Ministro de Industria Roberto Kreirmerman y presidente de Antel Carolina Cosse, acompañados de asesores varios, concurrieron a la comisión de industria, energía y minería de la Cámara de Representantes.

En la ocasión, tanto el asesor letrado de la telefónica estatal, Dr. Matías Rodríguez, como la Ing. Cosse, blandieron un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Udelar, suscrito por su entonces director, el Dr. Alberto Pérez Pérez, en el que se sostenía que el principio de especialidad establecido por el art. 190° de la Constitución de la República ("Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales") debe ser interpretado con amplitud y, por tanto, no era trasgredido por el convenio entre la Intendencia de Montevideo y Antel para construir el complejo Antel Arena: "no cabe duda de que el convenio está comprendido dentro del giro de los negocios de Antel y forma parte de sus actividades normales".

El Dr. Alberto Pérez Pérez señala al cierre del informe lo siguiente: "Confiando haber cumplido cabalmente el encargo recibido por este Instituto, saludo a la señora Decana con mi más elevada consideración".

Una y otra vez la ingeniera Cosse se abroqueló detrás del dichoso informe del Instituto de Derecho Constitucional para descalificar al Tribunal de Cuentas -que objetó el referido convenio por violar el principio de especialidad- y a constitucionalistas varios que opinaban en el mismo sentido. Como señaló anteayer el ingeniero Gurméndez en el Senado, el informe firmado por Pérez Pérez fue utilizado repetidamente como justificación del accionar inconstitucional de Antel e ignorar las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad del proyecto. Incluso el Dr. Miguel Ángel Toma lo utilizó reiteradas veces en defensa de la constitucionalidad del Antel Arena.

Pues bien: entre las "perlas" reveladas por el ingeniero Gurméndez anteayer fue la referida al origen del tal informe.

"Ante las dudas que se generaron sobre la autoría de dicho informe, dirigí una consulta a la Universidad de la República para conocer la respuesta oficial sobre el asunto. La respuesta nos llegó hace algunos días y fue bastante impactante", expresó Gurméndez.

La sorpresa fue mayúscula porque el Instituto de Derecho Constitucional señaló textualmente:

El informe no lleva, como debería, la firma del secretario del instituto.

No hay actas del instituto donde haya quedado registrado el análisis de ese tema.

Quienes integraban la sala del instituto y aún hoy lo hacen, Dres. Ruben Correa Freitas, Jaime Sapolinski y María Elena Rocca, manifiestan que no participaron ni tomaron conocimiento de la consulta redactada y firmada por el director de entonces, el ya fallecido Dr. Alberto Pérez Pérez.

O sea, el tal "informe del Instituto de Derecho Constitucional" era apócrifo. En rigor era, apenas, la opinión personal del Dr. Alberto Pérez Pérez -connotado asesor jurídico frenteamplista desde su fundación- pero que él mismo pretendió hacer pasar por institucional al emplear hojas membretadas del instituto y referir su informe como un "encargo recibido por este Instituto".

En suma, una trampa, una engañifa con todas las letras que, además, probablemente constituya un delito aunque quien podría haber sido encausado por el mismo, el Dr. Alberto Pérez Pérez, ya falleció.

Las tinieblas en que estuvo inmerso el proyecto Antel Arena desde el inicio comienzan a despejarse merced a la acción del directorio presidido por el ingeniero Gabriel Gurméndez. Y lo que va apareciendo a la luz de la opinión pública es cada vez más siniestro.