Las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentaron una denuncia penal en la que se detallan diversos sucesos en los que hubo falta de controles y discrecionalidad. Desde duplicación de gastos, pasando por dinero "de más" destinado a diversos convenios, hasta pagos excesivos a talleres mecánicos. Las auditorias detectaron "riesgos de colusión, uso indebido de fondos, posibilidad de fraude e ineficiencia del gasto".

A principios de febrero, el exdirector general de secretaria del Mides y actual asesor directo del Presidente Lacalle Pou, Nicolás Martinelli, presentó una denuncia penal ante la fiscalía especializada en delitos económicos y complejos poniendo fin a la primera etapa de auditorías en dicho ministerio.

Según consigno Búsqueda en su edición del jueves 11, el documento anexo a la denuncia, al que accedió el semanario, describe el estado de situación de las diferentes áreas que componen la estructura de la Dirección General de Secretaría y denuncia una diversidad de hechos irregulares.

Por ejemplo, al investigar el Área Financiero Contable, las nuevas autoridades constataron que Uruguay le pagó US$ 72.000 de más a Cuba por un convenio -para que técnicos de ese país especializados en ortopedia brindaran servicios en Uruguay- firmado por el último gobierno frenteamplista. Según surge de los documentos publicados por Búsqueda, esto se debió a que se pagaba "sobre la base de un borrador de convenio que contenía cifras más elevadas que el convenio finalmente firmado".

"Un ejemplo más de lo devastador que ha sido para este ministerio la ausencia de protocolos y procesos o rutas de expedientes debidamente establecidas", evalúan las nuevas autoridades en la denuncia.

Por otra parte, se constataron fallas en los controles sobre los pagos de alquileres por montos cercanos a los $ 18 millones. De acuerdo a lo publicado por el citado medio de prensa, el ministerio pagaba a las organizaciones sociales los montos por concepto de alquileres, pero luego estas "no cumplían con el pago al propietario". Entonces se activaba la garantía y era el Ministerio de Vivienda quien abonaba. De esta manera el Estado "pagaba dos veces".

También, según la denuncia publicada, durante las pasadas administraciones era "muy común realizar contratos con organizaciones que presentaban incumplimientos o problemas de rendiciones en contrataciones anteriores, principalmente por falta de un sistema de evaluación y registro de incumplimientos".

Pero los descuidos no se presentaban únicamente en el pago de alquileres y en el control de las organizaciones que brindaban servicios, el Mides también gastó $ 71.000 en servicios de UTE y OSE en inmuebles que "ya no se encontraban en su poder".

A nivel de programas también se hallaron irregularidades. En Uruguay Trabaja, por ejemplo, las nuevas autoridades encontraron que durante la administración anterior hubo atrasos en la inscripción ante el BPS por un monto de $ 4.5 millones, lo que provocó al Mides multas y recargos por $ 1.1 millones.

Los viáticos también fueron objeto de observaciones por parte de las nuevas autoridades. Según el texto de la denuncia publicado por Búsqueda, las anteriores administraciones incumplían con el decreto de viáticos 279/012, ya que "prácticamente todas las Direcciones Nacionales tenían más de una caja chica" y un "uso desmedido de las solicitudes de los vales a rendir".

Finalmente, producto de que "los talleres eran elegidos a dedo por la gerencia Logística" en años anteriores se llegó a gastar entre 7 y 8 millones de pesos en arreglos. En 2020, ese gasto se redujo 50%, lo que indica que había serios sobrecostos. También, en referencia a la compra y distribución de vouchers de pasajes, hubo "discrecionalidad y falta de control". Según el informe, en 2019 se gastó por este concepto cerca de $ 30 millones, de los cuales aproximadamente $ 20 millones "fueron destinados a personas ajenas al ministerio".

Dentro de las medidas correctivas que está empleando el gobierno, se destaca la firma de nuevos convenios para evitar la responsabilidad solidaria del ministerio por falta de pago de alquileres, la mejorará del sistema informático utilizado para el control de las rendiciones de cuentas y la reducción y el tope impuesto a las "cajas chicas" del ministerio.

Ahora nos queda claro porque los frenteamplistas pretenden ridiculizar las auditorias diciendo que "sólo se encontró café vencido". Ojalá; pero tristemente no es así.