Fábricas de rapiñeros
Por Luis Hierro López
Además de la deserción educativa y del atraso que marcan los indicadores de aprendizaje, Uruguay muestra enormes carencias en otras cuestiones muy preocupantes, como la rehabilitación de adolescentes o la situación de las cárceles, lugares de espanto que promueven la multiplicación del delito.
La advertencia de la directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, sobre las carencias que tiene el sistema de contención y rehabilitación de los jóvenes infractores, nos debe provocar una enorme interrogante sobre el futuro del país. Hay muchachos que son irrecuperables y a quienes habría que asistir y controlar de por vida; hay otros que ni siquiera pueden hablar, por su falta absoluta de alfabetización. Son personas con una condición intelectual casi primaria, que según el relato mencionado reducen su vocabulario a sonidos guturales.
Hasta hace poco tiempo, eran comunes las golpizas y los maltratos con que los funcionarios sometían a los internados. Quizás esa etapa se superó, pero todo hace pensar que las condiciones de reclusión, denunciadas como violatorias de los derechos humanos por varias entidades internacionales, son totalmente inapropiadas para procurar la rehabilitación social de esos jóvenes.
Un panorama también desolador es el que presentan las cárceles, que arrojan una reincidencia del 65% y que son, según las define el Comisionado Parlamentario Dr. Juan Migue Petit - http://www.espectador.com/politica/carceles-una-fabrica-de-rapinas-con-presos-depositados-convertidos-en-ninos-gigantes - fábricas de rapiñeros. Alguna obra edilicia se hizo y hay una cárcel nueva, pero es indudable que no hay una voluntad permanente y deliberada de aplicar políticas de recuperación para las personas privadas de libertad. Como el perímetro militar asegura que no habrá huidas, lo que ocurra adentro de las cárceles deja de preocupar a las autoridades. Hay asesinatos, suicidios, drogadicción, activa vinculación con las bandas delictivas externas y muy pocas tareas de recuperación. Las denuncias de Petit sobre la falta de alimentación adecuada y la insuficiencia de los programas educativos y laborales, dan cuenta que el sistema carcelario es exactamente lo contrario a lo que dispone la Constitución. Siempre es oportuno volver a los mandatos constitucionales: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar; y sí solo para asegurar a los procesados y penados; persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
Hoy la situación es muy deficitaria respecto a los exigentes niveles que consagra la Carta Magna. Las condiciones de reclusión, la violencia interna, el ocio, la drogadicción y la ausencia de programas socioeducativos marcan una realidad muy dura. Sólo un 37% del total de reclusos hizo en el año 2016 alguna tarea de índole laboral y únicamente un 21% realizó alguna actividad educativa. Así, tenemos un 65% de reincidencia, que es un promedio muy alto en comparación a países avanzados. Por año egresan de las cárceles 6500 personas, por lo que más de 4000 de ellas vuelven a delinquir. Es un circuito perverso.
Sabemos que se trata de un asunto muy difícil, pero en definitiva no es inalcanzable la meta de desarrollar los programas que reclama Petit. Aun cuando, como dijo la psicóloga Fulco, hay jóvenes que son irrecuperables, el Estado no puede abdicar de su obligación de darle a esos menores “infractores”, así como a los delincuentes que están en las cárceles, los apoyos necesarios para que intenten su recuperación. No es imposible que los programas socioeducativos lleguen a la totalidad de los jóvenes de Inisa y a la mayor parte de la población carcelaria.
Con ello es obvio que no alcanza. Hay que aislar a los delincuentes más peligrosos y separarlos de los primarios o presos comunes, y hay que terminar con el vergonzoso sistema de “cogobierno” que las autoridades admiten, permitiendo que los presos tengan territorios y espacios en los que hacen lo que quieren, menos escaparse que es lo único que no pueden. Así como ocurre afuera de las cárceles, el Ministerio de Interior ha cedido completamente su responsabilidad a manos de los delincuentes, lo que es una completa contradicción.
En las cárceles hay que imponer la autoridad y la reclusión, que esa es la tarea principal. Pero también hay que desarrollar con amplitud las actividades socioeducativas que contribuyan a bajar el enorme porcentaje de reincidencia, tratando de que no sigan regenerándose los protagonistas del delito.
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