El desalojo de trabajadores del sindicato de camioneros que se encontraban obstaculizando uno de los accesos del puerto de Montevideo no constituyó "represión antiobrera" sino el cumplimiento de la ley. Y reconoce como antecedente un decreto de 2017, del gobierno de Tabaré Vázquez.

Desde tempranas horas de la mañana del miércoles, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUCTRA) estuvo llevando a cabo cortes intermitentes en el acceso norte al puerto de Montevideo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) advirtió en reiteradas oportunidades a los sindicalistas del SUCTRA que, más allá de sus reclamos, que pueden entenderse legítimos, esas medidas estaban infringiendo la ley y que debían desistir de continuar llevándolas a cabo.

La Policía concurrió sobre el mediodía y explicó a los trabajadores que darían vista al fiscal de turno, lo cual ocurrió y éste ordenó que se liberara el acceso al puerto.

La Guardia Republicana, entonces, portando la orden del fiscal solicitó a los sindicalistas que obstaculizaban el acceso al puerto, ya con una sentada, que desalojaran el mismo, lo cual se negaron a hacer. Los efectivos policial, entonces, sin emplear más violencia de la necesaria, comenzaron a retirar a los activistas y luego a esposarlos.

El Director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, avisado por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se dirigió al lugar y, además de disponer que le quitaran las esposas a los detenidos, le explicó a ellos y a los medios presentes, lo obvio: "Hay una ley que hay que cumplir".

Y aclaró algo más, que es muy relevante: "Ya no podemos hacer lo que no se podía hacer por un decreto del presidente Vázquez, y ahora por una ley".

Efectivamente, el 20 de marzo de 2017 el gobierno del Dr. Vázquez decretó que "el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza".

Frente al rechazo que ese decreto despertó en varias organizaciones sindicales, el hoy senador del MPP Charles Carrera, entonces Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, manifestó que "gobernar es tener que poner límites, tener derechos es también tener obligaciones, hoy solo vivimos el paradigma de los derechos y nos olvidamos que existen obligaciones, debo ejercer mis derechos sin atacar los derechos del otro".

Efectivamente, se trata de eso.