Después de haber usado y abusado de las tarifas públicas para tapar los agujeros fiscales, el Frente Amplio mostró la hilacha al final de su período y postergó las actualizaciones de esos precios en enero último, dejándole un "presente griego" al nuevo gobierno

Se trata de una ruindad que habla muy mal de la condición republicana de los gobernantes que han dejado ahora el Poder Ejecutivo. Los directores de las empresas públicas representantes de esa orientación se han atrincherado en sus bunkers y, como si fuera una guerrilla, se rebelaron contra las instrucciones del nuevo gobierno y, para colmo, le han negado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la información básica que se le reclamó respecto a los costos, elemento clave para definir las tarifas. Esos jerarcas han cometido una grave omisión, quizás un delito, porque esos datos no son de su exclusivo dominio, sino que deben ser públicos. La respuesta de Marta Jara, presidente de Ancap - que señalamos por aparte - dando las respuestas que corresponden, deja muy mal parados a sus colegas, que han jugado, otra vez, con espíritu sectario y mirada corta.

Es muy claro que esos directores, que actuaron ante una expresa solicitud del Frente Amplio, están incumpliendo con el artículo 58 de la Constitución, que establece que "los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política".

Además de violar la Carta Magna, fueron contra el interés de los contribuyentes, que ahora sufrirán las consecuencias. Según el diario El Observador, un informe técnico de la gerencia de Antel indica que esa empresa debería ajustar sus tarifas con un piso del 10,2% y un techo de 15% desde marzo,

Establece ese diario que "si bien las autoridades del equipo económico han manejado un porcentaje de ajuste en línea con la inflación de 8,8% del año pasado, ese porcentaje no contempla el congelamiento de los precios de los servicios públicos durante enero y febrero, luego de que el anterior gobierno tomara la definición política de no ajustarlas al arranque del año como habitualmente venía aconteciendo"

Es decir, cuando hoy o mañana el Poder Ejecutivo disponga un aumento de aproximadamente el 9%, correspondiente a la inflación del año pasado, esa actualización resultará rezagada, lo que repercutirá en la calidad de los servicios y en el propósito de la administración que preside el señor Lacalle Pou de no seguir incrementando esos precios.

Como ha ocurrido muchas veces en estos últimos 15 años, el Frente Amplio puso de rehén a la población, actuando según sus propios intereses y pisoteando la conveniencia colectiva. En vez de irse por la puerta grande, los gobernantes frenteamplistas han optado por despedirse con una chicana menor y desgraciada.