El teatro de la Justicia
EDITORIAL
Por Julio María Sanguinetti
El próximo 21, el país asistirá un acto inédito. El Estado uruguayo ha decidido “escenificar” la justicia, como define el pensador francés Jacques Derrida a estos episodios en que el poder se exhibe masivamente con ademán vengativo. Es lo que lo hacía la vieja Inquisición en los Autos de Fe, que servían de entretenimiento a la gente con la quema de una “bruja” o de algún “hereje”, tal cual lo ha recordado días pasados el Dr. Hebert Gatto en un acertado artículo sobre el tema.
Se anuncia que el Estado “asumirá” responsabilidad en los crímenes de la dictadura. Asumiría lo que ya asumió, porque ya lo ha hecho desde hace años, al punto que ya lleva pagados más de 4 millones de dólares a familiares de las víctimas; y a partir de 1985 reparó la situación de diez mil funcionarios destituidos, entre otros muchos actos reparatorios que, a esta altura, no bajan de 100 millones de dólares. ¿Qué sentido tiene el acto, entonces?
Expresar un “perdón” del Estado, como se ha dicho, negado y repetido estos días, tiene menos sentido aún, simplemente porque las instituciones no piden perdón. Está circulando copiosamente en las redes sociales una entrevista de Néber Araujo al General Seregni en la que éste —enfáticamente— afirma que el perdón es un acto subjetivo, personal, emocional y que ninguna institución puede hacerlo. ¿Alguien se imagina —dice— a la Universidad pidiendo perdón por cosas que allí ocurrieron?
El Estado lo que puede hacer es renunciar a su potestad jurídica de castigar delitos, lo que nuestra Constitución prevé bajo el nombre de amnistía. Es justamente lo que ya hizo, con los guerrilleros primero y con los militares después, en normas legales que fueron impugnadas y ratificadas popularmente en dos ocasiones.
O sea que el máximo órgano del sistema democrático, el cuerpo electoral, ya se pronunció y en dos oportunidades, con un espacio de veinte años. Hizo lo que Francia después de la ocupación nazi o lo que España después del franquismo. Es lo que la tradición nacional recoge cada vez que un conflicto armado enfrentó a ciudadanos del país por razones políticas.
Todo el episodio nace de la sentencia de la Corte Interamericana que le impone al Estado una indemnización de 500 mil dólares para los familiares de la víctima y le ordena realizar un acto público de difusión de su disposición. Naturalmente, no dice qué tipo de acto, como no podría hacerlo, por otra parte, ya que los poderes públicos del país no han caído en su subordinación. Por eso el Estado pudo organizar algo más sobrio, o una declaración del Presidente, u otros procedimientos públicos, sin incurrir en este teatro, cuya consecuencia es seguir desinformando a la opinión pública y dividiendo a la sociedad.
En efecto, como dice Paul Ricoeur, el abuso de la memoria supone el abuso del olvido. Y esa es la esencia de este acto: una vez más, condenar los excesos militares e ignorar los crímenes de los guerrilleros que, en plena democracia, lanzaron al país a la violencia, inspirados en la revolución cubana y sacaron al Ejército de sus cuarteles. Las nuevas generaciones seguirán así escuchando una versión parcial, hemipléjica, de la realidad, soslayando la condena a quienes renunciaron a las vías políticas abiertas por la democracia para sustituir el voto por las armas.
Es notorio, por otra parte, que las Fuerzas Armadas, como institución, seguirán sentadas en el banquillo de los acusados y que la presencia de sus jerarcas no será otra cosa que un acto de humillación ante la opinión pública que les verá como los continuadores, herederos, o representantes de aquellos que en su tiempo cometieron los atropellos denunciados.
Ahora el gobierno ha promovido la aprobación por la Cámara de Representantes, de la “cesión de la Sala donde funciona ese digno Cuerpo, a los efectos de llevar a cabo allí (…) el acto solemne de asunción de responsabilidad por parte del Estado, conforme fuera ordenado en Sentencia…”
Simplemente se le convoca para escuchar al Presidente de la República, sin una invitación formal al cuerpo, a un acto unilateral en que nadie —salvo el propio Presidente— podrá dar su opinión. El Palacio Legislativo es usado simplemente como un local para servir de escenario a una teatralización judicial que sólo dejará como mal sedimento la idea de que hay víctimas de primera y víctimas de segunda clase, que la violencia guerrillera no merece la misma condena que la de los que abusaron en nombre del Estado y que la voluntad ciudadana, expresada en el voto, tampoco merece respeto.
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