El sistema penal hace agua por todos lados
Por Luis Hierro López
Todo anda mal en la represión al delito. Sólo se aclaran el 4.3% de las rapiñas. Las cifras que maneja el Ministerio de Interior son adulteradas. El 65% de los presos reinciden al salir. Hay que hacer una reforma estructural.
Un reciente informe de El Observador confirma que la cantidad de rapiñas y hurtos realmente aclarados, con la ubicación y penalización de los responsables, es realmente mínima. En 2015, último año del que se cuentan datos oficiales en el Poder Judicial, de las 19.342 denuncias de rapiñas que se realizaron, sólo 960 casos terminaron con al menos una persona procesada, lo que significa un 4.3% realmente escuálido. Con los hurtos, el porcentaje es aún menor, dado que solo el 3.5% de los casos terminaron con procesamientos.
La situación es patética, ya que se presume incluso que la cantidad de delitos realmente cometidos es mayor a la cantidad de denuncias, por lo que Uruguay se estaría ubicando en uno de los peores países del mundo en materia de eficacia penal. Hay una enorme masa de delitos y de delincuentes ante la que el Estado está inerme.
A este déficit hay que agregar que en su desesperada carrera por cumplir la promesa electoral del presidente Vázquez de rebajar las rapiñas en un 40%, el Ministro Bonomi sigue adulterando las cifras. En el año 2015, al iniciar su segundo período como Ministro, declaró al semanario Búsqueda – edición No.1826 del semanario, del 30 de julio de ese año – que la base de datos del delito no era confiable porque tenía problemas metodológicos, por lo que era necesario establecer un nuevo sistema de medición, para lo que iba a solicitar colaboración a la Universidad de la República y al Poder Judicial. Eso nunca ocurrió. No se elaboró un nuevo sistema de medición ni se produjo la colaboración externa que se reclamaba, pero en cambio el Ministro Bonomi empezó a manejar las cifras por su cuenta, refiriendo a una reducción imaginaria de la que tenemos derecho a desconfiar, a partir de la propia confesión oficial.
Uruguay tiene hoy alrededor de 11 mil presos, de los cuales el 65% reincidirá según estiman los expertos. Quiere decir que hay un grupo importante de personas que han hecho del delito su forma de vida y hay familias enteras vinculadas al robo o al narcotráfico. No hay políticas eficaces de recuperación ni de reinserción.
Para colmo y según las explicaciones del fiscal Dr. Zubía el sistema penal termina siendo muy benigno a través de diez beneficios que permiten que los reclusos recobren la libertad anticipadamente. “El delincuente hace cálculos y le es negocio delinquir”, sostiene Zubía, quien entiende que tendría que haber más personas presas de las que hay.
Todo este proceso, lamentable, y que registra un grave retroceso del país, no será revertido con la próxima puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, que permitirá mejorar los procedimientos acusatorios pero que no reformará la esencia del sistema, que es a lo que hay que apuntar.
Quiere decir que si Uruguay quiere ser un país serio, donde la delincuencia esté controlada y la gente viva con sentimientos de seguridad, hay que imponer profundas reformas en la acción policial y judicial para que el sistema sea eficiente y responsable, es decir, para que los delincuentes sean apresados y juzgados. Para ello se necesitan acuerdos políticos estables y un ministerio de interior que genere confianza y que se maneje con transparencia, exactamente lo contrario de lo que ocurre actualmente.
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