Correo de los Viernes - El retorno autoritario

El retorno autoritario

Por Julio María Sanguinetti

El país asiste de nuevo a episodios propios de los dramáticos años 60: la ocupación de la sede de un poder del Estado, marchas de presión al Poder Judicial, agravios incalificables a magistrados, desprecio del principio de separación de poderes, desconocimiento del voto ciudadano expresado en plebiscitos… Todo ello envuelto en una nube de insultos y descalificaciones personales y una escenificación que pretende dividir al país entre los sensibles que defienden los derechos humanos y los oprobiosos que los desconocen…

La escena de la jueza Mota saliendo de la Suprema Corte como mater dolorosa, es parte de un lamentable montaje demagógico que esconde la conducta de una jueza cuya imparcialidad se había desvanecido al punto de que ya llevaba tres investigaciones administrativas por sus inconductas (participar de una marcha, cuestionar al Poder Ejecutivo, etc.). Además, sus criterios jurisprudenciales habían arrasado con todas las garantías constitucionales del debido proceso, empezando por la presunción de inocencia

Lo más paradójico es que quienes luchamos de verdad contra la dictadura desde el primer día, hoy tenemos que soportar el anatema de quienes nada hicieron (o se sumaron al golpe de Estado, como el PIT-CNT en febrero de 1973, tal cual se documenta fehacientemente en el libro de Alfonso Lessa “El Pecado original”). Despreciaron históricamente los derechos humanos, considerados apenas “libertades formales de la burguesía” y ahora se envuelven en su causa como si realmente la sintieran. Es el caso de esta señora jueza, que violó sistemáticamente todas las garantías, inventando un derecho propio que no es el de nuestra Constitución.

Se invocan todo el tiempo tratados internacionales, como si éstos prevalecieran por encima de nuestra Constitución. Ignoran incluso que el propio Tratado de Roma, tan llevado y traído, expresamente establece que no se puede aplicar retroactivamente los delitos de lesa humanidad, tal cual se ha pretendió aquí. Una sentencia de la Corte Interamericana en un caso particular, tampoco deroga el derecho de cualquier persona a alegar una prescripción si le favorece o defenderse en juicio.

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes”, dijo Montesquieu, el gran teórico de la separación de poderes. Y esto es lo que se pretende instaurar en el Uruguay: disponer lo que quiere la mayoría parlamentaria oficialista, aun en contra de dos pronunciamientos categóricos de la ciudadanía que ratificaron la ley de caducidad.

Desgraciadamente, estos hechos son desconocidos por la Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una burócrata que aplica esquemáticamente criterios teóricos sin conocer la realidad de una democracia como la nuestra, de sus disposiciones constitucionales y las reglas del Estado de Derecho.

Este camino está llevando, como en los años 60, a la división enconada de la sociedad, a la descalificación de personas que luego eran satanizadas y hasta asesinadas. Felizmente estamos hoy lejos de aquellas organizaciones criminales, pero es preciso alertar sobre los efectos de estas movilizaciones: la mente fresca de jóvenes, que no vivieron aquel tiempo y respiran su natural instinto de justicia, puede fácilmente caer en el radicalismo violento cuando se personaliza la maldad en aquellos a los que endosan actitudes contrarias a los derechos humanos.

Lo que está pasando en nuestro país es grave y no parece detenerse en límite alguno. Se enarbola demagógicamente una bandera limpia, para usarla de modo oportunista, con falsos argumentos. De paso, se esconde el debate sobre la inflación que hipoteca los sueldos, las diferencias profundas de rumbo económico en el gobierno, la inseguridad que campea y una política monetaria que va paralizando la actividad exportadora del país, comenzando por el turismo (que ya lo sufrió esta temporada). No es extraño que el oficialismo, experto en escenarios publicitarios, exacerbe de este modo las pasiones. Pero es jugar con fuego. Nadie lo sabe mejor que el Presidente y sus Ministros de Defensa e Interior.