Es consustancial a los regímenes autoritarios o populistas en general, instalar una versión del mundo en que viven (la conspiración universal en su contra) y un “relato” de la historia que explicita cómo los “malos” llegaron a ser tan malos y cómo ellos, “los buenos”, son herederos de los sacrificados de ayer.

La Argentina kirchnerista es un modelo de ese estilo. Nuestro gobierno frenteamplista, que no tendría porqué sucumbir a las fantasías de ciertos grupos radicales de revolucionarios frustrados, se deja, sin embargo, arrastrar a ese territorio de la mitología que le hace un enorme daño al país.

En el pedregoso territorio de nuestra historia reciente, nos encontramos en estos días con una atrocidad histórica, que alienta una desorbitada campaña que —bajo el manto del esclarecimiento de las agresiones a derechos humanos en tiempos de la dictadura— se embiste contra valores democráticos que debieran estar más allá de pasiones.

El decreto de 19 de mayo de 2015 sobre la base de que “están presentes aun las consecuencias de la acción de la acción ilegitima y terrorismo de Estado sufrido por nuestro país", retrotrae la investigación hasta el 13 de junio de 1968, cuando el gobierno legítimo de Jorge Pacheco Areco adoptó, dentro de la Constitución, unas medidas prontas de seguridad que comunicó al Poder Legislativo, "dueño de las medidas".

Como es notorio, aquel gobierno tuvo que actuar en condiciones muy particulares de agitación pública. Eran los tiempos en que la revolución cubana inspiraba a vastos sectores de la población y mientras unos tomaban las armas para derribar la Constitución e instalar un régimen de esa índole, otros, desde el ámbito de la educación, el sindicalismo o el debate intelectual, preconizaban que el país marchara por ese camino. Había un país democrático y un país revolucionario, en parte armado y en parte no, pero revolucionario. El gobierno de entonces, con los aciertos y los errores propios de una conducción en tiempos de tormenta, trató de preservar las instituciones y felizmente lo logró, llegando a unas elecciones en que, además, obtuvo la mayoría.

En ese momento de prueba, la democracia mostró su capacidad de resistencia y así lo dijo el General Seregni, líder y fundador del Frente Amplio, refiriéndose al Presidente Pacheco Areco: “Aprendió rápido, aprendió lo que era el poder, y lo usó. Y hay que reconocer su inteligencia: es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley”.

Es por lo tanto una aberración histórica hablar de "terrorismo de Estado" bajo un gobierno democrático, con libertad de prensa y separación de poderes. El presidente, por otra parte, obtuvo 439 mil votos para su eventual reelección, lo que hizo de él el candidato más votado en una elección en que el Partido Colorado resultó triunfador. O sea que poseía, además de la legitimidad jurídica, un apoyo popular que le robustecía.

Jurídicamente, estamos ante otra aberración. Se pretende considerar ilegítima la adopción de medidas prontas de seguridad que decretó el Poder Ejecutivo y mantuvo el Poder Legislativo. El único encargado de juzgar esas medidas fue el Poder Legislativo. No se puede hoy, medio siglo después, intentar un juicio totalmente fuera de la ley. Se suele decir que el gobierno de Pacheco hizo un uso excesivo de esas medidas. Puede ser o no, pero —en todo caso— el Poder Legislativo fue quien —por acción u omisión— resolvió. Y como algunos pensaron que eso le hacía pasible del juicio político, también se intentó y fracasó.

Estamos, entonces, ante un intento de construcción autoritaria de un relato histórico falso. Es realmente preocupante querer imponer una historia por decreto y hacer de ella bandera de lucha de una causa cuya legitimidad se degrada. Que los familiares de los desaparecidos procuren saber la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos, es un derecho sagrado, que nadie ha negado (y que todos los gobiernos y la Justicia han tratado de atender). Desgraciadamente, los resultados han sido escasos, pero aún así permanece intacto el derecho a seguir procurando esa verdad. Sin embargo, es degradante transformar ese derecho legítimo en una bandera política de revancha contra la institución militar, en una proclama divisoria de la sociedad uruguaya donde todo aquel que discrepe será apostrofado y descalificado, en una peligrosa fantasía que insufla en las nuevas generaciones la idea de que hay un ocultamiento conspirativo de verdades escondidas y —lo peor de todo— en la pretensión de legitimar aquellos movimientos que en los años 60, en plena democracia, le declararon la guerra a las instituciones.