El policía Wilson Coronel
Por Luis Hierro López
El asesinato de un policía, que tanto ha conmovido a la sociedad, abre una serie de interrogantes y convoca a nuevas responsabilidades.
Más allá de la indignación y el dolor, el trágico fallecimiento del policía en la pizzería de Pocitos plantea varias cuestiones.
Es claro en primer término que el gobierno tiene un serio problema con el control del delito y con las explicaciones que dan los voceros oficiales, que por algo son siempre tan confusas. Las contradicciones en las que han incurrido las autoridades del Ministerio de Interior, analizadas en el editorial de este número de Correo, dan cuenta de que la seguridad pública está en manos de personas que muchas veces no entienden lo que ocurre en la sociedad y son incapaces de ponerse del lado de la gente, que sufre cotidianamente el temor y el desamparo. También se advierte que el gobierno, integrado en buena medida por ex tupamaros que enfrentaron a la Policía, no comprende ni respeta a esa vieja y abnegada institución. El divorcio se hizo evidente a través de las incomprensibles expresiones del Subsecretario Jorge Vázquez, que intentó luego corregir, y de la negativa de la senadora Constanza Moreira a votar un homenaje mínimo por parte del Senado –un minuto de silencio– al funcionario caído. Hubo en ambas ocasiones mezquindad y bajeza.
En segundo término, se hace evidente que hay que actualizar y mejorar la legislación en torno a la función policial, garantizando a los funcionarios mayores coberturas legales y materiales. Es maligno y hasta ridículo que el propio Estado discrimine el tratamiento que da a los policías según estén de servicio o no, cuando son reiterados los casos en que los funcionarios intervienen contra el delito a cualquier hora, demostrando su vocación y espíritu de servicio. Además hay que ser muy severo con los delincuentes que atenten contra los policías. El fiscal Dr. Zubía informó que el asesino de Wilson Coronel, si es apresado, podría quedar libre en seis años, lo que demuestra una benignidad inaceptable.
Finalmente, estos lamentables episodios dan cuenta también de que la formación y el entrenamiento policial son deficitarios. A impulsos ideológicos, el gobierno impuso negativos cambios en la enseñanza policial para los oficiales, dedicando hasta un tercio de las horas a materias vinculadas a los derechos humanos y a temas sociales, en detrimento de las prácticas del manejo de las armas y la conducción de los operativos. La formación para los agentes y los cabos –ese, cabo, era el grado del sacrificado Wilson Coronel– es muy precaria y mínima. El sindicato policial sostuvo, por ejemplo, que el policía que desarmó a un delincuente que intentaba huir con una joven como rehén tras asaltar un supermercado, actuó guiado por su instinto y no por las instrucciones de sus jerarcas ni por un plan operativo, dado que no existieron. Al mismo tiempo, el video que registra el asesinato de Coronel muestra que el desgraciado policía pudo haber disparado su arma y que no lo hizo, quizás por haber creído que el delincuente no dispararía; por temor a que si él actuaba primero tendría que enfrentar luego a la Justicia, que suele procesar a policías; por la indecisión de quien no practica a menudo el uso de las armas o por su orgullosa voluntad de no entregar su pistola. Por la causa que haya sido, las angustiosas imágenes nos quedarán grabadas por mucho tiempo como expresión de los riesgos que enfrentan a diario los policías, con sus carencias de formación y entrenamiento y sin la protección legal que merecen.
La muerte de Wilson Coronel es, además del drama que significa para su familia, una fuerte interpelación al gobierno y a los legisladores.
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