Luego de concretar la privatización de la generación de energía, instalando más capacidad de la necesaria con consecuencias millonarias en sobrecostos para el Estado, el expresidente mujiquista de UTE y uno de los principales responsables del desfalco de Gas Sayago, Gonzalo Casaravilla, diserta en conferencias en las que llama la atención sobre un supuesto "plan neoliberal" de la nueva administración de la empresa pública.

El domingo pasado, el colectivo frenteamplista "+ igualdad" organizó una actividad sobre UTE en la que el expresidente de la estatal energética, Gonzalo Casaravilla, y su exasesora y actual directora por la oposición en el Ente, Fernanda Cardona, hablaron maravillas de las gestiones del Frente Amplio -incluyendo una insólita defensa y justificación de Gas Sayago- y agitaron los fantasmas de la privatización.

Con el cambio de la matriz energética, el Frente Amplio ha pretendido instalar un discurso fundacional, alimentando el mito de que ellos son los hacedores indiscutidos de los que dieron a llamar la "revolución de la energía".

Vayamos por partes.

En primer lugar, la Política Energética fue transformada en Política de Estado a partir de los acuerdos multipartidarios alcanzados en el año 2010 en los que participó nuestro Partido. En dicha instancia, se definieron, conjuntamente, las estrategias y los mecanismos para hacer frente a la demanda energética del país, tomando como eje la incorporación de energías renovables y la eficiencia energética.

En segundo lugar, dichos cambios no se hubiese realizado en tiempo record sin los instrumentos legales proporcionados por nuestro Partido durante la segunda presidencia del Dr. Sanguinetti. Que, como no podía ser de otra manera, el Frente Amplio intentó, como hace actualmente con la LUC, dejar sin efecto mediante el recurso del referéndum.

A propósito, cabe mencionar dos: (a) Ley Nº 16.832 (1997): Ratificación de la excepción de carácter de servicio público de las actividades de generación; creación de la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica, la Administración del Mercado Eléctrico y el Mercado mayorista de energía eléctrica y (b) Ley Nº 16.906 (1998): Promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional. El Decreto Nº 354/2009 de la Administración Mujica declara promovida, al amparo del artículo 11 de la Ley Nº 16.906, la actividad de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no tradicionales.

Criticar los avances conjuntos del Estado y las empresas privadas en términos de generación de "energías limpias" sería absurdo. No obstante, contrario a lo que se acordó en su momento, el Frente Amplio nunca logró que el cambio en la matriz energética condujera a una rebaja en la tarifa de energía eléctrica e implicara mejoras en el servicio ofrecido por UTE.

Contrariando la postura dogmática de hoy, las administraciones frenteamplistas aseguraron a los inversores privados precios fijos por la generación, obligando al Estado a comprar toda la energía producida -incluso la que no se utiliza- por años, y sin poner límites a la construcción de parques eólicos.

Como consecuencia evidente de ello, durante la última administración frenteamplista, UTE pagó 142 millones de dólares a privados por energía que no usó. Si, así es. Pagamos millones a privados por energía que el Estado no utilizó.

¿Será ese el "plan neoliberal" al que se refieren Casaravilla y Cardona?