La vida democrática se regula a través de la ley. Los derechos y las obligaciones tienen irremediablemente ese marco, lo que algunos ciudadanos suelen olvidar en beneficio de sus intereses políticos.

Hace pocos días comentábamos en esa columna la actitud de los representantes de la central obrera, que han inventado una extensión del derecho de huelga a través del autoproclamado "derecho a la ocupación", lo que no está reconocido por nuestra legislación ni por la Organización Internacional del Trabajo. Al defender ese abuso, que la ley de urgencia impedirá, los voceros del Pit Cnt amenazaron con que no van a acatar esa disposición y que seguirán promoviendo las ocupaciones.

Similar contienda plantean los sindicatos de los profesores respecto al proselitismo en los locales educativos, lo que está expresamente denegado en la Constitución. Clara y terminantemente la ley madre establece que no se puede hacer proselitismo de ninguna índole, por parte de funcionarios, en los lugares y horas de trabajo. No hay otra interpretación posible. Lamentablemente, esos excesos vienen ahora a ser justificados por legisladores frenteamplistas y por el uruguayo Edison Lanza Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes deliberadamente confunden libertad de expresión con laicidad, que es el valor que está en juego cuando un profesor hace propaganda política.

Este desgaste de la República no es nuevo. Con sus mayorías automáticas, el Frente Amplio violó en forma contumaz la Constitución y la voluntad popular, aprobando leyes que fueron totalmente a contramano, destratando al Estado de Derecho. La derogación fáctica de la amnistía a los militares, yendo en contra de dos consultas populares; la aceptación del ingreso de Venezuela al Mercosur por una ley que se votó en 48 horas, atropellando a la oposición de entonces; la aprobación con mayoría simple de leyes que requerían dos tercios de los legisladores, como la creación del Parlamento del Mercosur o la implantación de municipios y alcaldes; o la reciente y desgraciada ley de voto desde el exterior, declarada inconstitucional por la Corte de Justicia; son todas expresiones de la voluntad política de imponer normas útiles al Frente Amplio aunque para ello hubiera que violentar la Constitución y las reglas democráticas.

Es hora de terminar con esa paulatina pero permanente corrosión. La tarea que tiene por delante el gobierno de coalición es enorme en todos los sentidos, pero en este aspecto especialmente, el de hacer respetar la Constitución y la ley, restaurando el sentido y los valores de la República, las obligaciones del Poder Ejecutivo y de los partidos que lo acompañan son cualitativamente principales.