El intento de soborno existió. El dragado está cada vez más lejos.
 Ha quedado definitivamente claro el asunto sobre el intento de soborno en la Comisión Administradora del Río de la Plata sobre el dragado del canal Martín García, según la revelación que hizo el renunciante embajador itinerante Julio Baráibar.
La claridad no vino por orden del gobierno, que estuvo confuso y contradictorio y que ocultó el intento de soborno, sino porque Baráibar tuvo un gesto de sinceridad -que le costó el cargo- al relatar que él había escuchado personalmente las explicaciones que había dado el presidente de la Delegación Uruguaya ante la CARP, embajador Francisco Bustillo.
El intento de soborno existió y fue promovido por un representante argentino -hay por lo menos dos versiones sobre su identidad, una que sostiene que fue un funcionario y otra que indica que fue un empresario- para que Uruguay favoreciera a la empresa que se encarga actualmente del mantenimiento del dragado.
Por suerte, aparentemente el funcionario uruguayo involucrado actuó con la dignidad que corresponde y no aceptó el soborno, informando sobre ello a las autoridades de nuestra Cancillería.
Por desgracia, el Gobierno uruguayo entendió que era mejor, para los intereses del país, ocultar la maniobra y seguir adelante con las negociaciones. Queda la firme sospecha de que los funcionarios uruguayos que, enterados del intento de soborno no lo denunciaron, hayan incurrido en un delito.
Podría argumentarse que el delito fue cometido fuera del país, en jurisdicción internacional, pero ese rebuscamiento no funciona ante el sentido común, que obliga a las autoridades a dar el ejemplo siempre cuando se trata de moralidad.
Además, es incomprensible, errático y pernicioso el comportamiento que tuvo el gobierno sobre este tema, ya que primero se llegó el exceso de que el propio Presidente de la República amenazara con acusar penalmente al legislador colorado que manejó la versión del soborno. Eso fue sólo una bravata, porque como todo el mundo sabe –menos el señor Mujica, a quien lo que dice la Constitución le preocupa poco– los legisladores no son penalmente responsables por sus opiniones o dichos.
A la bravata le siguió el infaltable ataque a la prensa, que con sus exageraciones estaba “provocando un gran daño” y luego vino a coronar la escalada un desmentido oficial, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en la web de la Presidencia, en el que se aseguró que no existió ningún intento de soborno.
Pero se nota que el ex embajador Baráibar no se enteró de esas explicaciones oficiales y el miércoles de tarde divulgó la verdad que le había comentado el embajador Bustillo.
La cuestión es preocupante desde diversos enfoques. Primero, al advertir que el Gobierno oculta información, lo que es negativo en cualquier circunstancia, sean cuales sean los motivos que llevan a ese ocultamiento.
Segundo, al confirmarse que hay en los elencos de gobierno una permanente incoherencia y falta de profesionalidad que debilita notoriamente las posiciones del país.
Tercero, al ratificarse que el Presidente Mujica va y viene a favor y en contra de la oposición. Un día la ataca, como hizo hace pocas horas y a propósito de este mismo tema. La atacó duramente, acusándola de falta de patriotismo, pero al advertir que Argentina sigue demorando y entorpeciendo las negociaciones por el dragado, le pide a su Canciller Almagro que se recueste en los líderes opositores y que acuerde con ellos.
Valga recordar, a propósito, que la oposición no le cobró ese tanto al Presidente Mujica y salió a defender el interés nacional en forma unánime.
La cuestión también es preocupante al confirmarse que las presiones empresariales indebidas siguen operando activamente en torno al asunto del dragado y que pueden tener amparo en algunos ámbitos oficiales de Argentina, un país acosado por la corrupción. El propio presidente de la delegación argentina en la CARP, embajador Hernán Orduna, acaba de ser procesado por fraude y por delitos contra la administración pública por su anterior actuación en la Cancillería argentina.
Aunque ese procesamiento no tiene que ver con las actuaciones de la CARP, el negativo antecedente arroja un manto de dudas sobre todo el proceso. ¿Tiene autoridad Argentina para reclamar una auditoría en la Comisión Administradora del Río de la Plata mientras mantiene a su principal representante, que está procesado? Es obvio que no, Argentina no puede ni debe intentar dar lecciones en materia de auditorías y de transparencia, por lo que su insistencia en ese tema debe interpretarse meramente como una nueva maniobra para postergar el dragado.
Y todo hace pensar que en ese propósito el país vecino va a tener éxito, porque entre las corruptelas y prepotencias que vienen de afuera y las incoherencias y genuflexiones que vienen de adentro, el crucial asunto del dragado del canal está cada vez más lejos.
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