Se está llegando al final de difícil tramitación de la ley de reforma de la seguridad social. Ha sido compleja, como usualmente ocurre con este tema, en Uruguay y en el mundo entero, donde la demografía -vivimos más años, nacemos menos- está imponiendo impostergables cambios.

Digamos, una vez más, que durante todo el período pasado, y de modo insistente, el entonces Ministro decía que "el futuro gobierno" tendría que hacer una reforma para volverle a dar sustentabilidad al régimen. Coincidían con él los presidentes Vázquez y Mujica. Más de una vez le contestamos a Astori preguntándole de por qué no lo encarábamos ya, para lo que estábamos dispuestos. Por supuesto, el silencio fue la respuesta y el tema pasó para ese "futuro" gobierno que es el de hoy.

La otra afirmación previa es que todo esto ocurre porque en 2008, el Frente Amplio, con la holgura financiera de la bonanza internacional de aquel momento, flexibilizó el sistema y le añadió de un saque algo así como 50 mil jubilados más. Por ese camino se llegó a un déficit, que es el que provocaba en Astori esos reclamos cada vez a que Rentas Generales debía disponer entre 400 y 500 millones de dólares para seguir cumpliendo con las obligaciones.

El actual gobierno podía postergar todo y no hacer nada. No hay un riesgo inminente en las finanzas públicas. Si lo hay en la Caja de Profesionales y en la Bancaria, al borde del colapso. No así la Caja Notarial, que tomó oportunamente medidas, subió la edad a 65 años, y está equilibrada. En cualquier caso, esta ley no le significa nada para el actual gobierno en materia financiera, pero representa no solo un compromiso moralmente asumido sino la expresión cabal de nuestro sentido de responsabilidad ante las nuevas generaciones.

La LUC estableció un mecanismo para el estudio de la reforma y desde octubre de 2020 se empezó a trabajar, escuchando a todo el mundo, organizaciones sociales, partidos políticos, técnicos. Se llegó a un diagnóstico que el Frente no firmó y luego el gobierno presentó un proyecto a los socios. Negociamos adentro de la coalición y el l7 de octubre, en la Presidencia de la República, solemnizamos el acuerdo sobre un texto final. Luego de una reunión con el Presidente le informamos a la opinión pública. El General Manini dijo que se habían "contemplado" sus puntos de vista.

El proyecto marchó al Senado, pero a la semana siguiendo ya los legisladores de Cabildo Abierto, cuestionaban el proyecto, como si no hubiera mediado un acuerdo, luego de meses de trabajo.

En el Senado se volvieron a hacer cambios y el 27 de diciembre, toda la coalición votó lo que se consideraba, una vez más, el proyecto definitivo. Vino el verano, las vacaciones, y retomado el trabajo en Diputados, volvió Cabildo Abierto a exigir cambios. Lo hizo en un tono amenazante: o se cambiaba o no votaban nada. Fue penoso oír al presidente del partido, escribano Domenech, afirmar que ellos no votaban nada si no se les aceptaban sus propuestas, que no se irían de la coalición y que si no se les aceptaba el criterio los tendrían que echar si ese era.

Con infinita paciencia el Presidente de la República recibió al General Manini y negoció con él. Nos iba informando a los partidos socios. Las propuestas del gobierno eran razonables, pero finalmente nada convenció a los que no aceptaban ahora lo que ya habían votado en el Senado.

Nosotros, personalmente, dijimos públicamente ("El País", 2 de abril), que se nos estaba agotando la paciencia y que esto no era "un acuerdo con Cabildo". "No es un acuerdo de nuestro Presidente con Manini. Nosotros tenemos voz y voto".

Al llegarse a ese final, que cambiaba aspectos relevantes del proyecto de ley, el Partido Colorado manifestó que consideraba reabierta la negociación y retomaba algunas propuestas anteriores, que había dejado en el camino en el curso de las negociaciones. Es lo que el martes pasado llevaron los legisladores al Presidente y hoy se considera acuerdo final. Allí se incluyó, incluso, otra rebaja en el IASS, que sumada a lo ya otorgado, es aproximadamente un 20% de disminución.

Como en toda transacción, nadie queda del todo feliz. Especialmente cuando una y otra vez se han incumplido acuerdos definidos. El Partido Colorado ha trabajado con la lealtad de siempre y tiene la tranquilidad de conciencia de que se está equilibrando el sistema, que los derechos adquiridos no se tocan y que ningún uruguayo mayor de 50 años tendrá un cambio en sus expectativas, porque la reforma entrará a regir en 2032 y se llegará a exigir 65 años cuando hayan pasado cuatro gobiernos y cinco mundiales. Deseábamos algo más sólido, pero hoy podemos decirle al país que, en todo caso, el sistema está más equilibrado y los pasivos más protegidos y los trabajadores con mejores expectativas. Especialmente los titulares de las pasividades más pequeñas.

Una vez más hemos cumplido con el país. No todos pueden decir lo mismo, mucho menos una irracional oposición que ya habla de derogar esta ley, con un inaudito nivel de irresponsabilidad demagógica. Por supuesto, a pocos les gusta que le digan que tiene que trabajar algunos años más, pero eso, que ya de hecho empieza a ocurrir, hay que llevarlo al sistema para darle equilibrio. Lo que es inaceptable es la mentira de que las jubilaciones bajarán, la misma mentira que hicieron con Antel y con todo lo contenido en la LUC. El tema es muy claro: seguir como estábamos llevaría al desfinanciamiento y a algo que tenemos muy claro en nuestra hermana Argentina, cuyos déficits la han arrastrado a la inflación que hoy sufre.

El Partido Colorado ha sufrido mucho los incumplimientos ocurridos, pero ha seguido trabajando y ha propuesto más que nadie. Podemos dirigirnos a la ciudadanía mirando a los ojos. Porque solo la verdad y la responsabilidad nos ha movido.