Durante los últimos 10 años, el BPS ha gastado más de medio millón de dólares en el pago de los servicios de una empresa de seguridad que custodia un complejo de viviendas que se desocuparon en 2011. Las autoridades frenteamplistas, que no controlaron a la empresa de seguridad ni permitieron que el asunto se discutiera en el Directorio del Banco, argumentaron que no les fue posible encontrar una empresa para demoler el complejo.
Según consignó El País el pasado jueves 11, un antiguo proyecto inmobiliario en la localidad de Independencia, en el Departamento de Florida, absorbió del Banco de Previsión Social (BPS) el constante desembolso de unos $ 200 mil mensuales, durante 10 años, usados para la contratación de una custodia apostada a diario en un complejo de viviendas abandonado.
Según cálculos del mismo medio de prensa, en la custodia del complejo abandonado "se llevan volcados unos $ 24 millones (descontando la inflación de cada semestre), lo cual trasladado a dólares (considerando el tipo de cambio promedio de cada año), equivale a US$ 860 mil".
Se trata de 19 casas, que ocupan un enorme predio en Independencia, que fueron desocupadas en 2011. Desde ese momento, las anteriores autoridades dispusieron de un servicio de seguridad para evitar que otras personas se instalaran allí.
El actual Vicepresidente del organismo, Daniel Graffigna, aseguró que se encontró con que este egreso a los meses de asumir su rol. La pregunta que se hizo en su momento el actual jerarca es obvia: ¿por qué se siguió vigilando todo este tiempo un lugar que debería haber sido demolido hace años?
Según manifestó, en estos meses de gestión realizó un pedido de informes al área Prestaciones Sociales "para saber a ciencia cierta a qué obedeció el gasto, a cuántas personas se les pagó y cuánto". También aseguró haber viajado a Florida y dar cuenta de que el enorme predio es custodiado por un único guardia.
"Se ve un problema de gestión tremenda. Más allá de que intervengan otras organizaciones, el BPS no puede estar 10 años para tomar una decisión", aseguró Graffigna.
Además, según supo El País mediante una comunicación con la exdirectora en representación de los empresarios, Elvira Domínguez, el asunto nunca se trató en la Dirección del BPS, donde el FA era mayoría. "Si yo hubiese sabido, habría puesto el grito en el cielo. Quedé asombrada y con una bronca de morir", aseguró Domínguez.
De acuerdo a otro de los directores, Sixto Amaro (representante de los jubilados), la responsabilidad también cae sobre el Ministerio de Vivienda. De acuerdo con Amaro, que asegura haber pedido explicaciones sobre este asunto más de una vez, las autoridades anteriores de vivienda argumentaron que no habían conseguido ninguna empresa dispuesta a demoler las casas.
Una muestra más de la desidia con la que las administraciones frenteamplistas manejaron los dineros públicos.
