En un México ya acostumbrado a la violencia y los ataques recurrentes a la libertad de expresión, se ha cruzado un nuevo límite: el jueves 15 por la noche quisieron matar a Ciro Gómez Leyva, uno de los periodistas críticos más prominentes del país. Se salvó gracias al blindaje de su camioneta. No fue un intento de robo o secuestro: fue un atentado y así lo aceptaron las autoridades, asegura el reconocido periodista mexicano Carlos Loret de Mola A. en una interesante columna para el Washington Post que reproducimos.
El periodista dijo que no tiene enemigos personales, no tiene ningún conflicto que pudiera motivar el ataque y no había recibido amenazas. Así que lo quisieron matar por su trabajo periodístico, pero no queda claro exactamente por qué: ¿Fue por sus opiniones críticas al gobierno? ¿Fueron narcotraficantes por alguna información que difundió o algún otro criminal?
Su caso no es más grave que el de muchos otros periodistas que han sido amenazados, atacados y asesinados en el país, pero la fama e influencia de Ciro lo vuelve más visible y, en ese sentido, impacta más y renueva la indignación en la sociedad. Poco antes del atentado, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que México, con 11 asesinatos de periodistas en 2022, llegó a su cuarto año consecutivo siendo el país sin guerra más letal del mundo para los periodistas, incluso arriba de Ucrania.
Estos cuatro años han sido los que lleva como presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunciado por diversas organizaciones internacionales por sus recurrentes insultos y descalificaciones hacia los periodistas que le resultan incómodos.
Gómez Leyva ha sido uno de sus blancos favoritos. Lo ha calumniado en distintas ocasiones en sus conferencias. Apenas un día antes del atentado, dijo que escuchar a Gómez Leyva podía causar tumores cerebrales. En ese nivel navega el presidente de México. Organizaciones internacionales, la sociedad civil, intelectuales y el mismo gremio le han pedido decenas de veces que cese el acoso. Al principio parecía que no dimensionaba el peso de sus palabras. A estas alturas queda claro que forma parte de una estrategia de intimidación: menos de una hora después de ofrecer su solidaridad al periodista víctima del atentado, ya insultaba a otros medios y comunicadores.
Así que, aunque no se sabe aún el móvil del atentado contra Gómez Leyva, es imposible no conectar los puntos: el presidente de México tiene una responsabilidad que asumir por ser el principal promotor de un ambiente hostil contra el periodismo, por ser la cabeza de las agresiones verbales contra el gremio y por no haber hecho nada para detener las agresiones físicas.
Las investigaciones dirán después si su responsabilidad es mayor. Desde la prensa habremos de vigilarlas muy de cerca, pues las realiza el gobierno de Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, la heredera política del presidente. El conflicto de interés ameritaría medidas especiales para dar credibilidad a los resultados.
De entrada, AMLO es el responsable del mensaje de violencia. De manera sistemática y disciplinada, casi religiosa, durante dos o tres horas en su conferencia de cada mañana hace de la negación del otro una forma de autoafirmación: su proyecto político no se define por sus virtudes sino a partir de la descalificación moral del otro. El mensaje es de suprimir al que difiere de él. La descalificación moral desde el poder es un intento de deslegitimación y un llamado a la supresión moral y después física.
López Obrador atribuye toda denuncia, observación o disenso a la ilegitimidad moral de quien la emite. Ninguna crítica a su régimen es válida porque quien la hace es, dice él, corrupto, mentiroso o inmoral. Da igual si es un periodista, un padre de un niño con cáncer, la madre de una víctima de desaparición o feminicidio, o un científico, cineasta, intelectual, político opositor o ciudadano que participa en una manifestación. Al presidente le sobran insultos para endilgar. Algo peor: él determina quién tiene derechos y quién no. Los que le reclaman algo son golpistas, mercenarios, saqueadores, hipócritas, clasistas, traidores a la patria. En cambio, los narcotraficantes son señores merecedores de todo el respeto, humanos con sentimientos, a quienes pide candorosamente que se porten bien y les agradece cuando a su juicio lo hacen.
La supresión del periodismo es todo un modelo de comunicación que está cuidadosamente implementado. Sus conferencias de prensa son instrumentos de propaganda en los que la rendición de cuentas es francamente escasa. A ellas asisten y monopolizan las preguntas una camada de periodistas creados al vapor, que trabajan en medios de comunicación casi desconocidos y de reciente fundación, que se definen abiertamente seguidores del presidente y fungen como descarados potenciadores de sus ataques. El vocero presidencial no es el vínculo entre los medios y el gobierno, sino el mariscal de esta guerra contra el periodismo. Y premia con presupuestos millonarios a los medios de comunicación amigos.
AMLO ha creado una estrategia de acoso al periodismo crítico que ha derivado en un ambiente de permisividad a la violencia contra los periodistas. La vida del periodista vale poco porque, según los dichos presidenciales, este es cómplice del viejo régimen, es corrupto, es inmoral, contribuyó a las desgracias del país y, por tanto, merece toda suerte de humillaciones públicas. La primera llega desde el poderoso púlpito presidencial.
López Obrador define sus largas conferencias mañaneras como un ejercicio "didáctico". En eso ha sido muy exitoso. Hay que reconocer que su mensaje ha llegado fuerte y claro a donde tenía que llegar. Las consecuencias están a la vista. Mi solidaridad con Ciro Gómez Leyva.
