En la primavera pasada, el relevamiento de intensión de siembra de soja realizado por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del MGAP estimaba 980.690 hectáreas entre siembras de primera (54% del área) y de segunda (46% del área). Finalmente, y según datos de URUPOV (entidad que nuclea a los obtentores vegetales), se cosecharon 1:165.000 has (19% más del estimado en la encuesta de intención de siembra), área que se concentra 62% en cuatro departamentos (Soriano, Colonia, Rio Negro y Paysandú, esto es el litoral agrícola). Si bien no hay aún registro definitivo de cosecha, se espera superar el umbral de las 3 toneladas por hectárea de rendimiento. Sería todo un suceso para encuadrar.

Hubo otros años promisorios. Años de buenas cosechas fueron, por su orden, el 2017 (2.943 kgs/ha), el 2019 (2.800 kgs/ha) y el 2013 (2.634 kgs/ha). Pero hubo de los otros. En la serie considerada desde los inicios de la expansión del negocio agrícola, fueron más los años que se cosechó por debajo de los 1.000 kgs por hectárea (10 cosechas en 17), en particular los iniciales cuando aún estaba en fase de desarrollo tecnológico el cultivo.

En definitiva y lo que importa, estamos ante un año record en superficie y rendimiento desde los inicios del boom agrícola allá por el 2004 / 2005.

Debemos asumir que nuestro país carece de las condiciones de alta productividad de otras regiones del mundo, dónde los rendimientos pueden alcanzar en forma sostenida las 6 tt por hectárea. Una de nuestras principales limitantes esta en los suelos por su baja capacidad de almacenamiento de agua sumado a una falta de uniformidad en la distribución espacial de sus características productivas, lo que sumado a la alta variabilidad climática determina un escenario de incertidumbres y riesgos en la producción agrícola, a lo que debe sumarse la difícil previsibilidad de los mercados externos. La agricultura es actividad de alto riesgo, y un año bueno no hace el negocio.

No obstante, existe un factor diferencial que ha permitido explicar la evolución espacial y el desarrollo productivo de este cultivo estratégico en nuestro país, esta razón se llama "biotecnología". Fue en 1997, segundo gobierno del Dr. Sanguinetti, que se aprobó el uso comercial del primer evento transgénico en soja (40-3-2 según el código que la identifica), condición que le aportaba la resistencia al herbicida glifosato. Desde entonces fueron librados al uso productivo 20 diferentes eventos genéticamente modificados, con 2 nuevos en proceso de evaluación. Aún a pesar de la moratoria izquierdista (2005-2010), finalmente se impuso la racionalidad científica y el pragmatismo desarrollista lo que ha permitido llegar al optimismo de los años que corren, para beneficio de la economía de nuestro país, y por ende de la sociedad toda.

Un estudio de la consultora SERAGRO evaluó el impacto de la biotecnología aplicada a la agricultura en el período 2003/2004 al 2014/2015, estimando el efecto acumulado incremental respecto al no uso de OGM, en 12.000 millones de dólares (considerando maíz y soja). El estudio expresa que este impacto no es solo en el PBI y en el empleo, sino que el mismo se manifestó a través de un aumento en la actividad económica en las zonas menos dinámicas, diversificación de la matriz productiva, aumento en la demanda de insumos y finalmente mayor valor agregado a nuestras exportaciones en innovación y desarrollo. Sería interesante continuar este análisis hasta el presente.

De la vereda de enfrente, como siempre, están los que se oponen a los organismos genéticamente modificados identificándose con altruismos naturistas, los que reniegan del monocultivo extensivo, los que abjuran del agro negocio de exportación como actividad propia del capitalismo, en fin, los que promueven la agro-ecología como opción alternativa a los sistemas productivos actuales. Se trata de la militancia antisistema que nunca logró explicar como sustituye los ingresos del agro negocio de exportación, piedra angular en el desarrollo socio-económico de nuestro país.

Frente a la necedad compulsiva propia de la ignorancia o la militancia ideológica, la racionalidad impone promover sistemas de producción sustentables en el manejo de los recursos naturales renovables a la vez de estrictas regulaciones y control en el uso y aplicación de agroquímicos. Bueno es reconocer el acuerdo que a nivel de Secretaria de Estado existe hoy entre el MGAP y el Ministerio de Ambiente.

Los mercados externos esperan por nuestros granos, al país le urgen los ingresos por sus exportaciones genuinas. Es de esperar que no sea en el puerto dónde se encuentren nuevas trabas a nuestro impostergable desarrollo agro exportador.