El abuso como norma
Por Julio María Sanguinetti
 Que en el Uruguay de hoy el Estado de Derecho está en crisis es indudable. Tan indudable como que, desgraciadamente, esta conclusión no está asumida por la mayoría de la población. El hecho es que, después que se desconocieron dos plebiscitos ratificatorios de la ley de caducidad y se anularon sus efectos, ya todo es posible. El propio Ministro Fernández Huidobro llegó a decir que ni la dictadura se había atrevido a desconocer la voluntad popular, pero sí lo hacía la actual mayoría parlamentaria. La situación ha sido ya oficializada como teoría por el Presidente Mujica cuando señaló que la política está por encima de la ley.
Motiva este comentario dos hechos de origen gremial, pero rotundamente expresivos. Uno es el remate de los bienes de la empresa Paylana, en que los trabajadores agremiados impidieron el acceso al lugar de dos personas que aspiraban a pujar en la subasta. Algunos de ellos han señalado su disposición de pedir la anulación del acto, pero háganlo o no, el atropello ya se consumó. Es más, llamada la policía a poner orden, sus funcionarios declararon que se trataba de un “derecho gremial” y que no podían hacer nada, afirmación realmente escandalosa frente a un episodio judicial, que se frustra por la fuerza, impidiendo el libre ejercicio del derecho de ciudadanos que aspiraban a participar. Eso no es el ejercicio de ningún derecho sino lo que el Código Penal describe como “violencia privada”.
El otro hecho es el paro general de Secundaria, decretado el lunes a raíz de que un funcionario administrativo de un liceo agredió a su Directora. Obviamente se trata de un episodio administrativo y policial, que se trató en ese ámbito y seguramente dará lugar a un sumario que aclarará responsabilidades y sancionará al funcionario que actuó en violación de las normas. La cuestión es evidente que no rebasa en mucho el ámbito de Enseñanza Secundaria, pero aun ubicándonos en el plano más amplio, de modo alguno justifica que se tomen de rehenes a los adolescentes que estudian en la enseñanza pública y que, a esta altura del año, llevan ya perdidos unos 15 días de clase (no recuperables, además, según afirman las autoridades).
La dirigencia gremial es evidente que ha perdido el sentido de las proporciones. Las reacciones no se ajustan a las causas. Las desmesuradas consecuencias se proyectan sobre el país todo, como si nada hubiera ocurrido. En un caso, se violentan las garantías judiciales elementales, en el otro se atropella el derecho a la educación de los muchachos. Y nadie se siente responsable ni aparece autoridad alguna que así lo señale. Quizás esto sea lo peor, porque la responsabilidad no existe.
Es tanto el desafuero que hasta se ocupó el Ministerio de Economía, en plena Rendición de Cuentas, sin siquiera conocimiento de las autoridades del PIT-CNT. O bien el gremio de la Biblioteca Nacional intentando impedirle el acceso a su Director, viejo guerrillero hoy acosado por las represalias y los boicoteos. Ya ni la jerarquía sindical puede realmente asegurar un mínimo de coherencia y razonabilidad en las medidas de protesta. Es el resultado de un clima, naturalmente, que habilita estos actos. Cada dirigente se siente autorizado a todo. Su derecho no se detiene ante los demás. Sabe de antemano que nadie lo detendrá y que, por el contrario, puede violentar la libertad de los demás sin consecuencia alguna.
Así ocurrió en otros malhadados tiempos, en que paso a paso se fue instalando la intolerancia y el ejercicio privado de la fuerza. Sépase que si nadie hace valer el derecho general al goce pleno y pacífico de los derechos ciudadanos, un día podremos vivir reacciones que nunca hubiéramos deseado.
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