El Uruguay regresivo

Por Luis Hierro López

Pese a las invocaciones sobre el progresismo, Uruguay ha retrocedido en forma dramática en algunas cuestiones clave que van a determinar su porvenir.

El así llamado progresismo invoca la baja de la pobreza y del desempleo como los principales logros de su gestión, metas alcanzadas en ancas de sus políticas sociales, que serían pioneras y únicas en el mundo. Sin embargo, el país viene retrocediendo en algunos aspectos sociales y culturales que ponen en riesgo su futuro inmediato.

Los fracasos reiterados en la enseñanza, que no puede retener a un 35% de sus alumnos y los resultados de las pruebas internacionales que demuestran que son muy altos los porcentajes de estudiantes que no tienen comprensión lectora ni pueden razonar a partir de las matemáticas, son expresiones dramáticas de ese Uruguay regresivo. Hay situaciones que vienen registrándose desde hace mucho tiempo, pero se agudizaron notoriamente en los últimos años. En 2003 el 50% de los estudiantes de la enseñanza pública y el 16,7% de los de la privada no llegaba a los niveles mínimos en matemáticas, según las exigencias de las pruebas internacionales. En 2012 los primeros llegaron al 62% y los segundos el 17.4%. En los hogares de contexto muy desfavorable, el 89% de sus niños no tiene rendimientos aceptables en matemáticas; el 81% no lo hace en idioma español y el 78% en ciencias. Quiere decir que los resultados son realmente calamitosos.

Como se sabe, hay un 10% de la población joven que ni estudia ni trabaja; el desempleo joven llega al 23% en promedio; hay un crecimiento de la maternidad adolescente, con un 57% de las madres jóvenes que no trabaja ni estudia; todas expresiones de la punta de un iceberg cuyas dimensiones reales, que quizás no puedan medirse totalmente, son una pesada carga para el país. Pese a que las autoridades dicen haber aplicado planes especiales, hay barrios de Montevideo donde no actúa la policía, ni la escuela ni salud pública, con una vergonzosa omisión del Estado. Los incidentes que hace poco tiempo ocurrieron en el barrio Marconi son una expresión elocuente y explosiva del crecimiento de ese otro e indeseado Uruguay, violento, irracional y dominado por los narcotraficantes. Todos los adolescentes que cometen delitos provienen de barrios de ese tipo.

Al no haber encarado una reforma a fondo de la enseñanza, los gobiernos del Frente Amplio han permitido que se profundizara la brecha. No hubo ni hay esfuerzos para ir a recuperar a los desertores de la enseñanza, como sería obligación del Estado. Ir a buscarlos a sus casas, comprometerlos, ofrecerles facilidades de todo tipo –inclusive monetarias, con créditos para que instalen talleres o pequeñas empresas si terminan sus estudios– para que culminen sus cursos y adquieran algunas mínimas habilidades y disciplinas que les permitan enfrentar con otra actitud los desafíos del mundo que se nos viene.

Ni hablemos de la realidad universitaria. Los países más avanzados registran que un 60 o 70% de sus jóvenes terminan la Universidad. En Uruguay la cifra anda en torno al 5%.

¿Qué nos pasará, como sociedad, cuando en pocos años la robótica se haga cargo de la mitad de los empleos comunes y menos especializados? Ese desafío, entre otros que nos ofrece el mundo contemporáneo –toda la sociedad va a tener su Uber, es decir, un servicio o una tecnología que desestabilizará el trabajo tradicional– hará temblar a cualquier país, incluso a los más integrados socialmente. Pero si a ese tiempo de innovaciones Uruguay llega con la pesada carga de los desequilibrios que hemos mencionado al principio, nuestra capacidad para adecuarnos será más lenta, más pesada y finalmente, menos justa. Algunos uruguayos podrán competir y trabajar en el mundo del futuro y otros, la mayoría, seguirán rezagándose. Y la distancia será cada vez más grande. La marginalidad cultural que hoy apreciamos será multiplicada.

Estamos a tiempo de reaccionar, aunque los cambios sociales van mucho más rápido que los gobiernos. Por ejemplo –y para mencionar sólo una meta entre muchas otras que pueden plantearse– una política nacional, acordada y apoyada por todos los partidos y por lo tanto que vaya más allá de los cambios de gobierno y de las autoridades de la Anep, para luchar contra la deserción liceal, proponiendo que todos los jóvenes terminen por lo menos el ciclo básico –si es que los liceos se transforman para enseñar las cuestiones básicas– no parece ser un despropósito. Eso lo planteó el Dr. Vázquez durante la campaña electoral pero en la medida en que luego impidió que la oposición se integrara a los elencos directivos del Consejo Directivo Central de Anep, descartó la posibilidad de lograr un acuerdo nacional. La entidad del desequilibrio social es de tal gravedad que es posible que ahora no prevalezcan los exclusivismos y que se diseñe y aplique una política de Estado.

Y esa –recuperar a los desertores y mantenerlos en el sistema educativo– sería la mejor política social que el país puede aplicar.



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