En el Parlamento se discute la eliminación del comisionado parlamentario, cargo que ocupara el Dr. Alvaro Garcé con reconocido equilibrio y espíritu de justicia. Sin duda, significó un efectivo avance en materia de derechos humanos, esa disciplina tan valiosa y tan tergiversada por muchos de sus presuntos cultores.

Como fue valioso, justamente, el Frente Amplio está en contra del cargo. Durante años fue su bandera, como el Defensor del Vecino en materia municipal. Pero bastó llegar al gobierno para que ya esos cargos no le sirvan, o los quieran diluir hasta el desvanecimiento. Es lo que están intentando ahora con el Comisionado. No quieren más que alguien observe, aunque sea tan ponderado como lo fue el Dr. Garcé. Así como rechazan toda comisión parlamentaria de investigación, no están dispuestos a ser controlados y ello debe decirse con toda claridad.

La propuesta frentista de eliminar el comisionado y trasladar sus competencias al Instituto de Derechos Humanos es un claro intento de barrer un cargo que, al ser provisto por una mayoría de tres quintos de la Asamblea General, no le permite al oficialismo poner un simple monigote. Un instituto con predominio oficialista, será simplemente un saludo a la bandera.

Una vez más, queda al desnudo la doble faz del Frente Amplio: los derechos humanos son buenos para unos y malos para otros. Los presos, por lo visto, son ciudadanos sin derecho a esa mínima garantía.

*****

En las difíciles elecciones departamentales, el Partido Colorado estuvo representado, en todo el país, por dirigentes respetabilísimos, a quienes debemos eterno agradecimiento. Personalmente los votamos y alentamos a todos en cuanto estuvo a nuestro alcance. Desgraciadamente, al margen de las autoridades se dio un numero muy grande de acuerdos, sobre los que se discute ahora si caben o no sanciones partidarias a sus responsables. Se trata de un delicado asunto, que cabe mirar a partir de la comprobación de que no son figuras aisladas quienes están en esa situación. Se trató de un cambio profundo en la geografía política. Cuando se trata de tantos casos y de tanta gente, está claro que el tema no está en la transgresión individual sino en el partido mismo, en su estrategia, en sus mecanismos de conducción y organización. Desgraciadamente, no estamos ante la excepción sancionable sino ante una situación política que va mucho más allá y requiere una mirada seria sobre la institucionalidad y su conducción. Personalmente, no creemos que un proceso de antropofagia ritual, en que nos comamos los unos a los otros, mejore lo que tenemos que —entre todos, con altura e inteligencia— tratar de resolver. Nadie es dueño de toda la verdad y si se trata de mirar hacia el futuro, hay que construir. La gente dirá luego a quiénes le cree más.

*****

El doctor Miguel A. Semino planteó en una carta a “Búsqueda” la situación de los musulmanes que reclaman el derecho a enterrar directamente en la tierra, lo cual no está hoy permitido por nuestra legislación.

Son los primeros casos que nos aparecen de colisión entre la libertad religiosa de nuestra Constitución y un mundo musulmán que se basa en valores muy distintos a los nuestros. A nuestro juicio, la situación es clara: si hay una norma de orden público, basada en razones de higiene, ella predomina sobre el derecho particular de un grupo religioso. Antiguamente, se inhumaba en las iglesias, y Carlos III, a fines del siglo XVIII, prohibió esa práctica y ordenó que los cementerios estuvieran en lugares “ventilados”. Así se hizo y así deberá seguir haciéndose.

Desgraciadamente, el tema musulmán va a dar mucho que hablar. El único problema que no teníamos, ya nos llegó también.