Correo de los Viernes

Demagogia

Por Luis Hierro López

Ante un auditorio orquestado y propicio al aplauso, el Presidente de la República anunció una reforma jubilatoria de la que se desconoce su costo.

Las tomas televisivas fueron elocuentes. El Dr. Vázquez salió deliberadamente del edificio de la Presidencia para encontrarse con un grupo de cincuentones que lo esperaban en la calle, junto a algunos dirigentes sindicales y al delegado de los trabajadores en el BPS. El Presidente hizo, emocionado, el esperado anuncio de que se dará a los reclamantes la libertad de que puedan jubilarse por las Afaps o por el BPS. El auditorio escuchó también emocionado. Hubo quienes lloraron. Besos entre los trabajadores y el Presidente. Final feliz.

¿Feliz? No lo sabemos, porque no se conoce aún el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo. Aparentemente se basa en la propuesta del director del BPS en nombre de los trabajadores, Ramón Ruiz, estableciendo en general el derecho de los cincuentones a optar ahora por un sistema u otro. Esa idea es diferente a la propuesta que hizo el diputado Conrado Rodríguez en el sentido de ir caso por caso al momento de la jubilación, lo que permitiría precisar y ubicar tanto la mejor conveniencia de cada trabajador como también los costos de la operación. Si se aplica el plan sugerido por el diputado Rodríguez, es muy posible que algunos o muchos de los aspirantes opten por seguir en las Afaps, beneficiándose por una posible mayor rentabilidad de las mismas en el futuro, lo que redundaría en que el Estado tenga que destinar menos recursos.

El pasaje de los cincuentones al BPS se haría con aportes de las Afaps, que contribuirían con unos 1600 millones de dólares. Pero esa financiación se terminará pronto y no se sabe el costo definitivo del cambio, estimado en U$S 200 por año. Como los gastos seguirán por muchos años, hay quienes lo calculan en U$S 2.600 millones en total. Por lo que, sin desconocer los derechos de los involucrados, es claro que la solución es en todo caso costosa para el resto de los uruguayos.

El tono electorero con que lamentablemente se manejó el asunto en la Presidencia, indica además que se actúa con el propósito de atacar a las Afaps. El matutino la diaria sostiene que hubo una puja entre los ministros Murro y Astori y que la solución victoriosa es, obviamente, la de Murro, un antiguo y militante enemigo de las Afaps, como lo ha sido la mayoría del Frente Amplio y el movimiento sindical. Desde la fallida recolección de firmas para hacer una reforma constitucional que anulara el nuevo régimen, en 1999; pasando por varios proyectos de ley, han sido repetidos los intentos derogatorios. A la vez, en diversas oportunidades, algunos voceros frenteamplistas plantearon que era factible utilizar los fondos, que son únicamente de los trabajadores, para otra finalidad no jubilatoria.

Mientras tanto, el BPS arrastra un déficit cercano a los U$S 500 millones por año y se calcula que en 2017 cerrará con un desnivel de más de U$S 560 millones, excesos provocados en buena medida por la ley de 2008 que promovió una flexibilización de las condiciones para obtener las jubilaciones, por lo que miles de personas, tentadas por la posibilidad de confirmar sus servicios laborales a través de testimonios, se acogieron a la nueva norma. En esta última ocasión, quince mil mujeres se jubilaron invocando su maternidad un extremo que había establecido una ley de 1941 y que fue derogado en 1995.

Todos estos antecedentes hacen pensar que las cuentas del BPS seguirán desajustadas, por lo que no estamos lejos de que algún iluminado proponga expropiar los fondos de los trabajadores afiliados a las Afaps para sostener ese déficit. Se trataría de un atentado, pero no sería inverosímil en un país cuyo gobierno desconoce leyes y sentencias judiciales y no paga sus obligaciones, como ocurre con los aumentos a los funcionarios judiciales. Lamentablemente, en el Uruguay de hoy todo es posible.