El ministro de Interior, Eduardo Bonomi y el subsecretario Jorge Vázquez van a terminar su gestión en forma indignante: escabulléndose otra vez de la prensa y de la opinión pública, a las que fueron incapaces de enfrentar ante la ola de ataques a la Policía y el nuevo rebrote delictivo. Al final, Bonomi apareció y algo dijo, tras un mes y medio largo de ausencia. Durante sus diez años como ministro, no hubo una sola oportunidad en la que Bonomi asumiera una responsabilidad o reconociera un error. Fue un triste campeón del tradicional deporte uruguayo de echarle la culpa a los otros. Ocultó mientras pudo las cifras reales del delito y mintió cuantas veces pudo.

Hasta el momento de escribir estas líneas y en el plazo que corre de este año, hubo por lo menos 13 asaltos violentos a policías -en un escenario que permite contabilizar 70 incidentes con funcionarios del orden- varios de ellos con resultado mortal. La requisa de armas y de chalecos sería la explicación de esta nueva modalidad delictiva, promovida por bandas de narcos que no sólo quieren el armamento y los equipos sino la imposición del miedo. Tanto el señor Bonomi como el hermano del presidente Vázquez han mantenido una actitud de ausencia ante esa cadena de desgracias que ha conmovido al cuerpo policial. No concurrieron ni al velorio ni al entierro de uno de los caídos. No saludaron a sus familiares ni a las autoridades policiales, escondiendo sus miserias.

Ante ello, el futuro ministro ha mostrado la actitud contraria. Fue, solo, sin ninguna compañía, al sepelio del policía César David Texeira, asesinado mientras circulaba en su moto por la ruta 5. Reunió a los futuros jefes de Policía y les trasmitió órdenes sencillas y claras: dar la cara, ocupar el territorio a través de un despliegue completo de funcionarios y de patrullaje; y obtener y transparentar los resultados. La autoridad no se negocia, dijo, sino que se ejerce. Lo que hizo el dirigente blanco es lo mismo que yo habría hecho, desde mi experiencia, de estar en su lugar, por lo que su actuación me trasmite tranquilidad y confianza.

Es enormemente difícil el desafío que tiene el nuevo ministro y el gobierno de coalición en lo que refiere a la seguridad pública. La huida del gobierno -ordenando a los policías que se retiren de los lugares peligrosos y que sólo circulen por sitios seguros- y el notorio avance del narcotráfico con sus secuelas de violencia y corrupción, redobla las exigencias y potencia los problemas. El Frente Amplio deja una Policía desorganizada, desarmada espiritualmente y en retirada. La actuación de las bandas es contundente y todas las mañanas nos levantamos con alguna noticia de sus crímenes. Las cárceles están por explotar y no hay rehabilitación posible en las condiciones de indisciplina, connivencia con el delito y corrupción en las que viven los presos. Para colmo, el Estado no pone límites a la cultura del delito y la muerte, que ha crecido a la par que la violencia callejera y familiar. El escenario no puede ser peor.

Ante ello, es necesario que el Ministerio de Interior y la Policía den señales claras, impongan la autoridad y se manejen con coraje republicano y transparencia. Es necesario que el ministro sea responsable y de la cara. Larrañaga empezó por ese camino.