La Justicia determinó penas de prisión común, domiciliaria, multas en UR e inhabilitación para ocupar cargos públicos a los involucrados, de acuerdo a su condición (funcionarios públicos o no) y su responsabilidad individual en uno o varios de los delitos comprobados.

La figura más conocida, y cabeza de esta sociedad delictiva, era el exalcalde Alfredo Sánchez, quien fuera electo en 2015 y reelecto en 2020, por una de las listas del Intendente Dr. Carlos Moreira, quien está cursando su cuarto mandato al frente de la comuna coloniense.

También la integraban su pareja, su hija (Concejal y suplente de Sánchez), su hijo (Edil titular de la Junta Departamental), su secretaria (y funcionaria municipal), un exinspector de Higiene de la IC (que ya estaba sumariado por coimas), un empresario (beneficiario de obras mal adjudicadas), y otras dos personas (operadores políticos en la red de favores y prebendas) que dispensaba aquel para su beneficio personal y político.

Esta organización funcionaba al menos desde 2018, cuando un particular realizó la denuncia a la Fiscalía, la cual inició inmediatamente la investigación coordinada con la Jefatura Departamental de Policía, que permitió reunir las pruebas para sustanciar los procedimientos y las sentencias.

Resulta evidente que esta indebida utilización de los recursos públicos, le permitió a Alfredo Sánchez reunir los 650 votos necesarios para su elección y reelección. Sus métodos clientelísticos parecen los de otras épocas de la política uruguaya: el exalcalde tenía una libreta con los nombres y apellidos de todos los vecinos a los cuales había hecho favores con los recursos municipales -materiales de construcción, maquinaria e incluso funcionarios, canastas de alimentos, pasajes de ómnibus, trámites, y un largo etcétera- para exigirles luego el voto.

La pregunta es obvia: ¿sólo una persona, el particular denunciante, sabía de estas prácticas corruptas, que datan de años? En una localidad de sólo 4.000 habitantes como Florencio Sánchez, esto resulta muy difícil de creer. Muchos vecinos manifestaron que esto era "un secreto a voces".

¿Qué pasó con los controles que debían ejercer la Intendencia y la Junta Departamental -art. 18 de la Ley 19.272, de Descentralización y Participación Ciudadana?

Esta importante ley, que creó los Municipios en 2009, obliga, entre otras cosas, a la presentación pública de una Rendición de Cuentas del Gobierno Local en cada ejercicio anual.

Pues bien: como todo hecho puntual, el "Florencio Sánchez Gate", posee su contexto político.

Alfredo Sánchez integraba una de las listas que sumó votos para la reelección del Intendente blanco Carlos Moreira en 2020. Y el Partido Nacional ha gobernado Colonia desde 1954, ininterrumpidamente (con el único paréntesis de la dictadura: 1973-84).

De esta manera, son más de 6 décadas sin rotación de partidos en el Ejecutivo, cuyo lema ganador, tiene además por ley, la mayoría automática de 16 Ediles en el Legislativo Departamental.

Asimismo, desde las elecciones de 2010 (primera elección municipal) los nacionalistas han ganado la totalidad de los 11 Municipios del Departamento; el P. Colorado tiene actualmente 2 Concejales; en Miguelete y La Paz; el Frente Amplio ha obtenido varios Concejales, aunque tampoco ningún Alcalde. Colonia es un caso de hegemonía de un partido en el poder, con las evidentes ventajas que posee este hecho en el manejo de los recursos públicos para perpetuarse.

Inmediatamente a la noticia de los procesamientos, el Intendente ha sido citado a Sala por la Junta Departamental, y este ya ha manifestado su voluntad de comparecer. ¡Enhorabuena!

"El pueblo quiere saber de qué se trata".